El antiguo alcalde Gasteiz será investigado por “prevaricación y malversación”. En este análisis adjuntamos la lectura de Adi! Ustelkeria Stop sobre FCC y cómo les “siguen saliendo las cuentas”.

Un juzgado de Gasteiz ha puesto en el punto de mira a Javier Maroto, antiguo alcalde de Gasteiz del PP que fue expulsado del Ayuntamiento tras una gran oposición de la sociedad gasteiztarra. Dicho juzgado ha iniciado una investigación acusándole de “prevaricación y malversación” en la compra de dos camiones de recogida de basuras.  Dicha compra se hizo por parte del Ayuntamiento durante la etapa como alcalde del actual vicesecretario de Política Social del PP en España. 

La investigación tiene su origen en una denuncia de la fiscalía de Araba: se trataría de la compra de dos vehículos que costaron más de 660.000 € (sin incluir el IVA). La denuncia viene por el desorbitado precio de los camiones: resultó considerablemente superior al de otros camiones similares -incluso iguales- comprados en otros municipios. Vehículos que fueron adquiridos en 2005, cuando el contrato de limpieza con la empresa FCC se encontraba en periodo de prórroga. 

La denuncia que llegó a la fiscalía de modo anónimo se estudiará y se determinada si “tiene o no fundamento”. En la actualidad, se está analizando si la compra de los camiones de recogida de basuras, efectuada en 2005, durante el mandato de Maroto como alcalde, pudo constituir presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. 

A la mafia de FCC en Gasteiz le siguen saliendo los números con la basura

Hace medio año, ADI! Ustelkeria Stop publicaba este análisis sobre la situación de la gestión de FCC en Gasteiz. Un artículo escrito en la coyuntura de una posible huelga de trabajadoras de FCC que no ha perdido actualidad.

Ante la primera convocatoria de huelga de los trabajadores de la contrata de limpieza, la UTE compuesta por FCC y una filial de la constructora vizcaína Viuda de Sainz S.A., reconoció públicamente que “no pueden cumplir con lo firmado”, llegando a dar incluso una cifra de pérdidas anuales en la contrata de 3,1 millones de euros al año. La realidad sin embargo es que la UTE realizó una oferta económica a la baja de forma consciente para asegurarse volver a adjudicarse este suculento contrato público. En el mundo de esos negocios nadie está para perder dinero, y menos estos tiburones devoradores de contratos públicos millonarios. En este caso, estamos hablando del segundo contrato más caro que tiene suscrito el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solo superado en cuantía por el alquiler de las oficinas del nuevo Ayuntamiento en San Martín (30 millones anuales se pagan a una UTE de constructoras donde figura, entre otras, la del actual presidente de CONFEBASK).

El segundo contrato más oneroso para las arcas municipales se adjudicó con una oferta a la baja a la misma empresa matriz que consiguió la adjudicación en oscuras circunstancias en el año 2006, de la mano del equipo de gobierno presidido entonces por Alfonso Alonso (PP). El mismo equipo de gobierno que el actual alcalde Gorka Urtaran ha habilitado de facto para la gestión pública, al no recurrir la sentencia absolutoria del Tribunal de Cuentas por el caso San Antonio ante el Tribunal Supremo (en efecto, la sentencia era perfectamente recurrible y una decisión netamente política, que no jurídica, del actual regidor del PNV, es la que le ha dado carpetazo al #alquilerSan Antonio en la vía contable).

 En el proceso de adjudicación de la contrata de la limpieza viaria en la capital alavesa, existen una serie de claroscuros tanto en 2006 como en 2015, resultando en ambos casos beneficiada la misma empresa de la mano de equipos de gobierno del Partido Popular. No es desdeñable apuntar que el propio expresidente (ahora) de FCC admitió haber realizado donaciones a la caja B del Partido Popular.

