Jon Martinez Larrea

Un proyecto estatal

El libro fue presentado a principios de mes por el mismo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. No obstante, el proyecto había sido aprobado en 2015 en la primera reunión del Patronato del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y lo ha realizado el Instituto Valentín de Foronda. Sin duda alguna, el principal impulsor tanto de esta obra como del propio Memorial fue el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Lo cierto es que una de las obsesiones de Fernández Díaz fue la construcción del relato, dejaba claro que “No consentiremos que los terroristas psicópatas de ETA escriban el relato”, a la vez que aseveraba que había que “elaborar un relato real y verdadero, despojado de las ambigüedades y equidistancias, que ningún bien hacen a la causa de la verdad y de la justicia para con las víctimas”. El objetivo sería “sentar las bases de un relato histórico veraz y riguroso, frente a iniciativas que tratan de imponer una memoria selectiva del pasado y, sobre todo, justificativa acerca del terrorismo en el País Vasco”. Por eso no tuvo reparos en asignar 1,2 millones de euros para esta trilogía, un presupuesto estratosférico para un proyecto historiográfico.

Parece claro cual es el origen de la obra, a pesar de lo cual, en su prologo se defiende que el relato debe “estar presidido por el rigor y que ese trabajo solo podía desarrollarse siendo fieles a las exigencias de la metodología histórica” (p.I), y poco después se reafirma en que es una “historia rigurosa y neutral” (p. V).

Sin entrar en la globalidad de la obra, en este artículo me quiero centrar en dos casos que aparecen en esta, y que personalmente he investigado recientemente, ambos ocurrieron en territorio alavés, más concretamente en la comarca de Gorbeialdea en poco menos de un año y medio. Como se verá en estos, el pretendido rigor, del cual los autores presumen, brilla por su ausencia, y cuando hay fuentes que sugieren otras interpretaciones, no dudan en ignorarlas y ofrecer versiones, cuando menos manipuladas.

El asesinato de German Agirre

El primer caso es el asesinato del taxista German Agirre en las cercanías del cuartel de la Guardia Civil de Legutio. Este hecho lo he analizado en un par de artículos, hace dos años en euskera en Hala Bedi, y más recientemente en Viento Sur. En el libro aparece en el capitulo escrito por el coordinador del proyecto, José Antonio Pérez, y titulado “El terrorismo de ultraderecha y parapolicial en el País Vasco”.

German Agirre

En primer lugar hay que reconocer que es un paso adelante que se atribuya este asesinato a grupos parapoliciales, y no a ETA como se hace en libros como Vidas Rotas, coescrito por Florencio Domínguez, el director del mismo Memorial. Además de esto hay que apuntar que el propio Memorial también lo atribuye a ETA, y en un reciente documental titulado Bajada de Bandera, producido por la Fundación Miguel Ángel Blanco, y que cuenta con la colaboración del Memorial y del Ministerio del Interior, aparece en la portada el lugar donde fue asesinado, a pesar de que la propia familia pidió expresamente lo contrario.

Habría que anotar que el asesinato de Agirre, parece estar relacionado con que tuviese información sobre los autores del asesinato de Iñaki Etxabe por grupos parapoliciales. Sin embargo, a partir de aquí la versión de José Antonio Pérez difiere totalmente con la de su familia. Siguiendo a Pérez en Arrasate, su localidad de residencia, se habría extendido el rumor que tras el atentado estaría ETA por considerar a Agirre como un confidente, por lo que “la familia del asesinado se vio obligada cruzar la frontera con Francia y entrevistarse con uno de los miembros de la organización para confirmar que esta no había sido la autora del atentado (…) Solo entonces (…) Germán Aguirre fue considerado como una víctima “respetable” y su familia merecedora del calor de sus vecinos…” (p. 532).

Lo cierto es que la versión de la familia es diametralmente opuesta, su hijo Jokin y su viuda M.ª Carmen dieron su versión en el Parlamento Vasco el año 2000. En esta comparecencia adujeron que “La familia sospecha que quien lo asesinó es la Guardia Civil”, más concretamente que “Durante una semana estuvo vigilado supuestamente por guardias civiles de Aramaiona”. Sobre la confusión en relación con la autoría del asesinato afirmaron que el día de su funeral aparecieron panfletos en Arrasate que atribuían el atentado a ETA, sin embargo, “ETA envió una carta a la familia diciendo que era mentira” (Ponencia Víctimas de la violencia. Parlamento vasco. Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas. Tomo I. Gasteiz, 2000, p. 197). En ningún momento aducían haber sufrido rechazo social, y tampoco afirmaban haber pasado la muga, sino que la propia organización se puso en contacto con ellos mediante carta.

En este caso vemos que hay diferentes categorías a la hora de tratar a las víctimas, mientras a unas se les pretende honrar y dar voz, a otras se les ningunea e incluso criminaliza, al igual que a la población de Arrasate. Tampoco se cita la posibilidad que apunta la familia de que fuese la Guardia Civil la que estuviese detrás del asesinato, o que la investigación de los hechos recayese en el entonces responsable de la Guardia Civil en Araba, que no era otro que Antonio Tejero.

