Denuncian al Ayuntamiento de Gasteiz por un delito de coacción contra las vecinas de Olarizu
La denunciante asegura que el Ayuntamiento de Gasteiz está realizando "mobbing inmobiliario" con el objetivo de que abandone su vivienda, a pesar de que varias sentencias judiciales dicten lo contrario. Denuncian que los cortes en el suministro de luz, agua y alumbrado público afectan especialmente a los menores que viven en el barrio.
Operarios del Ayuntamiento desalojando una de las viviendas okupadas de Olarizu | Argazkia: Hala Bedi
Una vecina de los bloques okupados de Olarizu ha interpuesto una denuncia contra el Ayuntamiento de Gasteiz por un presunto delito de coacción. El consistorio pretendería mediante el «mobbing inmobiliario» que está vecina y sus dos hijos menores de edad abandonaran la vivienda en la que reside.
Legalmente, existe una sentencia favorable a que la vecina denunciante resida en la vivienda en la que actualmente habita en Olarizu. Dicha sentencia es la respuesta a la denuncia, por un supuesto delito de usurpación, llevada a cabo por Ensanche 21, quien tiene la titularidad de la vivienda.
Dicha sentencia invitaba a Ensanche 21 a acudir a la vía civil en caso de querer recuperar la posesión del inmueble. En lugar de acudir a esa vía, operarios del Ayuntamiento cortaron entonces físicamente el suministro eléctrico y de agua de dos portales de la Avenida Olarizu.
Las vecinas de Olarizu sostienen que los cortes en el suministro de luz y agua responden a un intento por parte del Ayuntamiento de echarlas de sus viviendas. Los cortes afectan a casi un centenar de vecinas, entre ellas varias menores.
Lejos de reabastecer los suministros básicos en los portales afectados la semana pasada el Ayuntamiento de Gasteiz interrumpió el alumbrado público de buena parte de la calle en un nuevo intento de presionar a las familias para que abandonen sus domicilios.
La vecina denunciante asegura que la interrupción de alumbrado público responde a un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, ya que el Ayuntamiento está obligado a prestar ese servicio.
La denunciante exige, además de la restauración del alumbrado público, que el Ayuntamiento aclare si ha ordenado a las compañías que suministran luz y agua no ofrecer ese servicio a las vecinas de Olarizu. Asegura que son los menores de edad residentes en la Avenida Olarizu «los principales perjudicadas por la coacción del Ayuntamiento».
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