La noche del 7 de mayo, un periodista de Argia se encontraba realizando un reportaje junto a una familia a la que los servicios sociales habían abandonado en plena pandémia del Covid-19. La Policía Municipal irrumpió en la vivienda, en uno de los bloques okupados de la Avenida Olarizu.

La Policía Municipal entró a la vivienda sin ningún tipo de orden judicial, saltándose la ley y ordenaron tanto al reportero como a otros dos amigos de la familia a abandonar la casa. Una vez en la calle el periodista comenzó a grabar con su teléfono la actuación policial.

Uno de los agentes ordenó, de forma violenta, al periodista de Argia que no utilizara el móvil, insistiendo reiteradas veces que no podía grabar imágenes de la policía. El vídeo difundido por Argia muestra, ademas de el tono amenazante de los agentes, el error de la policía a la hora de afirmar que no se les pueden tomar imágenes de estos. Es derecho de todo ciudadano, independientemente de si es periodista o no, tomar imágenes de funcionarios públicos realizando su labor en un espacio público.