Benetako Green denuncia ante la fiscalía al ayuntamiento por su intención de proceder al derribo de 124 viviendas, sin una modificación PGOU
Benetako Green denuncia al Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, ante la Fiscalía, por su intención de proceder al derribo de 124 viviendas públicas en Olárizu, tras haberse aprobado por la Mesa de Contratación, del día 13 de Abril, la propuesta de adjudicación del contrato de derribo de las viviendas.
La denuncia está sustentada en el hecho de que estas viviendas públicas están acordes con la ordenación del actual Plan General, no son susceptibles de ser declaradas en situación legal de ruina, y no se ha aprobado ninguna modificación del Plan General de Vitoria que permita el derribo y la reordenación del actual espacio de las 124 viviendas públicas.
La denuncia constata que en 2009 se iniciaron, por parte del Gabinete del Sr. Lazcoz, los trámites para la Modificación Puntual, en Olárizu, del Plan General, para así proceder a derribo de las 124 viviendas y posterior ordenación de 340 nuevas viviendas. Dicha Modificación Puntual iniciada por el Gabinete del Sr. Lazcoz, fue desistida y archivada en 2015 por el Gabinete del Sr. Urtaran, no habiendo, en estos momentos, ningún planeamiento urbanístico que habilite el derribo.
En la denuncia se considera que la demolición de las 124 viviendas públicas, una vez desocupadas, sin esperar a una Modificación del Plan General, no sería conforme a derecho, y estaríamos ante una vía de hecho de la Administración Municipal, con la apariencia formal proyecto de demolición, pero sin cobertura legal.
La demolición de las 124 viviendas, sin una situación legal de ruina, de forma anticipada a la previa formalización y aprobación, con publicidad y participación pública, del correspondiente instrumento de ordenación, impidiendo, de forma irreversible, distintas alternativas, sin siquiera un análisis de de la viabilidad económica de las mismas, con un perjuicio irreparable para patrimonio municipal, sería calificables de decisión arbitraria, desproporcionada y lesiva a los intereses públicos.
Dicha actuación, por su entidad y escala, desbordaría el mero ilícito administrativo, para poderse calificar por los Tribunales de justicia de un delito de prevaricación, en la que podrían incurrir tanto los funcionarios en la emisión de los informes relativos al expediente de demolición como la autoridad que lo autorizase o votase.
Esta denuncia, presentada por la plataforma ciudadana Benetako Green, es continuación de la que presentamos el 29 de Marzo ante la misma Fiscalía, motivada por el incumplimiento, por parte del Ayuntamiento y durante una década, de su obligación de conservación –en condiciones de seguridad, salubridad y decoro– un bien público tan necesario hoy en día.
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