«Que la imagen corporativa de una gran empresa se relacione con un régimen de apartheid no puede generar ningún beneficio»
Uhintifada charla con Ana Sanchez Mera sobre la campaña de cara a la junta general de accionistas de CAF, para pedir a la dirección de la empresa que se retire del proyecto del tranvía de Jerusalem.
El pasado mes de febrero, el comité de empresa de CAF hacía llegar a la dirección de la factoría la petición de que se retire de la licitación del proyecto de construcción del tranvía de Jerusalem. La empresa ferroviaria vasca está inmersa en el concurso de adjudicación de la construcción de dicha infraestructura, y los trabajadores han rechazado participar en el proyecto que vulnera el derecho internacional y conculca los derechos humanos. La iniciativa tenía tanto eco a nivel internacional que incluso la dirección de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) remitía una carta a los trabajadores de la factoría gipuzkoana agradeciéndoles su gesto solidario con los derechos humanos de la población palestina.
Durante estos meses son ya numerosas las empresas internacionales que se han descolgado de este proceso de licitación: la canadiense Bombardier, la australiana Macquarie, la alemana Siemens y la francesa Alsthom. Por otro lado, Systra, una filial de la empresa ferroviaria estatal francesa SNCF ya renunció el año pasado y la semana pasada se dio a conocer la noticia de que un consorcio griego finalmente tampoco ha presentado su oferta. Cytty-Pass, la compañía que tiene actualmente la explotación de la línea Roja también ha renunciado a ello. Ahora está en manos de la dirección de CAF hacerse eco del llamamiento de sus trabajadoras, tomar una decisión transcendental y colocarse en el lado correcto de la historia.
En su intervención Sanchez, miembro del Comité Nacional Palestino de BDS, recuerda que el tranvía será construido en terrenos ilegalmente ocupados, lo que contraviene la legislación internacional; y que es un elemento clave en las políticas de limpieza étnica de la administración israelí, ya que, a través de esta infraestructura, se comunican e integran en el núcleo urbano de Jerusalem asentamientos de colonos ilegales de Cisjordania y se separa físicamente del mismo núcleo urbano a los barrios de población palestina. De esa manera, se elimina a la población autóctona modificando la demografía de la ciudad. Apela al código ético de CAF y a la legislación internacional para exigir la retirada del proyecto.
Considera que para las grandes empresas como CAF la protección de los DDHH no está entre sus prioridades, pero su imagen corporativa si, y ver envuelta su imagen con un régimen de apartheid puede tener consecuencias económicas. Al contrario, si CAF decidiera colocarse del lado de la justicia y retirarse del proyecto, quedaría como una empresa seria y consecuente con su código ético. Eso sería bueno, no solo para el pueblo palestino, sino para CAF sus accionistas y sus trabajadoras.
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