El fiscal que pide 16 años para Barbado y Zelaia es el mismo del ‘Caso Altsasu’
El fiscal de la Audiencia Nacional José Perals solicitó penas de hasta 375 para los ocho jóvenes de Altsasu y tuvo en otros grandes casos el "Todo es ETA" como bandera. La juez que dictará sentencia es otra conocida en Euskal Herria: Ángela Murillo.
Todo va contrarreloj. Hace apenas dos semanas conocíamos que el juicio contra los jóvenes Galder Barbado y Aitor Zelaia tenía fecha y solicitud fiscal, la plataforma Ankerkeriari STOP se ponía en marcha automáticamente, una semana más tarde una gran movilización recorría las calles de Gasteiz… Y ahora, 21 de enero, ha llegado la fecha del juicio: los dos jóvenes alaveses alaveses se sientan desde este jueves 21 en el banquillo de los acusados para enfrentarse a una petición fiscal de 8 años de prisión a cada uno, 7 años de libertad vigilada para cada uno de ellos y otros 15 años de inhabilitación a cada uno de ellos.
La jueza que dictará sentencia es bien conocida en Euskal Herria: Ángela Murillo, que en en marzo de 2017 dijo no creerse el desarme de ETA, vio en el juicio del 18/98 una oportunidad de promoción y se afanó en cumplir todo lo que se esperaba de ella.
El fiscal, puede que no sea tan conocido por su nombre, pero sí por los casos que ha llevado adelante. Se trata del fiscal de la Audiencia Nacional, José Perals. Sobre todo, es conocido por ser el fiscal que intentó encarcelar un total de un total de 375 años en prisión a los ocho jóvenes de Altsasu: para uno de ellos pedía 62 años de cárcel, para otros seis 50 años a cada uno y doce años y medio para la octava procesada. Ahí es nada. En el caso de los jóvenes alaveses pide un total de 16 años de prisión para ambos además de las ya citadas peticiones de libertad vigilada e inhabiltación.
En el caso del ‘Caso Altsasu’, Perals presentó la correspondiente apelación para tratar de conseguir lo que no logró en la sentencia: quería que los jóvenes fuesen condenados por terrorismo, lo que implicaría penas que, en total, alcanzarían los 375 años de cárcel. Finalmente, los ocho jóvenes sufrieron condenas de entre dos y 13 años emitidas que aún siguen pagando.
El escepticismo hacia Perals y Murillo tiene base. Aunque paso desapercibida en gran medida, la Audiencia Nacional impuso una multa de 600 euros a seis de los ocho condenados del ‘Caso Altsasu’ que habían presentado una recusación contra los tres magistrados de la Sala de Apelación, a quienes consideraban carentes de imparcialidad. El tribunal no sólo no les dio la razón, sino que les castigó con dicha pena económica por “actuar de mala fe”.
El «Todo es ETA» como ley
No se puede obviar. Una parte considerable del futuro de Barbado y Zelaia está en manos de un hombre duro: el fiscal José Perals que, además del ‘Caso Altsasu’, anteriormente actuó en varios procedimientos contra reconocidos militantes y abogados de la izquierda abertzale. En cada uno de esos casos, el representante del Ministerio Público se alineó con una única teoría: “Todo es ETA”.
El fiscal ya ha usado el término «delitos terroristas» en reiteradas ocasiones: intervino en el procedimiento seguido en la Audiencia Nacional contra tres organizaciones políticas de la izquierda independentista: Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV).
Aquel fue uno de los primeros “megacasos” en los que actuó Perals tras su llegada en 2011 a la Audiencia Nacional de la mano del Fiscal General del Estado en la anterior etapa del PSOE, Cándido Conde-Pumpido. También intervino en el juicio contra los acusados de pertenecer a la dirección de EKIN, el grupo de abogados y abogadas del EPPK… A todo ellos, Perals también atribuyó actividades “terroristas”.
Una de las principales acusadas del procedimiento de abogados y abogadas del EPPK, la abogada Arantza Zulueta, tuvo un papel muy activo en los primeros pasos dados por el EPPK a favor del proceso de paz. Sin embargo, la letrada fue enviada a la cárcel de manera preventiva y pasó más de tres años en aislamiento. A día de hoy está en la calle contra la voluntad de Perals, quien se opuso a su puesta en libertad e intentó sin éxito que volviera a prisión.
El fiscal también se mostró muy duro con tres jóvenes de Iruñea que fueron juzgados en 2015 por pegar carteles contra la dispersión. A su juicio, sus autores estaban justificando el terrorismo y ensalzando “la conducta o actitud de presos de ETA”. Sin embargo, finalmente fueron absueltos. Lo mismo ocurrió con el abogado Arkaitz Terron, a quien Perals quería ver preso por una serie de mensajes publicados en Twitter referentes a la Corona, Carrero Blanco o la extrema derecha, entre otros.
Otro de los casos polémicos que llegaron a sus manos fue el “Cerco al Parlament” de Catalunya, ocurrido el 15 de junio de 2011. En ese caso, el fiscal pidió penas de prisión contra los 19 acusados, que fueron absueltos en una primera instancia por la Audiencia Nacional. Sin embargo, el Tribunal Supremo acabó condenando a ocho de ellos en 2015.
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