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Una nueva identificación de la Policía Local de Gasteiz en los servicios sociales ha terminado en un expediente de expulsión. No es la primera vez que conocemos una noticia de este tipo, pero esta vez, la denuncia ha llegado desde el grupo municipal de EH Bildu.

Según han dado a conocer, el pasado 15 de junio, el mismo día que se constituyó la nueva corporación municipal con el jeltzale Gorka Urtaran de alcalde, un usuario de los Servicios Municipales de Urgencia Social (SMUS) de Gasteiz fue identificado por agentes de la Policía Local y posteriormente trasladado a dependencias de la Policia Nacional Española, donde fue detenido, ingresado en una celda, y se le notificó un expediente de expulsión.

Teniendo en cuenta que las personas usuarias del SMUS están en una situación de especial vulnerabilidad, lo sucedido es más que preocupante. «En Gasteiz solicitar el apoyo de los servicios sociales puede suponer la detención de personas. ¿Estamos criminalizando a las personas usuarias de estos servicios? Espacios de atención de urgencia no pueden convertirse en la puerta de acceso a detenciones y vulneración de derechos básicos por motivos de raza o lugar de nacimiento», ha explicado la coalición.

No es un caso aislado

No es la primera vez que se da un caso de estas características. El pasado 4 de marzo, la Plataforma por los Derechos Sociales de Gasteiz (PDS) compareció ante la Comisión de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Gasteiz. El motivo que llevó a la plataforma a pedir la comparecencia era la solicitud de explicaciones acerca de las identificaciones que la Policía Local de Gasteiz realiza en los servicios sociales dependientes del departamento que dirigía Peio López de Munain (PSE).

En el Consistorio Local denunciaron que en abril del año pasado fueron conocedoras de una situación en la que un vecino gasteiztarra de nacionalidad venezolana acudió junto a dos personas de nacionalidad española a solicitar un vale de comedor al servicio municipal de urgencias sociales. Los dos compañeros del venezolano fueron atendidos con normalidad y el venezolano fue retenido, sin ser atendido en su demanda social, y trasladado a las dependencias de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional para que se le realizara una orden de expulsión por encontrarse en situación documental irregular.

El concejal negó que exista un protocolo para identificar a las personas extranjeras en situación irregular en dependencias municipales y dijo que las identificaciones «en ningún caso»
tienen por objetivo el control de la situación legal de las personas usuarias, asegurando que solo podía tratarse de «un caso puntual».

Los hechos del 15 de junio ponen de manifiesto que no se trató de un caso aislado.

En este sentido, desde la PDS proponen un protocolo que garantice que no se realicen injerencias en su trabajo por parte de la Policía Local para garantizar el deber de confidencialidad y de secreto profesional de las profesionales y a evitar dificultades en los puestos de trabajo.