Tras más de un año de proceso administrativo desde que la Ertzaintza y el Departamento de Seguridad impusieran una sanción al periodista de Hala Bedi, Mikel Sáenz de Buruaga, a quien aplicó la Ley de Seguridad Ciudadana por grabar una intervención policial en el barrio de Errekaleor (Gasteiz), el Gobierno Vasco ha decidido suspender “cautelarmente” la multa, según informa la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). Sin embargo, no se trataría de una suspensión definitiva, sino provisional, al menos hasta que finalice el juicio, que finalmente se celebrará en abril de 2019, casi dos años después de los hechos. De este modo, Buruaga todavía podría ser el primer periodista vasco sancionado con la ‘Ley Mordaza’ por parte del Gobierno Vasco.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha decidido “suspender cautelarmente” la multa impuesta en aplicación de la llamada ‘Ley Mordaza’, Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, a Mikel Sáenz de Buruaga, periodista de Hala Bedi. Sáenz de Buruaga fue sancionado, en principio, el 18 de mayo de 2017 en el barrio de Errekaleor. Así lo ha dado a conocer mediante una nota la Plataforma en Defensa de Libertad Información, que habría recibido esta información de la mano del Defensor del Pueblo, quien ha emitido un comunicado público anunciando “la finalización de las actuaciones iniciadas en su momento y el archivo de su expediente”. De esta forma, finalizaría cualquier posible intervención del Defensor del Pueblo, y la decisión final respecto a la sanción se decidirá el próximo abril de 2019 en los juzgados.

A pesar de la buena noticia, “el juzgado aún no ha admitido oficialmente dicha suspensión”, según han informado a Hala Bedi las fuentes responsables de su defensa, y el proceso judicial sigue su curso. Es decir, que a pesar de haber sido rechazados todos los recursos presentados por vía administrativa, Hala Bedi no deberá pagar la multa por ahora, y será un juez quien tome la decisión definitiva respecto a la sanción.

Además, la defensa de Hala Bedi ha podido saber que continúan las irregularidades en la gestión del caso por parte del Departamento de Seguridad, ya que el propio juzgado ha tenido que reprender al Gobierno Vasco, emitiendo un primer aviso tras no recibir el expediente administrativo del caso, tal y como había solicitado.

La ‘Ley Mordaza’, un ataque a la libertad de información

Sáenz de Buruaga fue multado con 602 euros por un supuesto incumplimiento del artículo 36.6 de la mencionada ley (“desobediencia o la resistencia a la autoridad”) por grabar una carga policial en el barrio gasteiztarra a pesar de mostrar su acreditación de prensa.

Ahora, el Defensor del Pueblo, que inició actuaciones ante la queja deja de la PDLI, informa que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco “ha desestimado el recurso de alzada que había interpuesto D. Miguel Ángel Sáenz de Buruaga González contra la Resolución del Director de la Ertzaintza de 21 de noviembre de 2017, si bien se acuerda la suspensión cautelar de la sanción impuesta de 602 euros al haber anunciado el Sr. Sáenz de Buruaga su intención de interponer recurso contencioso-administrativo”. Con esta respuesta, el Defensor del Pueblo considera cerrado este caso.

La propia PDLI también se ha querido pronunciar: “Una vez más, la sanción contra Hala Bedi pone en evidencia que las multas contra la libertad de información responden a un mismo patrón:  el de su camuflaje bajo infracciones genéricas como “desobediencia o la resistencia a la autoridad” (art. 36.6) o “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art.37.4), tal como demuestra, además, el hecho de su  incremento desproporcionado, según la última memoria del Ministerio del Interior”.

“Hasta el final”

Hala Bedi ya anunció que llegará “hasta el final” para hacer frente a lo que considera “un ataque a la libertad de información”. Un ataque que, según han denunciado, estaría “basado en un informe falso elaborado por la Ertzaintza”, por lo que acudirá a juicio contencioso-administrativo en contra de la resolución sancionadora.

También ha criticado duramente la actitud del propio Gobierno Vasco, al aplicar “una ley injusta que vulnera los derechos civiles y políticos” y dar “cobertura institucional a un montaje policial”. Más aún, teniendo en cuenta que el Parlamento Vasco adoptó el compromiso de no aplicar dicha ley.

Al final del proceso administrativo, que han tildado de “kafkiano”, Hala Bedi considera que se ha vulnerado gravemente su derecho a la defensa, al haber sido ignoradas y rechazadas todas las pruebas presentadas, incluyendo documentos audiovisuales y declaraciones de testigos directos que contradicen la versión policial.

Además, diversos elementos llevan a Hala Bedi a creer que, “efectivamente, nos encontraríamos ante un montaje policial”, construído no el mismo día de los hechos, sino posteriormente, como “castigo al trabajo periodístico desarrollado en Errekaleor”, y como “venganza por la denuncia pública” realizada tras la agresión sufrida aquel día.