La voladura de la cruz de Tellamendi

El otro ejemplo que analizamos es la destrucción de la cruz del monte Tellamendi por parte de la Guardia Civil el 1 enero de 1977. Esto es analizado en el primer capítulo del libro, dedicado a dicho cuerpo y escrito por Javier Gómez Calvo. En este caso Gómez Calvo, simplemente se limita a reproducir la versión oficial ofrecida por la Benemérita, es decir, que realizaron la voladura porque en esta había una ikurriña que estaba conectada a una carga explosiva. Lo cierto es que tras la voladura la indignación se apoderó del pueblo de Aramaio, el cual se manifestó delante del cuartel y siguiendo la versión de Gómez Calvo “algunos de los presentes intentaron asaltar el edificio, sin que los ánimos se enfriaran hasta que un agente hizo uso del cetme y realizó un tiro al aire” (p.85). A su vez, es especialmente crítico con el papel jugado por el entonces alcalde, Julian Unzueta, al que acusa de haber “espoleado a los vecinos contra los agentes”.

Siguiendo al autor comprobamos que la fuente utilizada para elaborar este relato es el libro Sangre, sudor y paz, escrito entre otros por Manuel Sanchez Corbí, torturador indultado y posteriormente ascendido a coronel-jefe de la UCO. Podemos decir que se trata prácticamente de una trascripción literal realizada de un modo acrítico. La única fuente distinta que cita es el acta municipal que se encuentra en la página de Mendikat, pero simplemente para afirmar que se calificaba en esta a los guardias civiles de “vándalos”, lo que no es exactamente cierto, sino que concretamente se calificaban los hechos como “acto vandálico”.

Reposición de la cruz de Tellamendi, marzo de 1977

Sin embargo, si acudimos a dicha acta, vemos que da una versión totalmente distinta de lo ocurrido. Según esta, tras la voladura, los habitantes del pueblo se habrían manifestado hasta las proximidades del cuartel, momento en el que el alcalde les informo de sus gestiones y les anunció que para el día siguiente se había convocado un pleno para tratar los hechos, entonces “los manifestantes, que en todo momento se comportaron pacíficamente, decidieron dar por finalizado el acto y volver a sus casas, y fue nuestra gran sorpresa, cuando (…) sonó un disparo producido por un número de la Guardia Civil que salió junto al edificio, provocando a los manifestantes con el mismo, quienes en ese momento reaccionaron dirigiendo algún insulto, a los que trate de calmar, y así lo hicieron…”.

Esta versión es confirmada por el periódico Norte Expres, poco sospechoso de simpatizar con el nacionalismo vasco. En su edición del 8 de enero de 1977 en ningún momento habla de un intento de asalto y sobre la actitud del alcalde hablaba de que “después de calmar la situación convocó un pleno extraordinario en el ayuntamiento”.

Además de este hecho habría que indicar que un informe elaborado por la Sociedad Montañera Orixol, y que se puede consultar en la misma página que el acta, ponía en duda la existencia de algún tipo de explosivo antes de la voladura, ya que en el lugar donde se habría colocado el explosivo “No había ningún cráter ni otro indicio de que se hubiese producido una explosión bajo tierra”.

También es reseñable que el propio Unzueta en una entrevista recordaba que el teniente coronel de la Guardia Civil de Gasteiz le habría advertido que “la próxima vez que aparezca una ikurriña en esa cruz, la volamos”.

Para finalizar, Gómez Calvo, menciona que la Guardia Civil abandonaría su cuartel de Aramaio, un año más tarde, a su juicio y al de Sanchez Corbí, fruto del aislamiento social que vivían tras los hechos. Sin embargo, no menciona que dos años más tarde una potente explosión produjo destrozos en el caserío de Julian Unzueta. Consiguió salvar su vida “porque en el momento de la explosión nos encontrábamos en la cuadra, y los autores confiaban en sorprendernos en la cocina”. El propio Unzueta, siempre pensó que este atentado estaba relacionado con lo sucedido tras la voladura de la cruz, y pudo comprobar que el coche utilizado por los atacantes pertenecía a un agente del cuartel de Arrasate.

En definitiva, Gómez Calvo siguiendo una versión manipulada de lo ocurrido nos presenta a un pueblo de fanáticos que intenta asaltar un cuartel, cebándose con la figura de su alcalde. Mientras que la Guardia Civil, a pesar de la voladura de la cruz y de disparar contra una manifestación, es presentada como la víctima. Para ello no duda en priorizar una fuente secundaria de dudosa credibilidad, mientras que o menosprecia o directamente ignora fuentes primarias, ya que estas parece que no se ajustan a su relato.

Estos dos ejemplos nos ayudan a ilustrar el relato que subyace en el libro, es decir, una banda de fanáticos ultranacionalistas que trataban de imponer su proyecto totalitario con el apoyo de una «comunidad de muerte» (p. IV), y que habría contado con el silencio o incluso la complicidad de una sociedad enferma. Una visión cuando menos simplista en la que los miembros de las fuerzas de seguridad eran simplemente víctimas, y como mucho cometieron algún error como diría Martín Villa, pero en ningún caso habrían torturado e incluso asesinado impunemente para defender “la indisoluble unidad de la Nación española”.

No sorprende que una obra impulsada y financiada por el Ministerio del Interior trate de defender el relato oficial, pero si que sus autores hagan gala de su rigor y neutralidad, mientras manipulan y criminalizan a poblaciones enteras o incluso a víctimas de la violencia estatal.