En los últimos meses hemos tratado este tema, especialmente desde el punto de vista del derecho internacional, analizando en que puntos vulnera este proyecto la legalidad internacional y los Derechos Humanos del pueblo palestino. En la edición de esta semana, en cambio, hemos querido abordar las implicaciones económicas del proyecto, para lo que hemos contado con la colaboración del economista Santiago Gonzalez Vallejo, cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Esta organización ha hecho llegar a la ONU un requerimiento para que incluya a CAF en la lista negra de empresas internacionales que operan en las colonias y se lucran con la ocupación de Palestina. Así mismo, han apelado a la auditoría de Comisión Nacional del Mercado de Valores para que se sancione a CAF por fraude, al haber omitido deliberadamente a sus inversores la información de que su proyecto se desarrollará en territorio ocupado contraviniendo la legalidad internacional. Gonzalez critica la mentalidad cortoplacista de la dirección de CAF, que está primando el lucro inmediato frente al daño que puede ocasionar a su imagen corporativa la participación en este proyecto. Así mismo, muestra su preocupación porque el Gobierno de la CAV, con participación accionarial en la empresa, está primado la facturación a corto plazo frente a los Derechos Humanos. Advierte que la adjudicación de este tipo de contratos está en manos de las administraciones públicas, pero está en manos de la sociedad civil presionar a las instituciones para que no se adjudiquen contratos públicos a empresas implicadas en crímenes de guerra. En cualquier caso, no se muestra optimista ante la posibilidad de que CAF decida finalmente retirarse del proyecto, habida cuenta de que acaban de nombrar como director de la compañía en Israel a un ingeniero sionista que anteriormente trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

Por otro lado, charlamos también con Alaitz Amundarain, integrante del grupo de BDS de Gasteiz, sobre el acto público en el que el pasado 22 de febrero se presentó en Ordizia la campaña en Euskal Herria para exigir a CAF que se retire del proyecto de construcción del tranvía ilegal de Jerusalén.