El 31 de marzo se cumple el 25 aniversario de los despidos de varios profesores de la UPV. Fue el comienzo formal de la conocida “pankarta”. El objetivo de su lucha fue la consecución de un profesorado propio universitario a través de la creación de figuras contractuales laborales en un marco legislativo específico de la comunidad autónoma vasca. Se cumplen 25 años de una lucha a la intemperie, detrás de una pancarta. Más de dos décadas pidiendo su readmisión y que se les reconozca la antigüedad en una Universidad, que mantiene que perdieron su oportunidad.

Hablamos con Antxon Azkargorta, uno de los profesores despedidos.

Dos de ellos acaban de publicar el siguiente texto en la prensa a cuenta de los 25 años que se cumplen hoy:

«El 31 de marzo se cumple el 25 aniversario de nuestro despido de la
UPV. Es el comienzo formal de la conocida “pankarta”. El objetivo de
nuestra lucha fue la consecución de un profesorado propio
universitario a través de la creación de figuras contractuales
laborales en un marco legislativo específico de la comunidad autónoma
vasca. Intentando superar de forma parcial la situación existente en
aquella época caracterizada por la casi total supeditación del espacio
universitario a las leyes y cuerpos funcionariales estatales.
Aunque hubo otros antecedentes la denominada “rebelión de los
profesores contratados”, con los acontecimientos  de los años 1990 y
1991 liderados por la asamblea de profesores asociados, forjó las
bases del nacimiento del colectivo de profesores despedidos de la UPV.
La combinación de la persistente lucha mantenida por estos profesores
durante muchos años, la movilización también casi permanente de los
estudiantes abertzales por sus reivindicaciones propias, unida a las
presiones ejercidas por los partidos nacionalistas vascos y catalanes
ante la LOU y su posterior reforma. Y en un contexto de presión por el
cambio universitario en las universidades vascas y españolas
propiciaron primero el anclaje del contrato laboral en la LOU del PP
y, más tarde en 2004, la creación de figuras contractuales propias
mediante la Ley Vasca de Universidades o “ley Iztueta”. En la
aprobación de esta ley tuvieron una gran  influencia las
organizaciones y sindicatos abertzales, así como el sector más
nacionalista de EA. El recurso de inconstitucionalidad contra algunos
aspectos relevantes de la ley “Iztueta” paralizó durante tres años el
desarrollo de esas figuras propias. Sin embargo, con la reforma de la
LOU, apoyada por el PNV y Convergencia, el tema se desbloqueó y la ley
por fin pudo entrar en vigor plenamente  en el año 2007. Esta norma
creó nuevas figuras contractuales propias equiparadas a las de los
funcionarios, figuras que junto a otras de profesorado no permanente
permitían, al menos en teoría, el desarrollo de una carrera
profesional para el profesorado laboral. Las disposiciones
transitorias habilitaban el acceso de los anteriores contratados
administrativos a la condición de permanentes estabilizándose su
situación laboral. La “ley Iztueta” introdujo, amén de  las
competencias sobre el profesorado contratado, la Agencia de Evaluación
Vasca y el Plan Universitario que junto a la capacidad financiera del
Gobierno vasco otorgaban a este, en principio, un considerable poder
de influencia en el diseño y ejecución  de la política universitaria
y, en consecuencia, en el control de la propia Universidad.
Sin embargo, la crisis económica y la política implementada por el
Estado español para superarla  han puesto de manifiesto la fragilidad
de los cimientos en los que se apoyan las instituciones vascas para
regular y desarrollar una política propia en la esfera educativa en
general y universitaria en particular. Los recortes y otras medidas
aplicadas por el Estado han demostrado la ausencia de mecanismos de
blocaje capaces de detener sus efectos negativos. En la Universidad
ello se ha traducido en reducciones salariales, congelación de plazas,
disminución de la ayuda a la investigación y proliferación de
categorías contractuales precarias. Hoy día existe un auténtico
ejercito de profesores, muchos de ellos euskaldunes con doctorado y
cualificación profesional, que no consiguen acceder a un puesto
estable bien por la ausencia de plazas, bien porque no obtienen la
acreditación necesaria debido a las fórmulas de evaluación utilizadas
que no tienen en cuenta sus méritos reales y su singularidad
lingüística. A pesar de la existencia de una ley universitaria
calificada en su día de propia la realidad es que se ha formado un
tapón en la promoción docente que anula la capacidad de realizar en la
práctica una verdadera carrera profesional. Las medidas de la
administración central en contra de los profesores en formación y la
reducción de las ayudas de investigación a muchos departamentos que
están afectando a becarios e investigadores completan un cuadro que en
cierta medida se asemeja al existente en los años 80 y 90 y que dio
lugar al movimiento de profesores contratados. La situación de muchos
estudiantes frustrados por la  imparable mercantilización de la vida
universitaria y sus estudios, por la ausencia de participación real en
las decisiones y la falta de proyectos transformadores, todo ello en
un ambiente que ellos consideran de represión a sus iniciativas,
completa un panorama problemático para la Universidad si no se le da
cauce a través de soluciones integradoras.
El anterior rector hablaba de la necesidad de elaboración de una
nueva ley universitaria, aunque se centraba principalmente en la
demanda de un marco de financiación estable y en la capacidad de la
Universidad para organizar y contratar a su propio profesorado.
A nuestro entender lo que es necesario es un cambio de filosofía en
la elaboración de las leyes. Las comunidades nacionales entre ellas la
vasca deberían de disponer de capacidad suficiente para crear su
propio sistema universitario sin interferencias del Estado, pactando
posteriormente con este las relaciones de interés común a efectos de
reconocimiento de títulos, figuras y acreditaciones. Habría que
garantizar una política universitaria compartida y no subordinada,
teniendo en cuenta las tradiciones europeas compatibles con nuestra
singularidad como nación. Naturalmente todo ello implica poner en la
práctica el derecho de los pueblos como el vasco a decidir su destino
político, manteniendo en todo caso con el Estado español unas
relaciones de igualdad en las diferentes esferas políticas y entre
ellas la universitaria. Pero eso corresponde a un problema político a
dilucidar no estrictamente en el terreno universitario.
José Luis Herrero y Antton Azkargorta. Profesores despedidos de la UPV»

• Suelta la olla: Se cumplen 25 años del conflicto de los profesores despedidos de la UPV
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