Que el TAV es el proyecto faraónico más caro, fraudulento, lento e inútil de la historia de las infraestructuras planificadas en Euskal Herria, es un secreto a voces. Que la Administración Vasca esto es, el Gobierno Vasco con sus diferentes gestores al frente, involucrados en este proyecto, que van desde el Gobierno Ibarretxe del PNV, pasando por el Gobierno de Patxi Lopez PSE, y desembocando en el Gobierno de Iñigo Urkullu PNV, esquiva continuamente sus responsabilidades de las variadas denuncias en diferentes ámbitos y aspectos relacionados con su ejecución, el algo constatable y evidente. Estas denuncias, solo salen a la luz en determinados medios de comunicación y en letra pequeña. Recogemos en Hala Bedi el análisis de Adi! elkartea al respecto.

De las múltiples denuncias presentadas, por temas medioambientales, de adjudicaciones sospechosas, de millonarios sobrecostes, de condiciones laborales de ejecución tercermundistas, … vamos a pararnos en una reciente, que ha pasado a hurtadillas por los medios de comunicación, y que creemos que es el ejemplo de una gestión pactada por el Gobierno Central y el Gobierno vasco con sus diferentes inquilinos. Los hechos denunciados tienen todos los condimentos que visualizan, una gestión de lo publico de forma partidista y parcial, con objetivo de favorecer económicamente a los diferentes partidos de la casta vasca, que se alternan en el poder, pero que respetan sus pactos entre bambalinas. Se aplican los mismos modelos de gestión, para beneficiarse todos ellos del dinero público, vendiéndonos posteriormente una vez repartido el botin, lo beneficioso de las inversiones y de sus proyectos, con los argumentos habituales utilizados en estos casos, esto es, el desarrollo, las inversiones y su impacto en el paro, la modernidad, los avances, Europa, … El paradigma es evidente, utilizando los fondos públicos, sacan un proyecto millonario, se informa a las empresas afines del mismo, para ir preparando los condicionamientos, se adjudican mediante valoraciones subjetivas, y se reparten el botín. En el caso del TAV, la sospecha de reparto entre empresas afines al gobierno español algunas de ellas aparecen en los papeles de Barcenas FCC, Ferrovial, Acciona, Sacyr o Dragados. OHL, OSSA, Corsan Corvian… y empresas que repiten en contratos millonarios del Gobierno Vasco Moyua, Balzola, Murias, Campezo Construcciones SAU, Amenábar, Altuna y Uría, Tecsa, Viuda de Sainz, …, se torna en evidencia.

Aportando datos públicos y publicados el proyecto de Alta Velocidad en Euskal Herria comenzó en octubre de 2006, la que es la infraestructura más costosa y colosal jamás levantada en Euskadi. Según las estimaciones a día de hoy, el sobrecoste de todo el proyecto alcanzará los 2.000 millones de euros. 

Los cálculos económicos se han quedado obsoletos y se calcula que la factura rebasará los 6.000 millones de euros, frente al presupuesto previsto de 4.178 millones de euros. Adif reconoce que 11 túneles ya ejecutados deberán ser actualizados con nuevas galerías de evacuación después de haber sido construidos de acuerdo a la normativa de seguridad fijada por la UE en 2008 y que fue actualizada en 2015. Lo que supondrá la necesidad de más tiempo, más dinero, más afecciones ambientales… El nuevo pacto PP-PNV de mayo de 2017, volvía a plantear una nueva planificación que finalizaría en el 2023, siempre que las previsiones y estimaciones de ejecución, no vuelven a fallar. 

Un ejemplo reciente relacionado con el TAV, que demuestra por una parte la connivencia juridico-politica, la malversación de fondos, el amiguismo en las contrataciones públicas, el desvio del dinero de las arcas públicas para fines partidistas (quizá la financiación de los partidos políticos), la concepción y prácticas de utilización de responsabilidades políticas para beneficio privado… en definitiva el modelo de gestión actual puesto en práctica por los políticos sean vascos y/o españoles, no se dirige al beneficio común, a satisfacer las necesidades básicas de la población, sino a su lucro personal y partidista.

