Por primera vez desde hace 43 años el Gobierno español pronto presentará una «Ley de vivienda estatal» que haga efectivo el derecho a la vivienda. Hasta ahora, se han aprobado leyes de vivienda autonómicas, pero todas ellas, han sido recortadas por el tribunal constitucional alegando que invaden competencias estatales o el derecho de propiedad.

Ante esto, se ha constituido una «Iniciativa unitaria por el derecho a la vivienda», para conseguir que esta ley reconozca la vivienda como un derecho subjetivo de las personas y nadie tenga que vivir en la calle.
Una ley que haga respetar el derecho internacional que prohíba los desahucios sin alternativa habitacional previa. Que amplíe el parque público de alquiler social, destinando, como mínimo, el 2% del presupuesto estatal. Que regule los alquileres en función de los ingresos e impida la especulación. Que garantice los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para acabar con la brecha digital. Que facilite una segunda oportunidad efectiva para los deudores hipotecarios, y establezca medidas contra los abusos financieros e inmobiliarios. Y que acabe con una fiscalidad que beneficia a los especuladores y a las rentas más altas.

Han informado que actualmente, 32.000 personas no tienen un hogar. 12 millones de personas están en riesgo de exclusión social. Más de un millón de personas han sido desahuciadas desde 2008. La vivienda es hoy un problema social agravado por la pandemia, la especulación, y el escaso parque público. Una de cada tres personas tiene que dedicar más del 40% de sus ingresos a gastos de vivienda y suministros básicos. Los jóvenes no pueden acceder a un techo que les permita emanciparse.

Muchos pensionistas sufren problemas de accesibilidad en sus viviendas. Miles de familias son desahuciadas por no poder hacer frente a las hipotecas y los abusos bancarios, o por no poder pagar alquileres, o porque no les prorrogan los contratos. Denuncian que no es aceptable que haya personas que viven en infraviviendas, o se ven obligadas a ocupar pisos deshabitados, o a dormir en la calle, o a ser excluidos de un contrato de alquiler por racismo o por tener un trabajo precario.

En Euskadi, después de 5 años de aprobarse la Ley de vivienda vasca, ésta sigue sin desarrollo y sin aplicación. Acusan que no es casualidad que PNV y PSE-EE, que integran el Gobierno Vasco, se estén oponiendo en el parlamento estatal a sacar adelante una Ley estatal de vivienda que controle los alquileres especulativos e impida a la iniciativa privada especular con un bien de primera necesidad.

Por último llaman a participar y apoyar la iniciatica contra las presiones de los especuladores y a movilizarse como única garantía de que esta ley responda a las necesidades y e intereses del pueblo. Reclaman que ya es hora de que se les escuche y atienda, ya que es la mayoría del pueblo el que sufre el problema de la vivienda.