El lunes 17 de junio  Martxoak 3 Elkartea presentó  ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una denuncia por la masacre cometida en Gasteiz el 3 de Marzo de 1976 dónde cinco obreros fueron asesinados por la policía.

La citada denuncia la encabezan siete personas, habiendo sido impulsada desde la Asociación de Víctimas 3 de Marzo- Martxoak 3 Elkartea.

En una nota, la propia asociación precisa que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un mecanismo de tratado que monitoriza y fiscaliza el cumplimiento por parte de los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dicho Pacto fue firmado, suscrito y ratificado por el Estado español en el mes de abril de 1977. Sus resoluciones y dictámenes son de obligado cumplimiento para el Estado tal y como ha tenido ocasión de recordar la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España en sentencia reciente, de fecha 17 de julio de 2018.

“Una vez más, las víctimas de graves violaciones punibles de derechos humanos cometidos durante la dictadura franquista y la denominada transición política nos vemos obligadas a acudir a instancias internacionales para tratar de obtener un reconocimiento y una reparación efectiva de los derechos que fueron severamente conculcados. Y todo ello lo provoca una política de impunidad mantenida por el Estado español que se ha negado y continúa negándose a investigar y enjuiciar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista”.

En este sentido, es de destacar que después de haberse tramitado tres procesos judiciales en los que se ha pretendido por parte de las víctimas y por parte de determinadas Corporaciones Públicas –Juntas Generales de Araba, Diputación Foral de Araba y Ayuntamiento de Gasteiz- el esclarecimiento de los hechos mediante su investigación y, en su caso, enjuiciamiento de los responsables de aquélla masacre, los Juzgados y Tribunales del Estado español siguen negando de forma sistemática el derecho a la tutela judicial efectiva de todas aquellas personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante el régimen dictatorial y en los años sucesivos.

“En las Naciones Unidas esperamos obtener una respuesta positiva en cuanto al primer trámite de admisibilidad y que finalmente se nos de respuesta sobre el fondo de la cuestión planteada mediante una Resolución o Dictamen en la que se estimen las pretensiones ejercitadas, poniéndose de manifiesto la violación del Estado español del contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al negarse a investigar y enjuiciar los gravísimos crímenes cometidos en nuestra ciudad el 3 de marzo de 1976″.

Por último, han querido manifestar que el propio Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en las Observaciones Finales que efectuó en el año 2015 al Estado español, ya censuró la política de impunidad mantenida en relación con la falta de investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista.

“Por tanto, esperamos que dichas observaciones tengan continuidad en una resolución positiva respecto a las cuestiones que ahora le han sido planteadas y que tienen por objeto obligar al Estado español a abordar una investigación judicial eficaz y adecuada, en un marco penal, de aquélla agresión policial, de carácter criminal, que sufrió la clase trabajadora y la  iudadanía de Gasteiz en su conjunto”, finalizan.