Según Eldiario.es, el Tribunal Supremo ha ratificado en el caso De Miguel las principales condenas de la resolución dictada en diciembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Álava por los delitos de prevaricación y cohecho, tráfico de influencias, malversación y desproporción de caudales públicos, falsedad documental y blanqueo de capitales a varios exdirigentes del PNV en Álava.

Alfredo De Miguel ha sido condenado a doce años y cuatro meses de prisión, Koldo Otxandiano a siete años y seis meses, y Aitor Tellería a cinco años de prisión. Se trata del caso de corrupción más grave de la historia en el seno del PNV.

El tribunal considera probado que “prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco en Álava y de su amistad política con personas que ocupaban puestos relevantes tanto en la administración autonómica como municipal, se pactaron para favorecer la adjudicación de contratos de obras o servicios a empresarios dispuestos a pagar una comisión por determinados organismos administrativos”.

“Para cubrir el cobro de estas comisiones, los acusados constituyeron varias sociedades en las que facturaron servicios ficticios a los empresarios beneficiarios. Las sociedades no parecían las de los procesados, ya que se constituyeron bajo la titularidad de los testaferros “, dice la sentencia.

El ‘caso De Miguel’ se originó en diciembre 2009. La abogada y empresaria Ainhoa Alberdi presentó una denuncia en la Fiscalía de Álava después de que De Miguel le presionara para que le abonase una comisión de 100.000 euros. Aparentemente, su socio y constructor Jon Iñaki Echaburu, militante del PNV y contratista habitual de la Administración, pactó con De Miguel una mordida por un contrato en el parque tecnológico de Miñano en el que el político había intercedido aunque no tuviera allí ningún cargo con la aquiescencia de los cargos públicos.