La Plataforma por los Derechos Sociales, Ongi Etorri Errefuxiatuak Araba y Plataforma Antirracista de Gasteiz se han concentrado frente a la sede que los Servicios Sociales  que el Ayuntamiento de Gasteiz tiene en la calle San Prudencio para denunciar las identificaciones de carácter racista que ha llevado a cabo últimamente la Policía Local.

En dicha concentración han remarcado que la Policía Local de Gasteiz está haciendo «identificaciones racistas» en los Servicios Sociales, así como en diferentes puntos de la ciudad, «extralimitándose en las funciones que por ley le corresponden y contraviniendo cualquier fundamento de Seguridad Ciudadana».

Para ello, han recordado que el pasado 15 de junio, el mismo día en que se constituyó la nueva corporación municipal con el jeltzale Gorka Urtaran como alcalde, un usuario de los Servicios Municipales de Urgencia Social (SMUS) de Gasteiz fue identificado por agentes de la Policía Local y posteriormente trasladado a dependencias de la Policia Nacional Española, donde fue detenido, ingresado en una celda, y se le notificó un expediente de expulsión.

Es por ello que estos colectivos también han denunciado la «necesaria colaboración de la Policía Local y entrega a la Policía Nacional, quienes emiten y ejecutan órdenes de expulsión».

«Una política institucional racista»

En el comunicado leído al final de la movilización, han querido hablar claro: «El Ayuntamiento está llevando a cabo una política institucional racista ya que, entre otras, es responsable directo de las actividades que realiza su Policía Local». También han denunciado que la Ley de Extranjería es «una herramienta al servicio del capitalismo y colonialismo del estado Español que constamente pone a personas migrantes y refugiadas en situaciones de vulnerabilidad riesgo de expulsión y de muerte que desarrolla la necropolítica Europea».

Cabe remarcar que el del 15 de junio no fue el primer caso. En abril del año pasado, un vecino gasteiztarra de nacionalidad venezolana acudió junto a dos personas de nacionalidad española a solicitar un vale de comedor al servicio municipal de urgencias sociales. Los dos compañeros del venezolano fueron atendidos con normalidad y el venezolano fue retenido, sin ser atendido en su demanda social, y trasladado a las dependencias de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional para que se le realizara una orden de expulsión por encontrarse en situación documental irregular.

Ante esta situación que tanto Ongi Etorri Errefuxiatuak, como la Plataforma por los Derechos Sociales han denunciado públicamente frente al mismo Ayuntamiento y la  la Síndica sin obtener resultados ni cambios en su actuación, han apelado a la ciudadanía para que «estemos atentas y no callemos estas violaciones a los Derechos Humanos de personas migrantes y refugiadas que están siendo revictimizadas por la Policía, el Ayuntamiento y las instituciones».