Las declaraciones de distintos responsables del gobierno español,anunciando cambios en la política penitenciaria hacia las personas presas de motivación política en Euskalherria, abre una razonable esperanza para miles de personas, que ven -al fin- un poco de luz al final de un túnel habitualmente oscuro.

Este nuevo contexto, si finalmente se traduce en hechos, hay que analizarlo como producto no sólo de una nueva coyuntura parlamentaria en las cortes del Reino, sino, sobre todo, como el  resultado de un largo y paciente trabajo por parte de asociaciones y personas de Euskalherria, que han conseguido construir consensos mínimos sobre la defensa de los derechos de presos y presas, primero en Iparralde, donde el proceso ha sido más rápido y fructífero, pero también en Heogalde.

Asociaciones como Sare, y anteriormente Herrira, iniciaron un camino -a veces incomprendido por propios y criminalizado por ajenos- de acercamiento a distintas sensibilidades políticas, que poco a poco parece que va dando  sus frutos.

Por otra parte, los encuentros entre víctimas de victimarios de distinto signo político, iniciadas en la iniciativa Glen Cree,  y luego continuadas por otras instancias como el Foro Social, Memorias Compartidas…, han posibilitado, también, tender puentes que han facilitado el aterrizaje de fuerzas como el PNV, EP y también, aunque en menor medida, el PSE, en una pista para ellos complicada.

Desde luego, no podemos olvidar los pasos dados por los propios presos, ni mucho menos  a las decenas de miles de personas que han mantenido viva la llama de la denuncia en las calles y plazas.

Tampoco el fin de la lucha armada de ETA, y el cambio de estrategia de la Izquierda Abertzale, como es obvio.

Sin embargo, sabemos bien que estos procesos pueden morir en el camino, a consecuencia de las presiones de los enemigos de la paz. Es previsible la utilización de parte de las víctimas para mantener políticas de venganza, como armas para atacar al nuevo gobierno, que puede sentirse tentado a eternizar los plazos de los cambios prometidos, o a minimizarlos de tal manera que queden en nada o casi nada.

Por ello, es más importante que nunca continuar  con  la estrategia para afianzar consensos desde abajo, en la sociedad civil, y también entre la clase política.

Además, será clave  mantener -o si es posible incrementar- la movilización social para que la legítima reivindicación del cumplimiento de todos sus derechos para las personas presas esté en el candelero político y mediático, y pueda ser materializada cuanto antes. 

Juan Ibarrondo