Un país ha desempeñado en los últimos años un papel descomunal en el debilitamiento del progreso de las negociaciones climáticas globales: Arabia Saudita. El gigante de los combustibles fósiles tiene un historial de treinta años de obstruccionismo sistemático, protegiendo su sector nacional de petróleo y gas y tratando de garantizar que las conversaciones climáticas de la ONU logren lo menos posible, lo más lentamente posible. El príncipe heredero, Mohammed bin Salman, verdadero hombre fuerte del páis, está acusado por la justicia de Estados Unidos de haber organizado el secuestro, tortura y brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en 2018 en el Consulado de Arabia en Turquía. Sin embargo, su condición de gobernante le otorga inmunidad, que se convierte en cheque en blanco para seguir eliminando disidentes. Imnunidad transformada en impunidad.

El ultimo informe de Human Rights Watch denuncia los asesinatos de cientos de migrantes y solicitantes de asilo etíopes cometidos por las fuerzas de Arabia Saudita en la frontera con Yemen, señalando que pueden constituir crímenes contra la humanidad. A esto se suma el arresto de disidentes, intelectuales y activistas de derechos humanos con condenas a penas de prisión de décadas o a la pena de muerte por publicaciones en redes sociales. La fuerza laboral migrante procedente de Kenia, Nepal, Pakistan, Filipinas y otros países, que trabaja en la construcción de los megaproyectos multimillonarios que está impulsando el país, incluyendo la construcción de los estadios de fútbol para el Mundial de 2034, enfrenta violaciones generalizadas de sus derechos.

La primera ley sobre el estatuto de la mujer, presentada el 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer, consagra formalmente la tutela masculina sobre la mujer, incluyendo disposiciones que facilitan la violencia doméstica y el abuso sexual en el matrimonio.

Es el mismo pais que organizó ayer la final de super copa de España, gran negocio para la Federación que se embolsa 24 millones y para el comisionista, Gerard Piqué, que se lleva otros 4 millones. La celebracion de la super copa de España, renovada hasta el año 2030, es una más de las múltiples operaciones que utiliza este régimen despótico para maquillar una reputación dañada por la violación sistemática de los derechos humanos que afecta, sobre todo, a los más débiles, mujeres y migrantes.

Los fondos soberanos de los estados del Golfo han invertido más de 4.500 millones de dólares en ligas y clubes deportivos entre 2020 y 2023. Por su parte, Qatar gastó unos 229.000 millones de dólares en organizar la Copa Mundial de la FIFA 2022. Durante la construcción de sus nuevos estadios, hubo múltiples denuncias de corrupción y protestas por la muerte de trabajadores migrantes. Imaginen el uso alternativo de ese dinero dedicado a comprar voluntades, con la connivencia de gobiernos, organismos internacionales y deportistas famosos que, sin necesitarlo, acaban sucumbiendo a la avaricia. Futbolistas como Benzema, Cristiano Ronaldo o Neymar, golfistas como Jon Rahm o tenistas como Rafa Nadal, nuevo embajador de la liga saudita de tenis, todos en nómina del régimen.

Juegan sucio y no lo esconden. Hace tiempo que descubrieron que la retórica de derechos humanos de Occidente disminuye su volumen o apaga su discurso cuando ARAMCO, el gigante petrolero controlado por el gobierno saudí, o el Fondo Soberano de Arabia Saudita sacan la chequera. Ese Occidente que se llena la boca hablando de justicia, siempre dispuesto a dar lecciones, arrogante con los débiles y servil con los poderosos, que mira hacia otra parte cuando brilla el color del dinero.

Joxean Fernández