“Las cloacas del Estado siguen funcionando para mentir”. Son declaraciones del Secretario General de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, semanas antes de las elecciones del 28 de abril, cuando se supo que estaba siendo espiado por las conocidas «cloacas del Estado». No es para menos, y es que en la campaña electoral de 2016 se denunció la sustracción de un teléfono móvil de una colaboradora del gabinete de Iglesias, que contenía información sobre el secretario general y el partido. Todo ello acabaría publicado en diversos medios de comunicación en julio de 2016.

Lo que parecía ser un hecho más que grave no resonó con tanta fuerza en Euskal Herria, quizás porque las vecinas de los siete territorios ya habían escuchado episodios de un calibre similar.

Abril de 1998: el «pinchazo» al descubierto

Escuchado o vivido de cerca, como así les paso en abril de 1998 a varios militantes de la Izquierda Abertzale y a quienes se encontraban en la sede de HB de la calle Ramiro de Maeztu, en Gasteiz. Así es: espiaban durante años, con poco disimulo (o no), la sede de Herri Batasuna en Gasteiz.

Se descubrió a primera hora del último día de marzo del 98, cuando varios técnicos que había contratado la formación abertzale para la realización del cambio de centralita, entre ellos un trabajador de Telefónica, se dieron cuenta de varias anomalías en la sede: se habían realizado, entre otras cosas, derivaciones en varias líneas de teléfonos, tanto internas como externas.

Los técnicos lo tenían claro: esas derivaciones iban al piso superior izquierda, algo que comunicaron inmediatamente a los miembros de Irubide. Por si había dudas, decidieron retirar las lámparas fluorescentes del techo y comprobaron la existencia de cables que colgaban y otros que ascendían hasta el suelo de la tarima del primer piso.

Unos cables eran de color blanco –comunicaciones telefónicas– y otros de color negro –imágenes y datos informáticos-. La primera inspección ocular realizada por HB situaba la cantidad de líneas pinchadas en alrededor de 20.

Al menos dos años de seguimientos

Entre ikurriñas y demás banderas, se podía observar desde el exterior del edificio un tubo que recubría varios cables que salía de Irubide y se elevaba unos metros hasta introducirse en el primero izquerda. El disimulo era mínimo y así lo hizo constar HB en una denuncia presentada en los juzgados horas después del descubrimiento.

Tal y como relata a Hala Bedi un testigo directo de aquellos hechos, fue en el mismo instante en que se descubrieron los cables cuando empezaron a percibirse ruidos y movimientos de personas en el piso superior a la sede. Minutos más tarde, al salir al exterior, los militantes de HB pudieron ver cómo varios hombres de «treinta y pico» años abandonaban el lugar precipitadamente.

Llevaban con ellos bolsas de deporte «bastante repletas», según apuntaron por aquel entonces al diario Egin, en un artículo escrito por Oskar Bañuelos. Uno de ellos, además, fue identificado como el hombre que tenía alquilado el piso superior. Se da la circunstancia de que la persona reconocida estuvo varias veces en el interior de la sede, ya que dos años antes del «pillote» se le escapó agua de la bañera y produjo goteras en la parte trasera de Irubide.

Ese piso, el primero izquierda, estaba en régimen de alquiler y en su buzón figuraba el nombre de Miguel Navarro González, aunque no se pudo confirmar que el nombre se correspondiera con la persona que se dio a la fuga.

Cableado realizado desde el interior de la sede

Expertos en electrónica consultados por HB lo tenían claro: se necesitaban uno o dos días para realizar todos los «pinchazos» y se tuvo que hacer desde el interior de la sede.

Egin desveló entonces que en el momento en el que los representantes de la formación abertzale se encontraban en los juzgados para interponer la denuncia correspondiente, apareció por la sede judicial el entonces delegado del Gobierno español en la CAV, Enrique Villar. Una «casualidad», que HB interpretaba como una «necesidad que Villar tenía de interesarse por los hechos».

Los representantes de HB solicitaron entonces al juez que se procediese al registro de la vivienda que se encontraba encima de su sede antes de que pudiesen desaparecer las pruebas. Al día siguiente de encontrar los pinchazos, tras toda una noche de guardia por parte de militantes de la Izquierda Abertzale para que nadie entrará a «limpiar» el piso, se produjo un primer registro judicial.

Días más tarde, el diario Egin desvelaba que el servicio de inteligencia español tenía una segunda base, frente a la sede de la formación independentista. Esta segunda base habría sido utilizada por los agentes del CESID «durante los últimos diez años» y desde la misma se habría filmado y fotografiado a las personas que entraban y salían de los locales de HB.

