Martxoak 3 denuncia la incoherencia del Gobierno español en materia de memoria histórica
El Gobierno español ha reconocido por primera vez ante una instancia internacional -Unión Europea- la desprotección legal de las víctimas de franquismo. A pesar de ellos, las víctimas del 3 de Marzo y CEAQUA recuerdan que el PSOE votó en el Congreso de los Diputados en contra de modificar la Ley de Amnistía.
Martxoak 3 Elkartea, miembro integrante de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, se encuentra tramitando una petición ante la Comisión competente del Parlamento Europeo, en la que se denuncia la política de “impunidad” del Estado español y el consiguiente “abandono y desprotección” del Estado español en relación con las decenas de personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz y por extensión de todas las víctimas de la dictadura franquista.
De hecho, en el mes de julio de 2018 varios representantes de Martxoak 3 Elkartea comparecieron ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para explicar la situación y solicitar que desde la Unión Europea se adoptaran las medidas oportunas para que el Estado español modificara la “política de impunidad mantenida hasta la fecha”.
Pues bien, según explica la propia asociación, en el marco de la petición antedicha, el Gobierno español, a requerimiento de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, envió una nota por medio del Ministerio de Justicia (Dirección General para la Memoria Histórica), con fecha de 30 de abril de 2019. En ella, se explica que después de afirmar que en relación con la orden de detención de los imputados por el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires –causa en la que se investigan los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista- la citada Dirección General carece de capacidad legal de acceso a un asunto judicializado.
Además, se reconoce en dicha carta la “desprotección de las víctimas de la dictadura franquista” indicando que es “propósito del Gobierno avanzar en propuesta de reformas legales que permitan dar amparo legal a la mismas”.
“Un pequeño avance”
En relación con las cuestiones mencionadas anteriormente, Martxoak 3 Elkartea recuerda que las órdenes internacionales de detención cursadas por la autoridades judiciales argentinas para que se procediera al arresto de los imputados en la causa penal citada con fines de extradición, fueron inejecutadas por el Gobierno español tanto en el año 2013 como en el año 2014, incumpliéndose de esta forma el Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal firmado entre la República Argentina y el Estado español.
“Si bien nos parece un pequeño avance que por primera vez el Gobierno español reconozca ante una instancia internacional la absoluta desprotección de todas aquellas personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista, es evidente que hasta la fecha no se ha aprobado reforma legal alguna que suponga y represente un reconocimiento efectivo de los derechos que asisten a las víctimas: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, lamentan.
Conviene recordar también que en el mes de marzo de 2018 –dos meses antes de acceder al Gobierno-, el PSOE votó en el Congreso de los Diputados en contra de modificar la Ley de Amnistía y tampoco ha implementado medida efectiva alguna durante este último año para revertir la situación de impunidad mantenida en relación con la falta de investigación y enjuiciamiento de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista.
Por todo ello, desde CEAQUA y Martxoak 3 Elkartea han querido dejar constancia que resulta necesario e imprescindible que desde las instituciones de la Unión Europea se exija al Estado español el “cese inmediato de las políticas de impunidad” mantenidas hasta la fecha, la tramitación de forma inmediata de las reformas legales precisas para el reconocimiento efectivo de los derechos que asisten a las víctimas de la dictadura franquista y que, en definitiva, se articule un sistema integral de protección a la mismas en el que en ningún caso se excluya uno de sus elementos nucleares como es el acceso con todas las garantías a la Administración de Justicia por parte de todas aquellas personas y familiares que sufrieron graves violaciones de derechos humanos.
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