Kaleratzeak Stop Desahucios y Chaymae han comparecido ante la prensa este 6 de mayo para denunciar una nueva injusticia. El pasado mes fueron desahuciados Chaymae y sus tres hijos de la Vivienda de Protección Oficial, ubicada en el Bulevard de Salburua (Gasteiz), en la que residían desde el 2016. Según informa Kaleratzeak Stop, “Los únicos ingresos de Chaymae eran la RGI de 800 €, mas 200 € de pensión por los hijos. La renta de alquiler era de 570€. Al ser la vivienda de protección oficial no tenía derecho a ninguna ayuda para los gastos de vivienda. CATELLA-VITALQUILER en pleno confinamiento ni condonó renta a Chaymae ni facilitó la moratoria de su pago, demandando judicialmente su desahucio sin miramientos por problemas de pago”.

Reclaman que el Gobierno Vasco “tiene la obligación de vigilar que en estas viviendas, que han sido financiadas con dinero público, y son de alquiler protegido, y no quepan los abusos como exigir de fianza 3.500 € mas una mensualidad, o los desahucios de familias vulnerables, o el incumplimiento de las normas, y mucho menos que las rentas de alquiler mas gastos de vivienda consuman más del 60% de los ingresos”. Así como también “tiene la obligación de garantizar que el convenio de colaboración con juzgados y ayuntamientos para detectar personas vulnerables en riesgo de desahucio se cumpla”.

En la concentración convocada en la Plaza Amárica, daban a conocer el modo en el que fué desahuciada la familia: “el abogado de Chaymae le informó que no se había aceptado su recurso pero no de que ese viernes la iban a desahuciar. Puesta en contacto con la trabajadora social del barrio ese mismo día, esta le informó que era su primera noticia y que el Juzgado no les había comunicado nada, a pesar de su obligación de hacerlo de oficio. Sorprendida Chaymae en su piso por la policía y la comitiva judicial apenas pudo coger lo más imprescindible. En el piso quedaron libro de familia, convenio regulador, y otros documentos que no pudo presentar a tiempo en LANBIDE por lo que este organismo le ha comunicado que quizás le suspenda la RGI. Cuando se presentó en CATELLA-VITALQUILER para que le permitieran entrar en el piso a por sus pertenencias quisieron aprovecharse de su situación exigiéndole un depósito de 1.000 euros, a pesar de que tenían una fianza de mas de 4.000 euros que le dijeron no iban a devolver”.

Terminan denunciando que detrás de los desahucios hay personas, “en demasiados casos mujeres y menores, que sufren las consecuencias de unas administraciones que no funcionan bien y de unos propietarios a quienes sólo les interesa sus beneficios y no las personas”.