Casi dos años después de los hechos y un año después de que se confirmara la sanción por vía administrativa, el próximo martes 2 de abril se celebrará el juicio contra el periodista de Hala Bedi, Mikel Sáenz de Buruaga, a quien la Ertzaintza y el Gobierno Vasco aplicaron la Ley de Seguridad Ciudadana por grabar una intervención policial en el barrio de Errekaleor (Gasteiz) en mayo de 2017. Se trata del primer periodista sancionado con la ‘Ley Mordaza’ por el Gobierno Vasco. Una concentración llevará la solidaridad hasta las puertas del Juzgado, el mismo día a las 11.30.

En su momento, Hala Bedi anunció que llegará “hasta el final” para hacer frente a lo que considera “un ataque a la libertad de información”. Un ataque que, según han denunciado en numerosas ocasiones, estaría “basado en un informe falso elaborado por la Ertzaintza”. Por ello, tras agotar todas las vías administrativas, en abril de 2018 anunció que apostaba por acudir a juicio contencioso-administrativo en contra de la resolución sancionadora.

También ha criticado duramente la actitud del propio Gobierno Vasco, al aplicar “una ley injusta que vulnera los derechos civiles y políticos” y dar “cobertura institucional a un montaje policial”. Más aún teniendo en cuenta que el Parlamento Vasco adoptó el compromiso de no aplicar dicha ley.

Una vez agotado el proceso administrativo, que han tildado de “kafkiano”, y a las puertas de la vía judicial, Hala Bedi considera que “se ha vulnerado gravemente” su derecho a la defensa, al haber sido ignoradas y rechazadas todas las pruebas presentadas, incluyendo documentos audiovisuales y declaraciones de testigos directos que contradicen la versión policial.

Además, diversos elementos llevan a Hala Bedi a creer que, “efectivamente, nos encontraríamos ante un montaje policial”, construído no el mismo día de los hechos, sino posteriormente, como “castigo al trabajo periodístico desarrollado en Errekaleor”, y como “venganza por la denuncia pública” realizada tras la agresión sufrida aquel día.

Reconstruyendo los hechos. Silenciadas, golpeadas y, además, castigadas

¿Pero qué fue lo que ocurrió realmente durante la mañana del 18 de mayo de 2017 en el barrio de Errekaleor? ¿Por qué el periodista de Hala Bedi acabó siendo sancionado tras haber sido agredido por la policía mientras realizaba su trabajo? ¿Por qué el mismo día no se le informó de que había sido sancionado? ¿Cómo es posible que en los informes policiales no se mencione su condición de periodista, a pesar de haberse acreditado con su carnet de prensa?

Tras la agresión, así quedó el teléfono movil con el que el periodista de Hala Bedi cubría la noticia

Aquel 18 de mayo, durante una intervención policial por un corte de luz en el barrio okupado de Errekaleor, dos periodistas de Hala Bedi estuvieron cubriendo la noticia desde primera hora de la mañana. Todo el contenido publicado durante aquel día aún puede encontrarse fácilmente en internet: seguimiento minuto a minuto a través de las redes sociales, conexiones telefónicas en directo o un video que obtuvo miles de visitas durante aquellos días.

Sobre las 12.30, el periodista de Hala Bedi, Mikel Sáenz de Buruaga, fue agredido por un agente de la Ertzaintza mientras grababa la actuación policial con un teléfono movil, que quedó destrozado al ser lanzado por los aires, de forma intencionada, por el mismo agente.

Tras este suceso, identificándose en todo momento con sus carnets de prensa, ambos periodistas exigieron la identificación del agente, y pidieron explicaciones por la agresión sufrida ante uno de los mandos responsables de la operación. Sin embargo, finalmente, los identificados fueron los propios periodistas.

Comunicado público de Hala Bedi denunciando la agresión sufrida el 18 de mayo

En el caso de Mikel Sáenz de Buruaga, la Ertzaintza llegó a retirarle la acreditación de prensa, junto al DNI, durante varios minutos, sin ofrecer ninguna explicación. Finalmente, el mando devolvió al periodista ambos documentos, junto a un papel manuscrito con el supuesto número de identificación del agente responsable de la agresión.

El mando llegó a decir en ese momento: “Ya os conocemos. Sabemos que sois del entorno radical”, refiriéndose a Hala Bedi, tras contrastar sus datos y la acreditación de prensa con la central. De este modo, carece de sentido que dicha acreditación no figure en el informe policial.

Todo ello, sin advertir en ningún momento al periodista por ningún comportamiento inadecuado, y sin notificarle intención alguna de sancionarlo. De hecho, aquella misma tarde, Hala Bedi emitió un comunicado denunciando públicamente lo ocurrido.

En el siguiente video -presentado como prueba en uno de los recursos- se puede observar cómo el periodista de Hala Bedi se encontraba en Errekaleor realizando un trabajo estrictamente periodístico durante toda la mañana, desde detrás del cordón policial: grabando con un teléfono movil, difundiendo imágenes a través de las redes sociales o realizando conexiones telefónicas con la radio, en calidad de corresponsal.

