Convocados por Salhaketa, varios colectivos han comparecido la mañana del miércoles para denunciar la última muerte en la prisión alavesa de Zaballa, la cuarta en lo que va de año en la misma prisión. Las entidades firmantes -Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos,  Asociación Esculca de Galicia, Jaiki Hadi, Centro de Documentación y Denuncia de la Tortura de Madrid, Oteando, Salhaketa, Comisión Legal Sol de Madrid, Asociación Pro-derechos Humanos de Andalucía, Comisión de Defensa del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, Etxerat, Pastoral Penitenciaria de Alava, Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de Cataluña y Asociación de Cristiana para la abolición de la Tortura- han mostrado su preocupación por la aparición de estos cuatro presos muertos, y, según han añadido, al menos tres de ellos eran menores de 30 años.

Junto a estos colectivos han comparecido también familiares de Xabier Gonzalez, el joven de 28 años que a finales de abril perdía la vida en la prisión alavesa. Ellos, al igual que hiciesen los familiares de Jonathan Costillas -joven que también perdía la vida en el centro penitenciario alavés tres semanas antes que Xabier-, han querido ponerle nombre y apellido al allegado. Aunque, debido a las circustancias no han podido tomar la palabra, quienes han hablado en su nombre han insistido en que no quieren que nadie más pase por lo que pasaron ellos ni por lo que pasó su hijo.

Xabier llevaba dos años y tres meses en Zaballa, tiempo en el que no se le permitió ver a sus tres hijas. En los últimos meses, han denunciado que tampoco le dejaron ver a su propia pareja. Su padre y madre, presentes en la comparecencia, han querido dejar patente «el descontrol que predomina en la cárcel de Zaballa», donde les ha resultado muy difícil comunicar, con garantías, las incidencias respecto la situación de su hijo dentro de prisión.

Igual que en casos anteriores, los familiares han vuelto a ser informados del fallecimiento por teléfono, sin ayuda psicológica ni acompañamiento de referencia de ningún tipo. No han sido informados debidamente de sus derechos, por lo que han incinerado el cuerpo de Xabier antes de tener siquiera los resultados completos de la primera autopsia. De esta manera, sería imposible realizarle una segunda.

El director de Zaballa aceptó reunirse con los familiares de Xabier, al contrario de lo que hizo con los de Jonathan. «Creemos que estas reuniones tienen sentido si el director está dispuesto a escuchar a los familiares y a aceptar sus responsabilidades. En la reunión del martes pasado 30 de abril no ocurrió nada de esto: tras cinco minutos de reunión, el director, no asumiendo sus responsabilidades, decidió interrumpir la reunión«.

Nueve medidas para garantizar la no-repetición

Los colectivos firmantes, entre los que se encuentran Pastoral Penitenciaria y ADAP (Asociación de Ayuda a Personas Presas) -ambos entran de forma habitual dentro de la cárcel-, también han tomado la palabra y han querido poner sobre la mesa nueve medidas de apoyo a familiares y garantías de no-repetición:

• Que el Ministerio Fiscal no se inhiba e investigue siempre de oficio las muertes bajo custodia del Estado.
• Que las direcciones de las prisiones «informen con imparcialidad» a las familias y no se limiten a buscar que se incinere el cadáver para poder evitar autopsias posteriores que esclarezcan las circunstancias en la que se han producido las muertes.
• Garantías para que los familiares de personas presas puedan transmitir incidencias a la dirección de la cárcel sin que ello suponga «represalia de ningún tipo» para el familiar preso.
• Que se faciliten a las familias «todos los apoyos necesarios» para poder solicitar las responsabilidades civiles y penales que se desprenden del «mal funcionamiento» de la administración de justicia.
• El desarrollo de las medidas de sustitución de la condena en fase ejecutoria por el cumplimiento en programas de deshabituación de las drogodependencias dentro y sobre todo fuera de las prisiones que «han demostrado su mayor eficacia en la prevención y lucha contra el delito».
• La «inmediata excarcelación», tal y como contempla la ley, de las personas presas gravemente enfermas, así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen «la inducción al suicidio».
• Reforma de la legislación penal y penitenciaria que «alarga innecesariamente» las condenas.
• La aplicación de la actual legalidad vigente que garantice el acceso a permisos de salida, tercer grado, libertad condicional y medidas sustitutorias a la prisión. En este sentido, ven la necesidad de contar con otro juzgado de vigilancia penitenciaria en Araba para dar salida a todos los asuntos de su competencia.
• La reducción del número de reos «debe ser uno de los objetivos de cualquier política penitenciaria que se precie, así como el cumplimiento de las condenas en el centro más cercano al lugar habitual de residencia».

Para finalizar, han remarcado que aunque las causas de la muerte de Xabier todavía se desconozcan, saben que se podía haber evitado, «como la gran mayoría de las muertes bajo custodia, que no son naturales». En este sentido, han anunciado la personación de los familiares en la causa y la voluntad de esclarecer los hechos.