¿PRESOS POLÍTICOS  EN DEMOCRACIA? CLARO QUE SÍ

Entre los muchos disparates argumentales que se utilizan contra el movimiento independentista catalán, llama la atención, por la seguridad cuasi dogmática con que se utiliza,  la idea de que en una democracia no puede haber presos políticos.

Recupero aquí, en respuesta a tal afirmación, algunos  extractos de un artículo firmado por la asociación de DDHH ARGITUZ, en 2013, antes del estallido de la cuestión catalana.

“¿Puede haber presos políticos en  una democracia? Claro que sí. Ningún sistema de gobierno es perfecto, y la democracia tampoco lo es. Así que, cuanto más mejoremos la democracia, menos imperfecciones tendrá; y también habrá menos presos políticos. Una democracia supuestamente tan bien reputada como la británica ha ocasionado víctimas de violencia de motivación política y presos políticos. Recuérdense si no los casos de los seis de Birmingham, los siete de Maguire y los cuatro de Guilford.

Es posible que haya quien niegue la existencia de presos políticos en una democracia como forma de negar a determinadas personas sus derechos  de acuerdo con el derecho internacional. En este caso, no se trataría de miopía, sino de no querer ver”.

Sin embargo, se nos repite, una y otra vez, que puesto que España es una democracia y en las democracias no hay presos políticos los activistas y consejeros catalanes encarcelados no pueden ser presos políticos.

Pero el análisis de los fenómenos políticos y sociales no responde a argumentos lógicos de ese tipo, pues son sistemas graduales y  complejos; de modo que perfectamente puede haber democracias formales con mayores o menores tintes dictatoriales, con mayor o menor separación de poderes, o más o menos garantistas… Pues en política las cosas no son blancas o negras, sino que responden a una amplia gama de grises como vemos en numerosos ejemplos dentro y fuera del ámbito europeo.

De manera, que deberemos analizar el  caso concreto en cuestión  (en esta ocasión  la detención y encarcelamiento de los independentistas catalanes) y ese análisis  nos debería servir para conocer mejor la mayor o menor calidad democrática del Reino de España; y nunca  al revés, es decir calificar el caso concreto  en base al sistema político, pues esto supone un apriorismo a todas luces absurdo.

Se dice también, reforzando el argumento, que considerar presos políticos a los independentistas catalanes  es una ofensa para los presos políticos del franquismo, y de nuevo se recurre a la misma trampa argumental.

Pues de la misma forma se podría decir, por ejemplo, que llamar presos políticos a los encerrados con Franco en Carabanchel supone una ofensa a los que estuvieron en los campos de concentración nazis en Francia, que esos sí que lo pasaron realmente mal.

Como si ser o no  preso político fuera una cuestión de pedigrí represivo.

En cualquier caso, no deja de ser curioso que sean algunos miembros de partidos como el PC, que negociaron la ley de amnistía (concebida como ley de punto final) y que transigieron con la amnesia colectiva al respecto, los que utilizan hoy en día semejantes argumentos disparatados, que en su caso  rayan con el  cinismo.

O que periodistas y políticos que han negado a sabiendas el uso sistemático de la tortura en la democracia española, añadan al argumento que a los presos del franquismo incluso se les llegaba a torturar, no como a “estos catalanes”, que sólo están encarcelados sin más.

Blanco y en botella suele ser leche, y el caso de los encarcelados independentistas responde en general a la definición de preso político según los estándares internacionales de DDHH. Ello debería llevar a reflexionar sobre la calidad democrática del Reino de España, en vez de obcecarse en negar la mayor  con argumentos falaces que no sirven para avanzar en la mejora de esa democracia.