 Es público, que en 2006, en un hecho sin precedentes para la época en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, las reuniones de la mesa de contratación se celebraron a puerta cerrada en el despacho de Alfonso Alonso sin que el resto de formaciones políticas pudieran participar. También ha transcendido que FCC manejó información privilegiada filtrada por el propio Ayuntamiento. Una alta funcionaria del mismo facilitó previamente información y datos internos a varios directivos de FCC, con los cuales intercambió a posteriori, una vez que dicha empresa se hizo con la adjudicación, diversos correos electrónicos donde se podían leer expresiones que provocan sonrojo, verbigracia: “(…) «Gracias a todos y ¡enhorabuena!» (…) «todo está montado para que salga todo bien y ha existido una buenísima colaboración por todos y un gran trabajo». «¡Somos un equipo por un objetivo común!». Asimismo, la mujer del único funcionario municipal que participó en la adjudicación con peso específico en la evaluación de las ofertas, fue contratada por FCC poco antes de que la empresa obtuviera la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Sin olvidar el paso a la empresa privada de José Antonio Pizarro, teniente de alcalde con Alfonso Alonso, para crear una empresa de asesoramiento medioambiental, cuyo único cliente resultó ser FCC, a la que asesoró de cara a la adjudicación de dicho contrato, además de ser el gran valedor de la compañía para que FCC se hiciera cargo de más funciones “medioambientales” cobradas al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Un hermano de José Antonio Pizarro también fue contratado como responsable del Reutilizagune, un centro vinculado a la contrata de la limpieza de Vitoria-Gasteiz gestionado como no, por FCC. Todo muy green por lo visto.

Pero los claroscuros no terminaron con la adjudicación. La gestión de la contrata, el cobro de trabajos extras, el cobro de trabajos no realizados, en definitiva, el descontrol sobre lo que se adjudicó y lo que en realidad se pagaba desde las arcas municipales era absoluto, a mayor gloria de la que a la postre fue bautizada como “European green capital”. Como muestra de este descontrol, pulsen este link (http://www.eaj-pnv.eus/blog/alvaro-iturritxa-velez-elburgo/cuando-basura-negocio_61_72.html) y lean lo escrito por la mano del ahora mudo Coordinador General del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, es decir, el actual responsable político de controlar la eficaz prestación de servicios de la contrata de limpieza viaria del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Alvaro Iturritxa.

 En 2015, tras años de prórroga en la contrata, pagando ya el Ayuntamiento por encima de lo que se estableció en 2006, se volvió a adjudicar el contrato público y FCC se descolgó con una oferta económica 3 millones de euros por debajo de lo que le venía cobrando al Ayuntamiento (curioso que FCC diga ahora que la contrata le está suponiendo justamente 3 millones de euros de pérdidas anuales, curioso). Y además de la rebaja en la cuantía, ofreció al Ayuntamiento asumir más servicios que los que supuestamente se realizaban en la anterior contrata. ¿Cómo es posible? ¿Con esa oferta FCC estaba reconociendo explícitamente que había estado cobrándole de más al Ayuntamiento un montón de años? ¿Que se podían hacer más servicios de limpieza por menos dinero? Leticia Comerón, concejala en la que delegó el por entonces todavía alcalde de Vitoria-Gasteiz Javier Maroto la adjudicación de la contrata, tuvo muy claro que sí desde el principio. Afirmó Comerón que FCC iba a prestar más servicios por menos dinero y por tanto íbamos a tener una ciudad más limpia por un precio más económico. Que antes se pagara más a FCC por hacer menos le daba exactamente igual. Como les ha dado exactamente igual a Gorka Urtaran, Iñaki Prusilla o Alvaro Iturritxa una vez han tomado estos las riendas del Ayuntamiento. Pelillos a la mar, que se dice. ¿Para qué van a molestarse en levantar las alfombras, para qué poner en práctica ahora que pueden, lo poco que podían hacer desde la oposición para aclarar todo lo que hay detrás de la gestión de la contrata de limpieza? El PNV no tiene voluntad ninguna ni en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ni en la Diputación Foral de Álava/Araba de hincarle el diente a ese hueso. FCC también cobra por la gestión de la planta de clasificación de envases de Jundiz, de propiedad foral, donde igualmente se han denunciado graves irregularidades en su gestión, a las que PNV-PSE-PP continúan haciendo oídos sordos. Así se protege, por ahora, a FCC en el territorio alaves.