Reconstruyendo los hechos. Silenciadas, golpeadas y, además, castigadas

¿Pero qué fue lo que ocurrió realmente durante la mañana del 18 de mayo de 2017 en el barrio de Errekaleor? ¿Por qué el periodista de Hala Bedi acabó siendo sancionado tras haber sido agredido por la policía mientras realizaba su trabajo? ¿Por qué el mismo día no se le informó de que había sido sancionado? ¿Cómo es posible que en los informes policiales no se mencione su condición de periodista, a pesar de haberse acreditado con su carnet de prensa?

Aquel 18 de mayo, durante una intervención policial por un corte de luz en el barrio okupado de Errekaleor, dos periodistas de Hala Bedi estuvieron cubriendo la noticia desde primera hora de la mañana. Todo el contenido publicado durante aquel día aún puede encontrarse fácilmente en internet: seguimiento minuto a minuto a través de las redes sociales, conexiones telefónicas en directo o un video que obtuvo miles de visitas durante aquellos días.

Sobre las 12.30, el periodista de Hala Bedi, Mikel Sáenz de Buruaga, fue agredido por un agente de la Ertzaintza mientras grababa la actuación policial con un teléfono movil, que quedó destrozado al ser lanzado por los aires, de forma intencionada, por el mismo agente.

Tras este suceso, identificándose en todo momento con sus carnets de prensa, ambos periodistas exigieron la identificación del agente, y pidieron explicaciones por la agresión sufrida ante uno de los mandos responsables de la operación. Sin embargo, finalmente, los identificados fueron los propios periodistas.

En el caso de Mikel Sáenz de Buruaga, la Ertzaintza llegó a retirarle la acreditación de prensa, junto al DNI, durante varios minutos, sin ofrecer ninguna explicación. Finalmente, el mando devolvió al periodista ambos documentos, junto a un papel manuscrito con el supuesto número de identificación del agente responsable de la agresión.

El mando llegó a decir en ese momento: “Ya os conocemos. Sabemos que sois del entorno radical”, refiriéndose a Hala Bedi, tras contrastar sus datos y la acreditación de prensa con la central. De este modo, carece de sentido que dicha acreditación no figure en el informe policial.

Todo ello, sin advertir en ningún momento al periodista por ningún comportamiento inadecuado, y sin notificarle intención alguna de sancionarlo. De hecho, aquella misma tarde, Hala Bedi emitió un comunicado denunciando públicamente lo ocurrido.

En el siguiente video -presentado como prueba en uno de los recursos- se puede observar cómo el periodista de Hala Bedi se encontraba en Errekaleor realizando un trabajo estrictamente periodístico durante toda la mañana, desde detrás del cordón policial: grabando con un teléfono movil, difundiendo imágenes a través de las redes sociales o realizando conexiones telefónicas con la radio, en calidad de corresponsal.

Poco después de su llegada, la Ertzaintza desplegó otro cordón policial en la entrada de Errekaleor, que fue el que impidió el acceso al barrio a numerosos periodistas de otros medios de comunicación, que no pudieron cubrir los hechos desde donde se estaban produciendo. Así lo denunciaron muchos de ellos en su momento, y de hecho, algunos medios llegaron a utilizar imágenes de Hala Bedi para informar sobre la noticia.

Un proceso kafkiano. El laberinto de la Ley Mordaza y los procesos administrativos

Sin embargo, en julio, casi dos meses después de los hechos, y sin ninguna noticia previa, el Gobierno Vasco envió una notificación al periodista, imponiéndole una sanción de 602€ por una infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘Ley Mordaza’.

El expediente sancionador se basaba en un informe policial según el cual el periodista de Hala Bedi habría infringido el artículo 36.6. de dicha ley, por “desobediencia o resistencia a la autoridad” al haber sobrepasado, supuestamente, un cordón policial el 18 de mayo en Errekaleor.

Unas acusaciones que tanto Hala Bedi como el periodista han negado en todo momento, considerando que la sanción se trataría de una “venganza” y de un “ataque directo a la libertad de información”.

En su momento, la asamblea de Hala Bedi decidió responder colectivamente al ataque y denunciarlo públicamente, mostrando su predisposición a “desobedecer”, no abonar la sanción y recurrirla hasta las últimas consecuencias. Esta misma asamblea planteó esta respuesta ante una “injusticia”, ya que, según explicaron, “la propia ley es injusta y los hechos imputados son falsos”.

La solidaridad y el eco mediático fueron enormes, al tratarse del segundo caso en el que un periodista vasco sufría la aplicación de la ‘Ley Mordaza’ (el primero fue Axier Lopez, periodista de Argia, a quien finalmente se le retiró la sanción) y el primero en el que era el Gobierno Vasco quien la aplicaba contra un periodista. Numerosos colectivos y asociaciones mostraron su rechazo, calificando la sanción como una “vulneración de la libertad de prensa”:

• El 28 de julio, la Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas emitieron un comunicado conjunto, denunciando este “ataque directo al derecho de información”.
• La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) también presentó una queja ante el Defensor del Pueblo, donde denunciaban el “camuflaje de las multas contra la libertad de información bajo infracciones genéricas” y el “incremento desproporcionado” de estas sanciones.
• En agosto, el Defensor del Pueblo inició actuaciones tras la queja de la PDLI. Paralelamente, Hala Bedi inició contactos con el Ararteko, quien confirmó que existía un expediente abierto por el Defensor del Pueblo.
• Recientemente, la PDLI recogía el caso en su informe ‘2017, el año de los delitos de opinión’.

