Después de saberse que el Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública del Ayuntamiento de Gasteiz ha pedido los datos personales de las empleadas del ‘Aterpe’ para investigar los hechos del 1 de enero en el Gaztetxe, ELA, LAB y ESK consideran que se ha violado la Ley de Protección de Datos de las trabajadoras del centro. Además, definen como «desmesurado» el despliegue policial y avisan que no serán cabeza de turco de nadie.

Lo adelantaba Hala Bedi la mañana del 8 de enero. El Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública del Ayuntamiento de Gasteiz ha pedido los datos personales de las trabajadoras del ‘Aterpe’ que trabajaron en Nochevieja en este edificio situado a pocos metros del Gaztetxe de Gasteiz.

El motivo para solicitar estos datos sería continuar llevando a cabo una investigación sobre los hechos de la mañana del 1 de enero y la responsable que habría solicitado los nombres y apellidos de las personas empleadas sería Txaro Basterra, responsable del Servicio de Inclusión Social del Ayuntamiento de Gasteiz.

Horas después de conocerse la noticia, los sindicatos que forman parte  del Comité de Empresa -ELA, LAB y ESK- han confirmado la noticia a la vez que han criticado con dureza la actuación del Gobierno Municipal.

“Estos datos de carácter privado han sido traspasados a la Administración en una flagrante violación de la Ley de Protección de Datos“

En primer lugar, recordando los hechos del 1 de enero, han criticado el «despliegue policial desmesurado en el que el Ayuntamiento dejó clara, una vez más, su desavenencia con los movimientos populares y en particular con el movimiento de okupación de la ciudad».

Caza de brujas. Así han definido la actuación del Consistorio Local las últimas horas. «Se le tiene que sumar la caza de brujas emprendida contra las personas que esa noche trabajaban en el Aterpe de Gasteiz, por la supuesta grabación y difusión de un vídeo que recoge lo ocurrido».

Sin embargo, también critican que la Dirección de Sidálava ha facilitado los nombres y apellidos de todas y cada una de las personas que estuvieron desarrollando su actividad laboral del 30 de diciembre de 2018 hasta el 2 de enero de 2019. «Estos datos de carácter privado han sido traspasados a la Administración en una flagrante violación de la Ley de Protección de Datos«.

Ahora, los sindicatos con representación en el centro -servicio municipal gestionado de manera indirecta de por Sidálava- desconocen la repercusión que esta transferencia de datos pueda tener sobre el servicio o su persona. «Consecuencias de las cuales la Empresa será la primera responsable», matizan.

Centrándose en el exterior de la casa, obviando el interior de ésta

«¿Cuál es el objetivo del Ayuntamiento para actuar de esta manera? ¿Es que pretende sancionar a los trabajadores y las trabajadoras de este servicio?», se preguntan ELA, LAB y ESK. A su vez, lamentan que «la falta de diligencia mostrada por dicho Departamento haya sido su santo y seña en toda esta legislatura».

A lo que añaden: «La nula planificación de políticas sociales o la ausencia de la más mínima preocupación respecto a las necesidades sociales de los usuarios y usuarias del centro de la colina ha sido una constante estos años«.

“Bajo ningún concepto permitiremos que sea la plantilla del Aterpe la cabeza de turco con la que tapar el despropósito represivo

Los tres sindicatos consideran que durante estos años la actividad sindical y de denuncia para conseguir unos servicios sociales dignos y de calidad ha sido «encomiable». Es por ello que entienden «que todo esto puede ser una forma de respuesta a dicha actividad, además de suponer una interferencia inaceptable del Ayuntamiento respecto a los y las trabajadoras de una contrata, cuando sus demandas laborales y de mejora de atención a las personas usuarias no son escuchadas con la misma atención y diligencia».

Desde los sindicatos firmantes, así como desde las secciones sindicales que forman el Comité de Empresa, han querido dejar claro que «bajo ningún concepto permitiremos que sea la plantilla del Aterpe la cabeza de turco con la que tapar el despropósito represivo cometido el pasado día 1 de enero».