Conviene recordar que en pleno proceso de adjudicación de la contrata de basuras en 2015, el entonces portavoz del PSOE en la corporación vitoriana Patxi Lazcoz, le dijo a Leticia Comeron en persona y ante testigos que tenía “grabaciones” que desvelaban que la edil delegada por Javier Maroto para la adjudicación del jugoso contrato, se había estado reuniendo con directivos de FCC y el anteriormente mencionado valedor de la compañía José Antonio Pizarro. El objetivo de esas supuestas reuniones no sería otro que el de amañar el pliego de condiciones con el objetivo que FCC repitiera en la adjudicación del contrato. Leticia Comerón lo negó todo rotundamente y desafió a Patxi lazcoz a hacer públicas esas grabaciones bajo la amenaza de que si no lo hacía, presentaría una querella criminal contra él. Pues ni lo uno, ni lo otro. Ni Lazcoz ha hecho públicas esas “grabaciones” ni Leticia Comeron ha presentado querella criminal alguna (entre bomberos no deben querer pisarse la manguera).

 Las elecciones municipales del 2015 llegan con todo atado y bien atado para FCC, daba igual quien las ganara, la compañía ya tenía asegurados otros ocho años más de prestación de servicios, eso si, ofertados a la baja supuestamente. Las personas responsables de las citadas irregularidades en la adjudicación anterior, continúan en plantilla y de nuevo han sido los avaladores técnicos de la limpieza, valga la redundancia, en el proceso de renovación de la contrata. Los que han mutado sin embargo, son los actuales responsables políticos que se supone que tienen la sartén de FCC cogida por el mango. Amagaron con tirar de la manta cuando Iñaki Prusilla, edil del PNV, dijo aquello de que tanto el Partido Popular como Leticia Comerón, tenían mucho que callar sobre el tema. O cuando Gorka Urtaran realizo aquellas otras declaraciones donde denunciaba, sólo de palabra, que en la anterior contrata, se pagaba por trabajos no realizados, es decir, que se malversaban fondos públicos. Pero todo esto a FCC le resbala por completo y continúa haciendo y deshaciendo a su antojo porque sabe que en Vitoria no hay actualmente voluntad política suficiente para investigar sus desmanes, como por ejemplo en Badalona o Barcelona.

Y todo parece indicar que el actual equipo de gobierno formado por el tándem PNV-PSE, junto a la inestimable colaboración del PP, va a seguir permitiendo que la compañía campe a sus anchas, ya sea incumpliendo sentencias laborales que han ganado los trabajadores en los tribunales, ejecutando despidos excusándose en casos de absentismo que no se ajustan a la realidad, ahorrándose la contratación del número de trabajadores a los que está obligado por convenio, o bien contratando el doble de personal técnico del que se le permite por convenio, incluyendo en nómina del Ayuntamiento a cargos directivos de FCC. Y en esas prácticas de FCC, en ese know-how de FCC en Vitoria-Gasteiz, está la clave de la renovación a la baja del contrato de la limpieza.

 ¿Por qué le hace FCC al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una oferta económica a la baja que resulta insostenible para su negocio según reconoce la propia compañía ahora?

 La única hipótesis que se nos ocurre para responder a esa pregunta, es que FCC ofrece a sabiendas “perder” dinero por un lado, para ganarlo por otro lado amparado en la protección de los políticos de turno. No hay más tela que cortar. Algo huele a podrido en la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y tenemos muy claro que no son los trabajadores. Un Ayuntamiento honesto con sus ciudadanos debe dejar de tratar con empresas vinculadas a las prácticas mafiosas del denominado “cártel de las basuras”, que se han repartido el pastel de los contratos públicos a lo largo y ancho del Estado. Un Ayuntamiento decente ha de dejar de ser cómplice de estos mafiosos, debiendo impedir en todo caso que se haga negocio de manera fraudulenta con el dinero de todos los ciudadanos.