Esta decisión, tomada a petición del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de la empresa Enviser, subcontratada para el mantenimiento de parques y jardines, ha forzado a parte de la plantilla a retomar sus labores tras 85 días de paro, lo que ha generado un fuerte rechazo sindical que lo califica de vulneración del derecho a huelga.

El conflicto laboral se ha agudizado ante la falta de acuerdo en la negociación de un convenio propio que mejore las condiciones salariales y laborales de los cerca de 90 trabajadores de Enviser. Actualmente, los salarios de la plantilla rondan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con una media de 18.000 euros brutos anuales para la categoría de jardinero, lo que dista de las demandas sindicales que exigen un incremento de 3.000 euros anuales.

La decisión del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco se fundamenta en informes de los servicios de Tráfico y Bomberos de Vitoria, que alertan sobre el “peligro inminente” derivado del estado actual de algunas zonas verdes y vías urbanas. Entre las justificaciones esgrimidas se incluyen el riesgo de incendios ante las altas temperaturas, la reducción de visibilidad en cruces y pasos peatonales debido al crecimiento descontrolado de la vegetación, y la acumulación de residuos, lo que podría generar problemas de salubridad e higiene.

Los servicios mínimos decretados, que los sindicatos consideran “abusivos”, incluyen el desbroce y siega de los seis grandes parques de la ciudad (Aranbizkarra, Arriaga, Catedral, La Florida, Parque del Norte y San Martín), la limpieza y recogida de residuos en estas áreas, la poda de ramas que obstaculicen la visibilidad de señales y semáforos, y el desbroce en rotondas y pasos de peatones.

Representantes sindicales de ELA, ESK y LAB han manifestado su intención de recurrir la orden del Gobierno Vasco, argumentando que se está forzando a los trabajadores a realizar una labor que, pese a ser esencial en estas circunstancias, ha sido históricamente precarizada. Las negociaciones entre la empresa y los sindicatos, que han contado con la mediación del PRECO (Servicio de Resolución de Conflictos Laborales), no han logrado hasta el momento acercar posturas, manteniendo viva la reivindicación de un convenio justo.

La huelga ha tenido un impacto visible en el paisaje urbano de la capital alavesa, con zonas verdes que muestran un mantenimiento deficiente, generando preocupación entre la ciudadanía. El conflicto ha escalado, incluso, con la suma de los trabajadores del servicio de alcantarillado, quienes también han anunciado paros en solidaridad y en demanda de mejoras en sus propias condiciones laborales.

La situación continúa siendo tensa, con la plantilla de jardineros decidida a mantener la lucha por un acuerdo que garantice condiciones de trabajo dignas, mientras las instituciones y la empresa buscan mitigar los efectos del paro en el espacio público.