Como decimos, el pasado mes de marzo del presente año, se presentó una denuncia a la fiscalía de Alava, referida al TAV. La denuncia que motivó esta investigación, según publicaron diferentes medios de comunicación, venía acompañada de una memoria USB que contenía cinco horas de grabaciones de audio en las que se aludía no sólo a sobrecostes por irregularidades en las certificaciones de obra, sino también a sobornos y al pago de comisiones vinculadas presuntamente a las adjudicaciones para la construcción de la alta velocidad vasca.

La denuncia venia referida a la gestión del tramo Beasain Este, proyectado en el año 2000. El concurso para su adjudicación se inició al final de la legislatura 2005-2009, la última de Juan José Ibarretxe (PNV) como lehendakari, la adjudicación, sin embargo, la firmó el socialista Iñaki Arriola PSE. Se trata de un trazado de 2.158,59 metros de vía doble, orográficamente no fue muy complicado. Sin embargo, es uno de los tramos con mayor sobrecoste. En total, hay un 23% de diferencia entre el precio al que se contrataron las obras a Dragados, Iza, Ossa y Campezo (44,58 millones) y el precio final (55,19 millones). El desvío es del 16% si se toma en consideración el precio de salida del concurso (47,33 millones). Información oficial de ETS muestra que la subida del IVA producida en aquellos años sólo causó un sobrecoste de unos 0,6 millones, mientras que las revisiones de precios y la liquidación final supusieron más de 10 millones de euros de más.

Tras más de medio año de investigación secreta, la Fiscalía de Álava, apoyada por la Ertzaintza y por la Guardia Civil, tipificó el pasado mes de marzo como un posible caso de “prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial” el millonario sobrecoste registrado en las obras de construcción del tramo Beasain Este de la ‘Y vasca’, terminadas hace ya un lustro.

Estos trabajos tuvieron un sobreprecio del 16% respecto al presupuesto original y del 23% respecto al precio de adjudicación del contrato a la UTE compuesta por las empresas Dragados, Iza, Ossa y Campezo.

Sin embargo, la fiscal jefe de Gipuzkoa, Idoia Zuriarrain, archivó la causa el 24 de abril de 2017. Paso a manos de la fiscal Gipuzkoana a desarrollarse en este territorio los hechos denunciados.

En la denuncia se hacía alusión, fundamentalmente, a tres tipos de irregularidades económicas. Se mencionaban, en primer lugar, pagos por valor de 5,8 millones de euros (sin IVA) que la Administración adelantó a las empresas contratistas para la adquisición de maquinaria y para el acopio de materiales. Se trata de una práctica totalmente legal y habitual, pero la investigación mostró que en algunos casos se trató de operaciones “ficticias”.

La más llamativa hace referencia a una “central de hormigonado móvil” valorada en 550.000 euros y que las constructoras aparentemente querían instalar en Beasain. Ni el Ayuntamiento recibió nunca ninguna solicitud de autorización para esa instalación ni se construyó nunca. La propia consejera de Transportes, Ana Oregi, reconoció por escrito que “dicha central no fue instalada”.

Este caso evidencia de forma práctica, la sintonía entre la judicatura y la clase política que nos Gobierna, la nefasta utilización de las arcas públicas para beneficio privado, que la actual conformación de las instituciones, legitima y perpetua en el poder a los mismos de siempre, todo ello sin entrar a valorar la inutilidad del TAV por sus costes económicos, medioambientales, y sociales.

La gestión de la Comunidad Autónoma Vasca, ni es tan diferente a la del estado español, no existe el pretendido “oasis vasco” frente a las prácticas corruptas en el estado, ni es tan diferente en los modelos de gestión de las administraciones públicas. La apropiación de bienes públicos, para proyectos ejecutados, y en muchas ocasiones previamente pactados, para las empresas “amigas”, a cambio de… En definitiva la utilización de las arcas públicas para el beneficio privado, que indirectamente, retornará en parte a los gestores y/o partidos políticos, que aprobaron y tramitaron estos contratos, sin importar mucho las presuntas diferencias ideológicas. Los pactos entre bastidores a través de empresas, gabinetes, etc., es una constante que está desviando fondos públicos para beneficio privado.

La ciudadanía no podemos permanecer pasivos ni permitir estas tropelías, cuando caen sobre nuestras espaldas las consecuencias económicas, sociales y políticas, de crisis económicas debidas fundamentalmente por la mala gestión de lo público, de las actuales elites políticas, gestores del sistema.