Poco después de su llegada, la Ertzaintza desplegó otro cordón policial en la entrada de Errekaleor, que fue el que impidió el acceso al barrio a numerosos periodistas de otros medios de comunicación, que no pudieron cubrir los hechos desde donde se estaban produciendo. Así lo denunciaron muchos de ellos en su momento, y de hecho, algunos medios llegaron a utilizar imágenes de Hala Bedi para informar sobre la noticia.

Un proceso kafkiano. El laberinto de la Ley Mordaza y los procesos administrativos

Pancarta de denuncia tras la aplicación de la Ley Mordaza a Hala Bedi

Sin embargo, en julio, casi dos meses después de los hechos, y sin ninguna noticia previa, el Gobierno Vasco envió una notificación al periodista, imponiéndole una sanción de 602€ por una infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘Ley Mordaza’.

El expediente sancionador se basaba en un informe policial según el cual el periodista de Hala Bedi habría infringido el artículo 36.6. de dicha ley, por “desobediencia o resistencia a la autoridad” al haber sobrepasado, supuestamente, un cordón policial el 18 de mayo en Errekaleor.

Comunicado conjunto de las principales asociaciones de periodistas vascos

Unas acusaciones que tanto Hala Bedi como el periodista han negado en todo momento, considerando que la sanción se trataría de una “venganza” y de un “ataque directo a la libertad de información”.

En su momento, la asamblea de Hala Bedi decidió responder colectivamente al ataque y denunciarlo públicamente, mostrando su predisposición a “desobedecer”, no abonar la sanción y recurrirla hasta las últimas consecuencias. Esta misma asamblea planteó esta respuesta ante una “injusticia”, ya que, según explicaron, “la propia ley es injusta y los hechos imputados son falsos”.

La solidaridad y el eco mediático fueron enormes, al tratarse del segundo caso en el que un periodista vasco sufría la aplicación de la ‘Ley Mordaza’ (el primero fue Axier Lopez, periodista de Argia, a quien finalmente se le retiró la sanción) y el primero en el que era el Gobierno Vasco quien la aplicaba contra un periodista. Numerosos colectivos y asociaciones mostraron su rechazo, calificando la sanción como una “vulneración de la libertad de prensa”:

Queja presentada por la PDLI al Defensor del Pueblo

• El 28 de julio, la Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas emitieron un comunicado conjunto, denunciando este “ataque directo al derecho de información”.
• La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) también presentó una queja ante el Defensor del Pueblo, donde denunciaban el “camuflaje de las multas contra la libertad de información bajo infracciones genéricas” y el “incremento desproporcionado” de estas sanciones.
• En agosto, el Defensor del Pueblo inició actuaciones tras la queja de la PDLI. Paralelamente, Hala Bedi inició contactos con el Ararteko, quien confirmó que existía un expediente abierto por el Defensor del Pueblo.
• Recientemente, la PDLI recogía el caso en su informe ‘2017, el año de los delitos de opinión’.

También en agosto, el periodista de Hala Bedi interpuso un primer recurso administrativo. Posteriormente, tras ocho meses de proceso con un total de seis notificaciones oficiales y cinco recursos, el pasado 28 de marzo, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco notificó la resolución sancionadora en la que se confirmaba la multa contra Mikel Sáenz de Buruaga.

Hala Bedi denuncia que el periodista ha sufrido una “situación de indefensión” durante todo el proceso y que ha terminado siendo multado por “unos hechos totalmente falsos”. De este modo, entre otros muchos, critica varios elementos “constantes durante todo el laberinto de notificación-recurso-notificación”, a modo de resumen:

Resolución del Viceconsejero de Seguridad por la que se desestima el último recurso presentado por Hala Bedi / marzo 2018.

• El expediente no acredita los hechos que se pretenden sancionar. El Dpto. de Seguridad del Gobierno Vasco llega a negar que Mikel Sáenz de Buruaga se identificara en ningún momento con su acreditación de prensa, lo cual “resulta especialmente flagrante, al mentir descaradamente sobre unos hechos que varias personas vieron de primera mano y que deberían constar en las comunicaciones internas de la Ertzaintza”, según denuncia Hala Bedi.

• Sin embargo, se recurre constantemente al artículo 52 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que afirma que “las denuncias (…) formuladas por los agentes en el ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación (…), constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda”. El clásico de “su palabra contra la tuya” llevado al extremo, al no existir posibilidad alguna de demostrar lo contrario. Es más, a día de hoy, a pesar de haberlo solicitado reiteradamente, la defensa sigue sin haber recibido el acta de ratificación de los agentes que interpusieron la denuncia, imprescindible para aplicar el mencionado artículo 52.

La infracción “se considera probada” en virtud de lo establecido en el artículo 52 de la ‘Ley Mordaza’

• Se rechazan las declaraciones escritas de los dos testigos presentados, poniendo en duda su imparcialidad, al tratarse de dos compañeros de Hala Bedi. Uno fue testigo directo de los hechos y otra se encontraba en la redacción, en contacto permanente con el periodista sancionado. Así mismo, existen audios (entrevistas que concedió en directo a Hala Bedi) en los que se puede constatar que la persona acusada estaba ejerciendo su labor como periodista.

