Nada más conocerse la noticia de la cuarta muerte en lo que llevamos de año en la prisión de Zaballa, Salhaketa ha querido salir al paso y denunciar los hechos. En una nota, ha recordado que las muertes en la cárcel de Zaballa se elevan a uno por mes en lo que va de año, el segundo en abril y un total de 77 personas muertas en diversas cárceles del estado en apenas cinco meses, uno cada dos días.

Según denuncian, Instituciones Penitenciarios no les ha facilitado ninguna información y la familia aún no se ha puesto en contacto con Salhaketa. “Una nueva tragedia evitable y silenciada, que engrosa las macabras cifras de una persona muerta en prisión cada dos días, la mayoría jóvenes que aparecen muertos por motivos no naturales. Este hecho luctuoso, no notificado por el Ministerio de Interior, representa una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles tal y como hemos venido denunciando”.

Han aprovehado para denunciar la “sistemática política de ocultamiento” de estas muertes de las que no se facilita ningún tipo de información pública, “como parte de la estrategia de impunidad ante las muertes no naturales que está acabando con la vida de estos jóvenes, en el seno de instituciones públicas con las que mantienen una relación de sujeción especial y cuyo derecho a la salud y a la vida depende única y exclusivamente de las mismas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ocultan estas muertes? ¿Por qué no se exigen responsabilidades o al menos se investigan? ¿Ocurriría lo mismo si las víctimas fueran otras? ¿Se pueden tolerar impunemente estas muertes en el seno de una institución del estado como es el sistema penitenciario?”, se preguntan.

En este sentido, se han sentido preocupados por la nula iniciativa de actuación por parte de las autoridades políticas y judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de estas muertes. “Esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente.”

Una vez más, preguntan a la Dirección General de Prisiones, al Ministerio de Interior y al Gobierno cómo va a terminar con esta situación.  Para acabar con estas muertes, reclaman medidas concretas tales como que el Ministerio Fiscal no se inhiba e investigue siempre de oficio estas muertes la mayoría de ellas en extrañas circunstancias, tal y como le corresponde, para el esclarecimiento de las circunstancias y motivos las mismas, con el fin de depurar las responsabilidades políticas, administrativas y penales que se desprendan de estos hechos.

Además, piden que las direcciones de las prisiones informen con imparcialidad a las familias y no se limiten a buscar que se incinere el cadáver para poder evitar autopsias posteriores que esclarezcan las circunstancias en la que se han producido las muertes.

Para finalizar, exigen la “inmediata excarcelación”, tal y como contempla la ley, de las personas presas gravemente enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción al suicidio. “Estas personas necesitan unos cuidados y un seguimiento médico incompatibles con la cárcel que en muchas ocasiones es genera problemas de desequilibrio y enfermedad mental”.