Testigos del ‘Caso De Miguel’ confiesan que la exalcaldesa de Zambrana (PNV) tenía interés familiar en la recalificación
Dos testigos reconocieron en la sesión del miércoles que la exalcaldesa María Justina Angulo (EAJ-PNV) tenía un interés familiar en la fallida operación de recalificación de terrenos en esa localidad porque una tía y su madre tenían fincas afectadas, y que intervino en el proceso de negociación de los precios.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Araba que juzga el denominado Caso De Miguel, ha comenzado a analizar la fallida operación de recalificación de terrenos en Zambrana para instalar un polígono industrial.
Dos testigos han reconocido que la exalcaldesa de dicho pueblo, María Justina Angulo (EAJ-PNV) tenía un interés familiar en la fallida operación de recalificación de terrenos en esa localidad porque una tía y su madre tenían fincas afectadas, y que intervino en el proceso de negociación de los precios.
Por esta causa en el banquillo de los acusados está sentada, entre otros, la que fuera alcaldesa por el EAJ-PNV de Zambrana María Justina Angulo, para quien se pide 4 años y medio de cárcel.
En la sesión del miércoles comparecieron como testigos un empleado de la entidad bancaria Ipar Kutxa y su superior, director de zona de Araba, que participaron en la negociación para fijar los precios de la opción de compra entre los propietarios de las fincas y el grupo Riera, promotor del futuro polígono que al final no se hizo.
El primero reconoció a preguntas del Fiscal que entre esos terrenos había fincas de una tía de la entonces alcaldesa y de su madre, y que Angulo intervino en la negociación de la opción de compra en el caso de la primera porque su tía estaba en una residencia.
Preguntado por si la exalcaldesa tuvo algún papel activo en el caso de la finca de su madre, el empleado respondió con un “no lo recuerdo”.
“Me imagino que doña Justina en representación de los intereses de su familia quería el mayor precio posible por la finca” interpeló el Ministerio Público al testigo. De hecho, el fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, ha cifró en 140.000 euros el dinero por las dos fincas de los familiares de la exalcaldesa.
También el que era director de zona de Ipar Kutxa constató que la exalcaldesa asesoró a su tía y a preguntas de la Fiscalía sobre ese hecho dado su cargo político, asegurando que eso es algo que él no tenía que juzgar.
Ambos reconocieron que durante todo el proceso de negociación de la opción de compra no se hizo ningún documento escrito con los propietarios agricultores.
La condición que establecía Ipar Kutxa, que en 2012 se fusionó con Caja Laboral, en esta asesoría era que los vendedores se hicieran clientes e ingresaran el dinero recibido por la venta de los terrenos, unos 14 millones, en la caja, tal y como han explicado los dos testigos.
Los dos también dijeron durante su intervención que en esta operación nunca escucharon el nombre de la empresa Kataia, firma sobre la que supuestamente pivotaba la trama corrupta, aunque han reconocido contactos con Sidepur, cuyos principales responsables, Jesús Arruti Odriozola y Jesús José Arruti Letemendia, también están acusados en esta causa.
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