• Se rechaza la validez del video presentado como prueba, porque “no recoge en su totalidad los hechos acontecidos”. Según Hala Bedi, esta afirmación “ignora por completo el contenido del video y el hecho de que el único video que realmente podría servir como prueba definitiva se encontraría en el movil que fue destrozado”.

“La fórmula es clara: culpable hasta que se demuestre lo contrario”, denuncian desde Hala Bedi. Por ello, han mostrado su rotundo rechazo “a la sanción, a la validez de este proceso administrativo en concreto y a la propia Ley Mordaza en general”. Consideran que el proceso “se ha construido sobre una mentira” y han advertido que llegarán “hasta el final” para lograr que “esta injusticia no llegue a hacerse efectiva”.

Sin callarnos, sin mordaza. En defensa de la libertad de expresión

Manifestación contra la Ley Mordaza en Gasteiz, en julio de 2017, en el segundo aniversario de su entrada en vigor.

No se trata de un caso aislado. Se trataría del primer periodista vasco finalmente sancionado mediante la ‘Ley Mordaza’, pero el Gobierno Vasco ha aplicado esta ley más de 8.000 veces desde julio de 2016, a pesar de su compromiso de no hacerlo. Y, además, se está utilizando para vulnerar, entre otras cosas, los derechos civiles y políticos, así como la libertad de expresión, prensa e información.

No es casualidad que lo que se está castigando mediante esta ley sea, precisamente, un periodismo muy concreto, que colabora estrechamente con los movimientos sociales y que vigila de cerca, y a pie de calle, el abuso de poder o la violencia policial. Las identificaciones y las amenazas de la Ertzaintza contra periodistas, fotógrafos y personas que colaboran con Hala Bedi en el día a día son el pan de cada día durante los últimos años.

No es casualidad que, aunque posteriormente se retirara la sanción, un periodista de Argia, Axier Lopez, fuera el primer periodista vasco a quien se aplicó la Ley Mordaza. Tampoco es casualidad que otro periodista de Argia, Lander Arbelaitz, haya sido sancionado recientemente por publicar un video e información sobre otra polémica intervención de la Ertzaintza. En este último caso no se aplicó la Ley Mordaza pero la lógica es la misma: proteger al poder de un periodismo crítico, popular e incómodo. Aprovechamos estas líneas para enviar toda nuestra solidaridad a Lander y a Argia.

Así zanja el Gobierno Vasco nuestra denuncia por vulneración de la libertad de información: en siete líneas.

De todos modos, este no es un ataque contra un periodista, sino un ataque contra Hala Bedi, contra Errekaleor, contra el movimiento popular, contra la disidencia política y social, y especialmente, contra la libertad de información. Hala Bedi decidió colectivamente desobedecer esta ley excepcional, y seguirá actuando en consecuencia, porque la acusación es falsa y porque la propia ley es injusta y pone en peligro libertades básicas en una democracia. Un sistema en el que se impide a la ciudadanía acceder a toda la información y criminaliza la labor periodística, no puede considerarse democrático.

No podemos ni vamos a aceptar la premisa de la que parte este despropósito: el hecho de que el simple testimonio de un policía se eleve a prueba definitiva, supone admitir que la policía ejerce su labor con profesionalidad y el periodista no. Esto es inadmisible, ya que pone en riesgo la libertad de información, y la profesionalidad de las personas que ejercen tareas informativas. Pasar este detalle por alto implica dar carta blanca a cualquier miembro de la policía para cometer excesos contra aquellos periodistas o medios de comunicación que no son de su agrado.

Mostramos nuestra intención de agotar todas las vías jurídicas posibles y acudir a juicio para poder defender adecuadamente no sólo nuestra propia libertad de informar, si no también el derecho colectivo a la diversidad informativa.

Frente a todo ello, se abren dos posibilidades y todo un futuro en juego. Perder este juicio supondría una confirmación más de que la Ley Mordaza es un muro construido para dar vía libre a la vulneración de la libertad de prensa, a la persecución ideológica y a la impunidad policial. El siguiente paso sería profundizar en la desobediencia, el camino por el que, sin duda, optará Hala Bedi.

Ganarlo supondría la constatación de todo ello, pero también sería una pequeña victoria frente a la injusticia. Tras un proceso administrativo interminable, kafkiano y caracterizado por la indefensión jurídica y la amenaza económica para las personas con menos recursos, ganar este caso debería suponer un precedente, pequeño pero eficaz, en el camino a la derogación definitiva de la Ley Mordaza, el buque insignia de la deriva represiva de los últimos años y símbolo de su blanqueo. Y el Gobierno Vasco es cómplice de todo ello.

Mientras tanto, seguiremos realizando nuestro trabajo, como hemos hecho hasta ahora.

Ese será el mayor acto de desobediencia posible frente a esta injusticia.

Sin callarnos, sin mordaza.

Por nosotras, por todas.