Dos de los cuatro jóvenes juzgados por participar en la huelga general de 2020 han sido condenados por el Juzgado de lo Penal número 2 a nueve meses de prisión por un delito de desórdenes públicos. El juez ha dado por válida la identificación de la Policía Nacional, según los cuales los jóvenes “tenían una clara intención de perturbar la paz social”.

La sentencia no supondrá su ingreso en prisión al carecer de antecedentes penales. La sentencia no es firme y la posibilidad de recurrir está abierta.

El 30 de enero de 2020, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta o Carta de Derechos Sociales convocó una huelga general en Hego Euskal Herria. Miles y miles de personas salieron a la calle en una jornada de movilizaciones, piquetes u otro tipo de protestas. Meses después, en noviembre de 2020, la Policía Nacional llevó a declarar a cuatro jóvenes acusados de provocar incidentes.

El 23 de noviembre se había celebrado el juicio en el Palacio de Justicia de Gasteiz, donde decenas de personas movilizadas por la Carta de Derechos Sociales denunciaron el “montaje policial” y pidió la absolución de los jóvenes.

En el juicio, identificaron a los jóvenes agentes de la Brigada de Información de la Policía Nacional. El juez Roberto Ramos ha dado el visto bueno a estas identificaciones a partir de vídeos de incidentes ocurridos en las inmediaciones del centro comercial Corte Inglés, vídeos publicados en las redes sociales.

Según publica hoy el diario El Correo, “los ojos clínicos de los investigadores conocían a los jóvenes de anteriores incidentes”. El juez considera que “algunos desconocidos están encapuchados, pero sus siluetas coinciden con las de los dos procesados”. Además, el juez sostiene que en alguna de las imágenes se les ve la cara, dando por bueno que uno de los jóvenes haya sido identificado por su “nariz muy característica”.

Al fin y al cabo, las acciones imputadas son dos: dar una patada a una puerta del Corte Inglés, y encender un petardo. “Tenían una clara intención de perturbar la paz pública, actuaban en grupo y los dos procesados estaban entre ellos”, ha dicho el juez.

Los dos jóvenes condenados reconocieron en el juicio su participación en la manifestación, pero negaron haber causado incidentes. Por su parte, la Carta de Derechos Sociales denunció que el juicio pretendía “intimidar y criminalizar a todos los que luchamos en defensa de los derechos sociales”, subrayando que “luchar por un trabajo, pensiones y vidas dignas no es delito”.