El Gobierno de España se agarra al “Consejo de Ministros (artículos 4 y 7 de la Ley 9/1968)” para no desclasificar lo documentos del día en el que la policía acabó con la vida de cinco trabajadores en Gasteiz.

Era el 19 de abril de 2018. El senador de EH Bildu en el Congreso español, formulaba una batería de preguntas al Gobierno español respecto a la masacre del 3 de Mrazo de 1976 en la que cinco trabajadores fueron asesinados por la policía y más de un centenar resultaron heridas. Entre esas preguntas, dirigidas al Gobierno de Mariano Rajoy, una por encima de todas: ¿Estima el Gobierno desclasificar los documentos oficiales sobre la matanza del 3 de marzo de Vitoria-Gasteiz en 1976?

Además, añadía: De ser una respuesta negativa, ¿cuál es la razón de no desclasificar documentos de hace 42 años que ayudarían a esclarecer los hechos ocurridos aquel fatídico día?

Con cinco meses de retraso, pero el Gobierno ha contestado cuando Pedro Sánchez ha cumplido 100 días en La Moncloa. En una carta oficial firmada el 6 de septiembre de 2018, la respuesta del Gobierno de España ha sido la siguiente: En relación con la pregunta formulada, se informa que la desclasificación de documentos es una competencia exclusiva del Consejo de Ministros (artículos 4 y 7 de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales).

Sin seguir el camino de su hermano pequeño en la CAV

El PSOE, por lo tanto, no ha querido seguir el camino que comenzó su hermano pequeño en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Y es que, en marzo de este mismo año, pocos días después del 42 aniversario de la masacre, el Parlamento Vasco reclamó, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, que el Gobierno español “desclasifique” los documentos oficiales existentes en torno a la matanza del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz.

En dicho pleno, también se aprobó una enmienda que “aplaude y apoya” las iniciativas que puedan adoptar las víctimas para lograr su “reconocimiento y reparación”, ya sea a través de la fórmula de la jurisdicción universal o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta enmienda también fue apoyada por todos los grupos, salvo el PP.

La parlamentaria del PSE-EE Rafaela Romero afirmó que hay que adoptar medidas para que las víctimas del 3 de marzo de 1976 puedan ver satisfechos sus derechos a “la verdad, la justicia, el reconocimiento y la reparación“, por lo que mostró su apoyo a las actuaciones que puedan plantear ante organismos internacionales.