“El padrón municipal es el registro administrativo en el que están inscritas todas las personas que viven en un municipio.

Todas las personas tienen obligación y derecho a empadronarse, y con ello se convierten en vecinos con los derechos y deberes cívicos que ello supone. Este registro acredita el domicilio de los vecinos de un municipio y sirve para saber cuántos y quiénes son las personas que conviven en el mismo y así planificar acciones y programas para cubrir las necesidades y mejorar la calidad”. 

Como se recoge en el documento “PROCEDIMIENTO PARA EL EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL” del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública,  “El Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón”.

El padrón a lo largo de unos años se ha convertido en el documento que abre la puerta a los derechos ciudadanos.  (realizar trámites oficiales, acceso a la asistencia sanitaria, a la escolarización de las criaturas y a cursos formativos para adultos, a la atención en los Servicios Sociales, para justificar  el tiempo de estancia en Euskalherria, y/o en la ciudad, etc.  Y últimamente, aún cuando no debe ser legal, la policía ha comenzado a  exigir  el padrón a solicitantes de asilo.

Pero a pesar de tratarse de un documento vital la cruda realidad nos muestra que muchas personas tienen serias dificultades para empadronarse:  porque hay quienes deben pagar hasta 400€ mensuales para conseguir el padrón,  porque el precio de los alquileres de vivienda con derecho a padrón son altos, o porque en el caso de muchas mujeres trabajadoras domésticas internas,  sus contratadoras se niegan a empadronarlas, o porque llegando a Gasteiz tras largos y duros procesos migratorios se necesita un tiempo para ubicarse y conseguir los requisitos exigidos para empadronarse, o se acaba de salir de prisión, o por haber sido desahuciada por impago de alquiler, o porque se vive en la calle… es decir que la casuística es muy variada.  Quienes se encuentran en esta situación  conforman todo un submundo de no derechos, de incertidumbre y de inquietud  que resulta, cuando menos,  insultante en una ciudad que se autodenomina, abierta, acogedora, inclusiva y solidaria.

Me consta que, en determinadas asociaciones,  existe preocupación por las realidades sociales excluyentes que se están desarrollando  en torno al tema del empadronamiento y sus consecuencias. ¿Qué hacer?

Si “todas las personas tienen obligación y derecho a empadronarse, y con ello se convierten en vecinos con los derechos y deberes cívicos que ello supone”, habrá que poner en marcha alternativas existentes para hacerlo posible. Y una de las opciones que ya están en marcha en algunos ayuntamientos es la figura del empadronamiento ficticio o social que posibilita el acceso a los derechos sociales.  Esta  es la opción que, desde diferentes ayuntamientos,  se está articulando  para las personas que, residiendo en un municipio, carecen de domicilio en el mismo. Y, como en la mayoría de las situaciones el empadronamiento y la necesidad de vivienda van íntimamente unidos,  la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es ¿Por qué se carece de domicilio con miles de viviendas vacías? 

Para “Stop desahucios Euskadi” la gravedad de la situación de la vivienda está relacionada con el “insuficiente parque de viviendas públicas de alquiler, la escalada especulativa en el mercado privado de alquileres, y el aumento preocupante de los desahucios por alquiler en la CAV” a lo que habría que añadir que el Ayuntamiento de Gasteiz dispone de aproximadamente unas 500 viviendas vacías y la Iglesia, desconozco el número, pero también es propietaria de pisos que se encuentran vacios.

Estos días se ha celebrado en Bilbao la Conferencia europea del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) bajo el título “Igualdad, Diversidad e Inclusión. ¡Las diferencias nos unen!”

Esta  conferencia pretende  “Exponer los retos y las oportunidades que plantean las sociedades diversas, igualitarias e inclusivas,  ante quienes toman las decisiones a nivel local en representación de la ciudadanía… para avanzar en el bienestar, la convivencia y la cohesión social”. Hermosas palabras.

Al margen de declaraciones grandilocuentes somos la sociedad civil quienes debemos pre-ocuparnos para cambiar esta situación de no derechos que afecta a  un sector importante de nuestras vecinas y vecinos.

Alternativas haberlas haylas. Es cuestión de voluntad política.  Como  señala Ongi Etorri Errefuxiatuak  en el folleto “ erroldatu-empadrona”  “Tenemos que exigir a nuestros ayuntamientos que cumplan con la obligación de empadronar”.

 ¿Cómo?  Urge que los ayuntamientos  a) anulen los actuales requisitos para acceder al padrón no contemplados en la Ley de Bases de Régimen Local,  b) que dichas instituciones pongan en marcha campañas informativas sobre la importancia del  empadronamiento social para acceder a los derechos ciudadanos y c)  se dote de los recursos humanos y técnicos necesarios para su materialización . 

Tenemos que exigir al Ayuntamiento (alcalde, servicios Sociales, etc.) el cumplimiento de la legislación que obliga al empadronamiento, sin establecer requisitos arbitrarios que la normativa no contempla, para acabar con el mercado de compra-venta  de documentos de padrón y con las situaciones generadoras de marginación y exclusión, que se derivan de todo ello. Es preciso  pasar del asistencialismo a “todos los derechos para todas las personas” Solamente así avanzaremos  hacia una ciudad,  y una Euskalherria  más acogedora,  inclusiva  y solidaria.