El Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo se inaugura este martes, 1 de junio. Al acto acudirán, entre otros, el lehendakari, Iñigo Urkullu, los Reyes de España y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Ante esta situación, la  Memoria Osoa ha convocado una concentración a las 12.00 horas en la Plaza de los Fueros de Vitoria-Gasteiz bajo el lema Memoria osoa por la convivencia, no a la discriminación entre vulneraciones de derechos humanos. En ella rechazarán el “planteamiento discriminatorio” del Memorial. Junto a ello, reivindicarán la necesidad de poner en marcha “dinámicas basadas en una memoria integral que incluya todas las vulneraciones de derechos humanos” y que la convivencia debe construirse “sin ningún tipo de exclusión”.

Durante los cinco meses de vida, los grupos que integran esta red de la memoria han denunciado que el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo es “un ataque a la convivencia” y han expresado su rechazo porque “se basa en un planteamiento excluyente”. De hecho, critican, ha dejado “fuera” a miles de víctimas de la violencia provocada por los aparatos del Estado.

El centro tomará como referencia el año 1960 para organizar sus contenidos. “Esta fecha es totalmente aleatoria en medio de la dictadura franquista y no se corresponde con la realidad que debe recogerse en el mapa del sufrimiento provocado tarde y temprano por el terrorismo de Estado en sus múltiples formas: fusilamientos, ejecuciones extrajudiciales, tortura…”, denuncia Memoria Osoa.

“Son muchas las heridas que han causado las múltiples expresiones de violencia en nuestro país, durante décadas de conflicto. No queremos ni podemos olvidar todas esas vulneraciones de derechos humanos que hemos sufrido “, han señalado. “Pero, lamentablemente, hoy tenemos que ver cómo van a abrir un centro que aborda de forma fragmentada nuestra memoria colectiva y que excluye buena parte de la realidad”.

Las asociaciones por la memoria histórica consideran que todo ello es “un problema para la convivencia”, por lo que reclaman proyectos y dinámicas “constructivas e integrales” que tengan en cuenta todas las vulneraciones de derechos humanos. Este es, a su juicio, “El punto de partida para construir la paz y la convivencia”.

Consideran que “promover una convivencia amistosa y democrática es responsabilidad de toda la sociedad y una obligación de los poderes públicos”. Asimismo, han reivindicado que “la memoria de la tragedia provocada durante décadas por violencias de distinto origen debe servir para garantizar que no se repita”.

En este sentido, han exigido la puesta en marcha de “iniciativas en las que toda la sociedad se sienta representada”, sin silenciar “la realidad que vive una parte”.