Chanila y Robenson vinieron a Auzoan Bizi cuando llevaban una semana sin luz. Desde la Red de Vivienda, les ofrecimos hacer público el caso y pedir responsabilidades al Ayuntamiento y a Berakah, por ser los gestores de la vivienda. El viernes 1 de abril, día en el que dimos a conocer la situación en la que estaba viviendo esta familia con 2 menores, Berakah nos informó de que habia reestablecido la luz mediante Iberdrola. La semana pasada les hicimos saber que todavía faltaba por arreglar el cuadro eléctrico de la vivienda, y han enviado electricistas para arreglarlo.

De estos hechos extraemos algunas conclusiones:

En primer lugar, este caso evidencia la falta de instancias reales y efectivas que garanticen el acceso a los derechos básicos (en este caso de suministros como la luz) permitiendo que una familia con menores, en plena nevada, permanezca sin corriente eléctrica.

En segundo lugar, también muestra que parte de la solución al problema estaba en manos de Berakah, y que era su responsabilidad desde el principio proveer
de suministros básicos a sus familias. Sin embargo, es necesario señalar también el inmovilismo del Ayuntamiento que no ha ofrecido ninguna alternativa a la familia, alargando así el periodo sin suministro eléctrico.

Por último, este caso evidencia la potencialidad de la organización vecinal, ya que sacar a luz el caso ha sido la última opción que contemplaba la familia para
reestablecer el suministro y a su vez la más efectiva. Creemos que garantizar las necesidades materiales básicas es necesario para tener unas condiciones de vida dignas, por ello, seguiremos organizándonos ante su vulneración.

Más allá de este caso concreto, desde Auzoan Bizi vemos necesario hacer una lectura política profunda de la situación. Por un lado, el volumen de personas atendidas por Berakah da muestras de la grave situación de muchas personas y familias que carecen de las necesidades básicas para poder vivir una vida digna, como pueden ser la vivienda, el alimento y los suministros básicos. Cabe añadir que la mayor parte de estas personas sufren opresiones cruzadas que complejizan y complican la posibilidad de tener una vivienda y poder vivir sus vidas. El racismo hecho ley a través de la Ley de extranjería, la precariedad a la que están sometidas por no disponer de documentación o padrón y el laberinto burocrático son sólo unas muestras del racismo estructural. Asimismo, son familias que no tienen ingresos, puesto que no tienen posibilidad de acceso a un mercado de trabajo ya de por sí precarizado. Además, las mujeres están obligadas a convivir con diferentes violencias; convivir con su maltratador, afrontar solas las responsabilidades familiares, carecer de autonomía, etc. En el Casco Viejo, todas estas situaciones son más habituales por causa de la exclusión y la segregación socio-espacial, además de ser un barrio que está sufriendo la dinamización de la mercantilización de la vivienda, sacando beneficio de la pobreza.

Por otro lado, se trata de un mecanismo de caridad, no de justicia social, ya que estas personas quedan enteramente expuestas al criterio caritativo y al control de organizaciones que vulneran derechos. Así pues, organizaciones como Berakah promueven el lavado de conciencias de los más privilegiados. Por su
parte, las instituciones apoyan y normalizan este mecanismo, dándole validez y convirtiéndolo en el funcionamiento habitual, al mismo tiempo que excluyen a estas personas de los mecanismos de “protección social”.

Por último, el sistema público, lejos de proporcionar y garantizar la satisfacción de los derechos básicos, abandona a las personas más precarizadas, cronificando así su situación. Entendemos que estas situaciones tienen profundas raíces estructurales; las instituciones no sólo legitiman y fortalecen este sistema capitalista y racista, sino que son parte de él. Las instituciones, en tanto han sido creadas dentro de este sistema opresor, favorecen el enriquecimiento de unos pocos en contra de los intereses de la mayoría.

Mientras sean parte del problema, nunca serán la solución. Afirmamos que mientras la vivienda y los suministros básicos sean un negocio, nunca serán un derecho. Por ello, la organización y el apoyo mutuo son necesarios, hoy más que nunca. Es necesario empezar a construir estructuras populares y comunidades de lucha capaces de hacer frente a los ataques del capitalismo. Hemos comprobado que con la fuerza colectiva somos capaces de conseguir aquellos derechos que nos son arrebatados. Este caso sólo nos reafirma en nuestra postura; seguiremos defendiendo a nuestras vecinas.