Los casos de abuso sexual infantil cometidos por miembros de la Iglesia Católica han escandalizado, como no podía ser menos, a gran parte de nuestra sociedad. Casos de pederastia que afortunadamente ahora se destapan y salen a la luz, porque existir, han existido siempre.

Es en este momento cuando existe la madurez social suficiente para que los afectados se atrevan a denunciar públicamente lo sufrido sin ser estigmatizados. Sin embargo, la crítica, la repulsa social y el desprestigio de las instituciones o grupos a los que pertenecen estos agresores sexuales está muy lejos de lo que debería cuando la Iglesia Católica está implicada. Parece que la sombra del Vaticano sigue siendo muy alargada.

Recientemente hemos conocido nuevos casos de agresiones sexuales a menores, en este caso en el colegio Salesianos de Deustu. Más de 30 casos, de momento, que se han convertido en otras tantas denuncias. Pero Salesianos de Deustu no es una excepción.

Los casos de abusos sexuales a niños y niñas por parte de miembros de centros escolares católicos se extienden por toda la geografía de Euskal Herria. Citemos como ejemplos el docente que abusaba sexualmente de un menor en el centro ultracatólico Gaztelueta de Leioa, el profesor pederasta del «prestigioso» colegio San Viator de Vitoria, etc. La eficacia y presteza de la Justicia a la hora de perseguir estos delitos no son el motivo de este artículo. Queremos ir más allá en cuanto a responsabilidades.

La primera la de las direcciones de esos centros implicados y responsables directas de los docentes abusadores. Tienden a actuar con un mismo patrón que consiste primero en intentar ocultar los casos, luego, una vez que salen a la luz, negarlos (hasta 3 veces si hace falta) para, posteriormente, cuando ya es imposible ocultar los abusos, reconocerlos y cínicamente pedir perdón, mostrarse incrédulos, desconcertados…

Pues bien, estos colegios son financiados para su labor docente exclusivamente con dinero público. Con dinero de los presupuestos destinados a educación. Lo pagamos todos y todas. Y en la CAV este modelo de educación segregadora religiosa supera con creces la centena de centros escolares.

Una cifra exagerada teniendo en cuenta que vivimos en un Estado aconfesional y laico. Y es ahí cuando queremos interpelar a la titular de la Consejería de Educación de Gobierno Vasco y por lo tanto máxima responsable de la financiación de estos centros, Cristina Uriarte: ¿Qué piensa hacer la señora Uriarte y su Gobierno con centros financiados con dinero público donde se han cometido delitos muy graves continuados en el tiempo y con una dirección que admite tener conocimiento de los mismos desde hace 30 años? Caso Salesianos, por ejemplo.

Como tememos que Cristina Uriarte no va a contestar, ya lo hacemos nosotras: nada. Como nada hicieron sus antecesores en el cargo a lo largo de todos estos años. Bueno, algo sí. Mirar para otro lado y seguir financiando a los centros religiosos. La sociedad civil debería exigir a la Iglesia católica que deje de tapar/encubrir a delincuentes sexuales como hasta ahora, y a Cristina Uriarte que castigue a los centros cómplices dejando de financiarlos. Complicado está el asunto.

Tienen a dios de su parte y sobre todo, un concierto económico con el Gobierno. En nuestra mano está que cambien las cosas.

Javier Iglesias.

Miembro de la Plataforma a favor de la Escuela Pública Vasca.