Convocados por Salhaketa, varios colectivos comparecieron durante la mañana del miércoles para denunciar la última muerte en la prisión alavesa de Zaballa, la cuarta en lo que va de año en la misma prisión.

Las entidades firmantes -Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos,  Asociación Esculca de Galicia, Jaiki Hadi, Centro de Documentación y Denuncia de la Tortura de Madrid, Oteando, Salhaketa, Comisión Legal Sol de Madrid, Asociación Pro-derechos Humanos de Andalucía, Comisión de Defensa del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, Etxerat, Pastoral Penitenciaria de Alava, Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de Cataluña y Asociación de Cristiana para la abolición de la Tortura- han mostrado su preocupación por la aparición de estos cuatro presos muertos, y, según han añadido, al menos tres de ellos eran menores de 30 años.

Nueve medidas para garantizar la no-repetición

Los colectivos firmantes, entre los que se encuentran Pastoral Penitenciaria y ADAP (Asociación de Ayuda a Personas Presas) -ambos entran de forma habitual dentro de la cárcel-, también han tomado la palabra y han querido poner sobre la mesa nueve medidas de apoyo a familiares y garantías de no-repetición:

• Que el Ministerio Fiscal no se inhiba e investigue siempre de oficio las muertes bajo custodia del Estado.
• Que las direcciones de las prisiones “informen con imparcialidad” a las familias y no se limiten a buscar que se incinere el cadáver para poder evitar autopsias posteriores que esclarezcan las circunstancias en la que se han producido las muertes.
• Garantías para que los familiares de personas presas puedan transmitir incidencias a la dirección de la cárcel sin que ello suponga “represalia de ningún tipo” para el familiar preso.
• Que se faciliten a las familias “todos los apoyos necesarios” para poder solicitar las responsabilidades civiles y penales que se desprenden del “mal funcionamiento” de la administración de justicia.
• El desarrollo de las medidas de sustitución de la condena en fase ejecutoria por el cumplimiento en programas de deshabituación de las drogodependencias dentro y sobre todo fuera de las prisiones que “han demostrado su mayor eficacia en la prevención y lucha contra el delito”.
• La “inmediata excarcelación”, tal y como contempla la ley, de las personas presas gravemente enfermas, así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen “la inducción al suicidio”.
• Reforma de la legislación penal y penitenciaria que “alarga innecesariamente” las condenas.
• La aplicación de la actual legalidad vigente que garantice el acceso a permisos de salida, tercer grado, libertad condicional y medidas sustitutorias a la prisión. En este sentido, ven la necesidad de contar con otro juzgado de vigilancia penitenciaria en Araba para dar salida a todos los asuntos de su competencia.
• La reducción del número de reos “debe ser uno de los objetivos de cualquier política penitenciaria que se precie, así como el cumplimiento de las condenas en el centro más cercano al lugar habitual de residencia”.