Marta Macho, la tercera anestesista que hizo públicas las supuestas filtraciones de exámenes de esta OPE, declaró el martes en los tribunales de Gasteiz. Sin embargo, un día más tarde, el sindicato ESK comunicó que a la anestesista que confirmó las filtraciones en los tribunales Osakidetza le rescindirían su contrato este mismo viernes 31 de mayo.

A día de hoy, Macho trabaja como anestesista en Debagoiena y cuenta con un contrato de sustitución de una persona que tenía una reducción de jornada. Según le explicaron a Macho, la persona a la que está sustituyendo va a coger una excedencia y, por ello, su contrato finiquitaba. Pero ESK no lo veía con buenos ojos desde los inicios: “Según la normativa de contratación de Osakidetza esto no puede ser. Una persona que esta haciendo la sustitución de otra tiene que continuar en el mismo puesto de trabajo para dar estabilidad a la contratación”, informaban en los mismos tribunales fuentes sindicales.

Pues bien, según ha sabido Hala Bedi, gracias a la denuncia pública de los sindicatos -entre los que se encuentra ESK- y de los medios de comunicación, Osakidetza se ha visto obligada a cumplir la legalidad y dar la interinidad que le correspondía a Marta Macho. Así se lo han hecho saber el mismo viernes, día en el que pretendían rescindir su contrato.

Declaraciones en marcha

Los testigos e investigados por las presuntas irregularidades de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Osakidetza comenzaron a declarar el martes 28 ante la jueza de Gasteiz que investiga este caso.

Entre los testigos figura la ex directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que compareció ante la titular del juzgado de instrucción número 2 de Gasteiz el miércoles.

Ese mismo día también declararon dos de los médicos que denunciaron irregularidades, Manoel Martínez –que denunció su caso en Hala Bedi-, y Roberto Sánchez, mientras que Marta Macho, la tercera anestesista que hizo públicas las supuestas filtraciones de exámenes de esta OPE lo hizo el martes y se ratificó en su denuncia al igual que dus dos compañeros.

El jueves 30 fue el turno de tres jefes de servicio, César Augusto Valero, Reyes Vega y José Luis Cabriada, como presuntos responsables de los delitos de infidelidad en la custodia de documentos y de revelación de secreto por funcionario público por supuestamente haber filtrado a algunos opositores las pruebas de Anestesiología, Angiología y Digestivo, respectivamente.

Este proceso judicial se inició raíz de las denuncias presentadas por los sindicatos ESK y LAB y después de que la Fiscalía Superior abriera diligencias para investigar si hubo irregularidades en 19 especialidades médicas en las últimas oposiciones a la sanidad vasca. Estas denuncias han llevado a Osakidetza a repetir cinco exámenes de tres categorías.

Tras su investigación, el fiscal vio indicios de delito por parte de los tres jefes de servicio citados y pidió a la jueza que los llamara a declarar como imputados. Solicitó asimismo la declaración de tres altos cargos de Osakidetza: el dimitido director de Recursos Humanos Juan Carlos Soto, el subdirector de Recursos Humanos, Xabier Balerdi, y el director de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay.

Según las fuentes, aún no hay fecha para que estos presten declaración en el juzgado de instrucción 2 de Gasteiz, ya que serán llamados al final de la instrucción, de manera que en función del resultado de las diligencias previas se decidirá si comparecen como testigos o como imputados.

La polémica por esta OPE, en la que participaron 72.500 personas, motivó la dimisión del consejero, Jon Darpón, y de los ya mencionados Soto y Múgica, mientras que el director Económico del Servicio Vasco de Salud, Ricardo Ituarte, fue destituido.