Aunque el caso se ha hecho público ahora, la deportación se remonta a abril de 2018: un vecino gasteiztarra de nacionalidad venezolana acudió junto a dos personas de nacionalidad española a solicitar un vale de comedor al servicio municipal de urgencias sociales. Solo el primero fue retenido y trasladado a las dependencias de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional para finalmente se expulsado.

Concentración de la Plataforma Antirracista en Gasteiz

La mañana del 4 de marzo, la Plataforma por los Derechos Sociales de Gasteiz (PDS) ha comparecido ante la Comisión de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Gasteiz. El motivo que ha llevado a la plataforma a pedir la comparecencia era la solicitud de explicaciones acerca de las identificaciones que la Policía Local de Gasteiz realiza en los servicios sociales dependientes del departamento que dirige Peio López de Munain (PSE).

En el Consistorio Local han denunciado que en abril del año pasado fueron conocedoras de una situación en la que un vecino gasteiztarra de nacionalidad venezolana acudió junto a dos personas de nacionalidad española a solicitar un vale de comedor al servicio municipal de urgencias sociales. Los dos compañeros del venezolano fueron atendidos con normalidad y el venezolano fue retenido, sin ser atendido en su demanda social, y trasladado a las dependencias de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional para que se le realizara una orden de expulsión por encontrarse en situación documental irregular.

Desde la PDS consideran que cuando una persona extranjera acude con dos personas «autóctonas» a solicitar ayuda para comer y acaba detenida por la intervención de la Policía Local en los servicios sociales de emergencias, se trata de «un grave caso de racismo institucional, de discriminación por motivo de raza u origen que es totalmente inaceptable».

El Ayuntamiento, denuncian, ha utilizado los servicios sociales como centro de detención de personas extranjeras en situación irregular, «cuando los servicios sociales de emergencia deben de ser espacios de refugio y seguridad para las personas que pasan por peores situaciones vitales.

No sabe, no contesta

La PDS ha solicitado información al concejal, ya que en abril de 2018 pusieron el caso en conocimiento de la Síndica, que aún no ha emitido ninguna recomendación al no haber recibido información acerca del trato que el Ayuntamiento hace de los datos de carácter personal de las personas atendidas en los servicios sociales. «A pesar de que el departamento que dirige el concejal respondió a la Síndica respecto a este caso, ha negado conocer nada de lo que planteábamos«.

A lo que añaden: «Hoy hemos comprobado que el concejal de políticas sociales o no conoce lo que pasa en su departamento o miente o, simplemente, lo que pasa en su departamento le da igual. Ha demostrado no tener ningún interés en proteger a las personas atendidas de actuaciones policiales irregulares o, cuanto menos, inmorales y tampoco en proteger a las trabajadoras de la intervención social.

En este sentido, creen necesario no solo reconocer la labor que realizan las trabajadoras como las de SMUS, sino que hay que darles herramientas suficientes para que puedan ejercer su profesión de la mejor manera posible.

Para ello, proponen un protocolo que garantice que no se realicen injerencias en su trabajo por parte de la Policía Local para garantizar el deber de confidencialidad y de secreto profesional de las profesionales y a evitar dificultades en los puestos de trabajo.