Años de espionaje político por parte del CESID

El CESID fue la agencia de inteligencia bajo responsabilidad del Ministerio de Defensa desde 1977 hasta 2002, año en el que fue reemplazado por el actual CNI (Centro Nacional de Inteligencia).

Las responsabilidades en este caso de espionaje político nunca llegaron a aclararse, en unos tiempos en que el juez Baltasar Garzón, desde la Audiencia Nacional, comenzaba su ofensiva para ilegalizar progresivamente las diferentes organizaciones de la Izquierda Abertzale.

Es de destacar que los abogados que defenderían a la mesa nacional de HB en el juicio que acabó con la encarcelación de todos ellos, realizaron reuniones en esa misma sede para preparar la estrategia de defensa en la Audiencia Nacional. Por lo que dichos «pinchazos» habrían puesto en riesgo los derechos de la dirección política que más adelante acabaría encarcelada.

Según informaba el diario El Mundo el mismo 3 de abril, tan solo unos días después del descubrimiento, el CESID espiaba la sede «sin informar al actual Gobierno», entonces controlado por el Partido Popular y presidido por José María Aznar. Además, «controlaba desde 1992 -durante el gobierno del PSOE y Felipe González- sus teléfonos, ordenadores y faxes sin autorización judicial».

Respecto a estas operaciones irregulares, se afirmaba que «fuentes de los servicios de información de la Guardia Civil indicaron que durante varios años, el CESID ha obtenido valiosísima información, que posteriormente era entregada en la mayoría de las ocasiones al Instituto Armado». Javier Calderón, entonces director del CESID, «únicamente era informado de los datos obtenidos pero no sobre cómo se obtenían», según su propia versión.

Secreto de sumario e impunidad para los responsables

El 20 de abril de 1998, el mismo periódico informaba que la juez que investigaba estas escuchas ilegales declaró «secretas las diligencias», por cuestiones de seguridad. Mientras, el «error» cometido en Gasteiz obligó al CESID a «desmantelar sus bases» desplegadas en toda Euskal Herria.

Este medio, que citaba fuentes oficiales, también explicaba que aquel descubrimiento provocó que los agentes del CESID «salieran de estampida» y tan solo recogieran «lo que tenían a mano y a la vista». El resto, «incluído facturas de teléfonos y nóminas, quedó en la Base Operativa».

Los primeros testigos comenzaron a declarar a finales del mes de abril y el abogado de HB, Iñigo Iruin, solicitó que prestaran declaración el director del servicio de inteligencia, Javier Calderón; la antigua propietaria del piso, que lo vendió presuntamente a los miembros del CESID; y la persona identificada como uno de los moradores del piso, que se dejó un documento con su identidad antes de huir precipitadamente.

Mientras tanto, el portavoz de Defensa del PSOE, Pedro Moya, anunciaba que estudiarían «con absoluta seriedad» cualquier iniciativa del Gobierno para proporcionar cobertura legal a todas las actuaciones del CESID.

La Audiencia Provincial de Álava condenó en el año 2003 a los que fueran directores generales del CESID Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón a tres años de prisión como autores de un delito de «interceptación ilegal de comunicaciones telefónicas» por haber consentido «espiar» la sede de Irubide entre finales de 1994 y marzo de 1998.

La sentencia, que aún no era firme y no conllevaba el ingreso en prisión de los responsables, era clara: «Pocas veces se asume la responsabilidad de espiar a un partido político y mantener las interceptaciones telefónicas durante más de tres años. Es un hecho excepcional y resulta lógico pensar que se conocía por los directores».

Sin embargo, el Tribunal Supremo estableció la impunidad habitual en cuestiones de estado, y finalmente, en abril de 2004, seis años después del descubrimiento de las escuchas ilegales, absolvió a ambos responsables, afirmando que las condenas se dictaron sobre «conjeturas» de carácter «débil e indeterminado» y no sobre verdaderos indicios delictivos.

La única condena de este caso, como cabeza de turco, se la llevó el agente Mario Cantero, que admitió que residía en el piso, era agente del CESID y del que constaba su acceso a las instalaciones de escucha. Unas instalaciones ilegales que costaron al erario público 9 millones y medio de pesetas por la compra piso y dos millones de pesetas por las obras realizadas.

De todos modos, tampoco Cantero, el único condenado que quedaba, pagó finalmente por aquella operación, ya que el gobierno del PSOE, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, le concedió un indulto parcial en 2005, evitando así su entrada en prisión.

Una vez más, las razones de Estado se impusieron a los derechos civiles y políticos. Todo aquello que sucedió ha vuelto a repertirse en diversas ocasiones -también en Gasteiz- y volverá a suceder mientras no se tomen medidas que no permitan que los Estados vulneren derechos para garantizar la supuesta «seguridad nacional».