También en agosto, el periodista de Hala Bedi interpuso un primer recurso administrativo. Posteriormente, tras ocho meses de proceso con un total de seis notificaciones oficiales y cinco recursos, el pasado 28 de marzo, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco notificó la resolución sancionadora en la que se confirmaba la multa contra Mikel Sáenz de Buruaga.

Hala Bedi denuncia que el periodista ha sufrido una “situación de indefensión” durante todo el proceso y que ha terminado siendo multado por “unos hechos totalmente falsos”. De este modo, entre otros muchos, critica varios elementos “constantes durante todo el laberinto de notificación-recurso-notificación”, a modo de resumen:

• El expediente no acredita los hechos que se pretenden sancionar. El Dpto. de Seguridad del Gobierno Vasco llega a negar que Mikel Sáenz de Buruaga se identificara en ningún momento con su acreditación de prensa, lo cual “resulta especialmente flagrante, al mentir descaradamente sobre unos hechos que varias personas vieron de primera mano y que deberían constar en las comunicaciones internas de la Ertzaintza”, según denuncia Hala Bedi.

• Sin embargo, se recurre constantemente al artículo 52 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que afirma que “las denuncias (…) formuladas por los agentes en el ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación (…), constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda”. El clásico de “su palabra contra la tuya” llevado al extremo, al no existir posibilidad alguna de demostrar lo contrario. Es más, a día de hoy, a pesar de haberlo solicitado reiteradamente, la defensa sigue sin haber recibido el acta de ratificación de los agentes que interpusieron la denuncia, imprescindible para aplicar el mencionado artículo 52.

• Se rechazan las declaraciones escritas de los dos testigos presentados, poniendo en duda su imparcialidad, al tratarse de dos compañeros de Hala Bedi. Uno fue testigo directo de los hechos y otra se encontraba en la redacción, en contacto permanente con el periodista sancionado. Así mismo, existen audios (entrevistas que concedió en directo a Hala Bedi) en los que se puede constatar que la persona acusada estaba ejerciendo su labor como periodista.

• Se rechaza la validez del video presentado como prueba, porque “no recoge en su totalidad los hechos acontecidos”. Según Hala Bedi, esta afirmación “ignora por completo el contenido del video y el hecho de que el único video que realmente podría servir como prueba definitiva se encontraría en el movil que fue destrozado”.

“La fórmula es clara: culpable hasta que se demuestre lo contrario”, denuncian desde Hala Bedi. Por ello, han mostrado su rotundo rechazo “a la sanción, a la validez de este proceso administrativo en concreto y a la propia Ley Mordaza en general”. Consideran que el proceso “se ha construido sobre una mentira” y han advertido que llegarán “hasta el final” para lograr que “esta injusticia no llegue a hacerse efectiva”.

Sin callarnos, sin mordaza. En defensa de la libertad de expresión

No se trata de un caso aislado. Se trataría del primer periodista vasco finalmente sancionado mediante la ‘Ley Mordaza’, pero el Gobierno Vasco ha aplicado esta ley más de 8.000 veces desde julio de 2016, a pesar de su compromiso de no hacerlo. Y, además, se está utilizando para vulnerar, entre otras cosas, los derechos civiles y políticos, así como la libertad de expresión, prensa e información.

Este no es un ataque contra un periodista, sino un ataque contra Hala Bedi, contra Errekaleor, contra el movimiento popular, contra la disidencia política y social, y especialmente, contra la libertad de información. Hala Bedi decidió colectivamente desobedecer esta ley excepcional, y seguirá actuando en consecuencia, porque la acusación es falsa y porque la propia ley es injusta y pone en peligro libertades básicas en una democracia. Un sistema en el que se impide a la ciudadanía acceder a toda la información y criminaliza la labor periodística, no puede considerarse democrático.

No podemos ni vamos a aceptar la premisa de la que parte este despropósito: el hecho de que el simple testimonio de un policía se eleve a prueba definitiva, supone admitir que la policía ejerce su labor con profesionalidad y el periodista no. Esto es inadmisible, ya que pone en riesgo la libertad de información, y la profesionalidad de las personas que ejercen tareas informativas. Pasar este detalle por alto, implica dar carta blanca a cualquier policía para cometer excesos contra aquellos periodistas o medios de comunicación que no son de su agrado.

En las próximas semanas, Hala Bedi presentará un recurso contencioso-administrativo contra la resolución sancionadora. Así, mostramos nuestra intención de agotar todas las vías jurídicas posibles y acudir a juicio para poder defender adecuadamente no sólo nuestra propia libertad de informar, si no también el derecho colectivo a la diversidad informativa.

Además, durante los próximos días, Hala Bedi comparecerá ante la Comisión de Seguridad del Parlamento Vasco para denunciar este ataque a la libertad de información, solicitar la suspensión de la sanción y exigir al Parlamento Vasco que cumpla su compromiso de no aplicar la ‘Ley Mordaza’.