Familiares del último fallecido en la cárcel de Zaballa estuvieron 5 días sin poder ver el cuerpo y siguen sin tener sus pertenencias y cartas
Familiares del joven de 24 años Jonathan Costillas Rituerto, que falleció el pasado lunes en la prisión alavesa, han dado la cara para explicar el trato recibido por Instituciones Penitencias y anunciar que agotarán las vías legales. Desde 2011, la cárcel de Zaballa se ha cobrado, al menos, la vida de tres personas: las tres en lo que llevamos de 2019. El miércoles habrá una concentración.
La tía y el padre del joven fallecido el pasado lunes 1 de abril en la cárcel de Zaballa han comparecido junto a Salhaketa para denunciar que la muerte de su familiar también se podría haber evitado. Resulta evidente que son momentos difíciles para la familía, por lo que la lectura la ha llevado la propia Salhaketa poniendo sobre la mesa las palabras de la familia.
A petición expresa de la familia, han decidido poner cara a Jonathan «para que deje de ser un número más en esta lista inaceptable de fallecimientos en prisión». Se llamaba Jonathan y se apellidaba Costillas Rituerto, había nacido el año 1994 y era vecino del barrio de Zaramaga. Tenía 24 años. Según ha podido saber la familia, Jonathan apareció ahorcado en su celda del módulo 7 el pasado lunes por la tarde.
La forma del fallecimiento resulta extraña para sus familiares y allegados, como extraño parece que no hubiera habido alertas previas con el fin de prevenirlo. «Reiteramos que esta muerte, así como la inmensa mayoría de las ocurridas en prisión, ni son inevitables ni son naturales», lamenta la familia. Cabe recordar que desde 2011, tres personas han perdido la vida en la cárcel de Zaballa, las tres en lo que llevamos de 2019. Dicho de otra manera: a Salhaketa no le consta ninguna muerte en ocho años pero sí tres en prácticamente tres meses.
Cinco días sin poder ver el cuerpo
Como tampoco quieren normalizarlo, han querido denunciar el trato de «desatención y de revictimización» que ha sufrido la familia las primeras horas y días tras conocerse la muerte de su allegado. El lunes por la tarde, y tras una escueta llamada telefónica informando de la muerte de Jonathan, desde el C.P. de Zaballa les indican que acudan a los juzgado. Sin embargo, los familiares se encuentran con los juzgados cerrados. Han estado cinco días sin poder ver el cuerpo de Jonathan y el trato en los juzgados, cuando acudieron para solicitar verlo, «fue de una gran falta de sensibilidad».
A dia de hoy, la familia sigue sin tener las pertenencias ni las cartas de Jonathan, con instrucciones contradictorias entre cárcel y juzgados de cómo tienen que conseguirlas. En este sentido, denuncian no haber recibido ni un “pésame” por parte de la cárcel tras la llamada informando del fallecimiento de Jonathan: «No hemos vuelto a tener contacto telefónico con ningún responsable del Centro Penitenciario».
Agotarán las vías judiciales
La familia lo tiene claro: quieren que se repartan las resposabilidades que se derivan de una muerte bajo custodia del Estado, cuando debería de ser éste el garante de la seguridad de todas las personas presas. Para ello, desean agotar las vías jurídicas para esclarecer los hechos, por lo que se han personado en la causa y utilizarán todos los recursos necesarios para enfrentarla.
Ven necesario un protocolo de actuación que dote de atención a las familias en todos los casos de muerte bajo custodia de las instituciones, facilitando información precisa sobre la causa de la muerte y explicación de dudas por el médico forense para que la familia pueda proceder a los trámites. También exigen la «recuperación inmediata» de pertenencias del fallecido.
Han aprovechado para convocar una concentración este miércoles a las 12:00 frente a la Subdelegación del Gobierno español en Gasteiz, en la Calle Olagibel.
Para que no se repita la situación que ha sufrido esta familia, consideran que debe darse una tramitación del proceso judicial y el derecho de personación, a la vez que piden un trato respetuoso y empático hacia las reacciones dolorosas de la familia en todas las instituciones. Así mismo, el derecho de la familia a ver el cuerpo cuanto antes en el IMLA lo ven como algo imprescindible, ya que ello «ayudaría a asumir el proceso de duelo que ya es bastante impactante con asistencia psicológica».
Tres muertes desde 2011, todas en 2019
La de enero de la primera muerte en esta cárcel desde el año 2011, según los datos que controla Salhaketa. “Son muertes silenciadas, sabemos que hay más”, denuncian. En el caso del primer fallecido en enero, le realizaron una autopsia y ésta demostró que el joven había fallecido por una sobredosis de heroína.
Salhaketa también dio a conocer entonces un dato: el 80% de las personas que están en prisión tienen drogodependencia. El compañero de celda del joven fallecido en enero, también tuvo sobredosis aunque no falleció: “No dudéis que, encima, este preso sufrirá represalias cuando la imprudencia ha sido de las Instituciones Penitenciarias”, advertían.
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