Durante este verano, el juicio al que aludo ha estado muy presente en nuestras calles: 47 personas estaban acusadas de colaborar con ETA. El día 16 de setiembre, todas ellas acudieron a la Audiencia Nacional. ¿Para rendir cuentas ante la Justicia? A esa señora no se le ha visto ni en el largo proceso previo ni en el corto juicio de media hora. No era la justicia sino el Estado español el que solicitaba 600 años de cárcel contra los encausados. ¿Qué motivos podía tener para perseguir el ejercicio de la solidaridad? Intentaré explicarlos.

En primer lugar, el Estado español se encuentra en crisis: el bipartidismo se resquebraja y no ha sido posible conformar un gobierno; la corrupción apesta; el conflicto de nacionalidades se agudiza; pensionistas y feministas ocupan las calles; la convocatoria de nuevas elecciones ha crispado el ambiente. ¿Qué puede hacer el Estado para aplacar a su indignada ciudadanía? Recurrir a un remedio muy utilizado en anteriores ocasiones: mano dura contra los vascos y todos contentos.

En segundo lugar, los presos y presas políticas son rehenes en el viejo conflicto que mantienen los imperialistas españoles contra Euskal Herria. Dijeron que la política penitenciaria cambiaría cuando ETA dejase de actuar; luego condicionaron su promesa a la desaparición de la organización. Ambas condiciones se han cumplido pero la política penitenciaria no ha cambiado. Quieren los conquistadores ibéricos que los cautivos se pudran en la cárcel o que, cuando salgan, lo hagan a escondidas y humillados. Quieren, sobre todo, que el sufrimiento de las cárceles sea ejemplar: que sufran los cautivos, sus familias, sus amigos, quienes les ayudan… Intentan con el escarmiento de los más comprometidos convertirnos en un pueblo sumiso que no levante la voz. Cuando se produjeron las detenciones de los ahora juzgados, el entonces Ministro de Interior español fue muy claro: “Hemos desarticulado a quienes más gente movilizan en Euskal Herria”.

En tercer lugar, el juicio fue muy breve, tal y como estaba acordado de antemano: cada una de las 47 personas encausadas reconoció la imputación que le hacía la Fiscalía y el tribunal redujo las penas a niveles mínimos.
Excepto dos personas, todos los demás se libraron de la cárcel. El procedimiento aplicado para resolver este macrojuicio es el mismo que se ha seguido en los anteriores. Como entonces, también éste ha dejado entre
nosotros sentimientos contrapuestos y valoraciones encontradas. El Estado ha conseguido lo que siempre busca: dotarse de unas confesiones en las que sustentar su tendencioso relato y, sobre todo, enfrentarnos. Resulta
escandaloso e indignante que utilice su manipulada justicia para intimidarnos y ponernos contra las cuerdas. Entre nosotros, el procedimiento seguido tiene defensores y detractores. Lo que no admite ninguna duda, es que seguimos siendo un pueblo sometido.

Finalmente, estamos sumergidos en una sociedad capitalista regida por la explotación de los más desfavorecidos, por el consumismo compulsivo, por la competencia rigurosa. En este mundo individualista, la solidaridad
sobra y estorba; quienes la practican se convierten en delincuentes ya que atentan contra la entraña misma del sistema. El trabajo generoso de las 47 personas que se sentaron en el banquillo había puesto las bases de un
mundo diferente y justo; por eso, intentó el capitalismo español neutralizarlas. Uno de los encausados lo expresaba de esta manera: “La solidaridad es una de las cosas más bonitas que poseemos, que debemos de
preservar y seguir fomentando”. Estoy convencido de que así será y de que las y los recién juzgados se seguirán empeñando en ello.

• Jesús Valencia: Las verdaderas razones de un juicio
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