El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha propuesto para la celadora del Hospital Txagorritxu, que acabó ingresada en la UCI por COVID-19, un recargo del 30% en las prestaciones económicas que le corresponden. Este recargo podría ser todavía superior, ya que CCOO está valorando reclamar el aumento de este recargo hasta el 50% en función de las secuelas que aún arrastra la trabajadora a día de hoy.

Su incapacidad temporal fue calificada inicialmente como contingencia común, es decir, ajena a su puesto de trabajo en las urgencias de Txagorritxu, que atendía ya en aquellos momentos la primera ola de COVID-19. Tuvo que ser posteriormente la Seguridad Social quien determinase que su incapacidad temporal estaba directamente vinculada con su trabajo y que se trataba por ello de una contingencia profesional.

Este recargo se fundamenta en que la Seguridad Social da por hecho el incumplimiento en materia de prevención en dos aspectos. Por un lado, por no haber proporcionado material de protección individual suficiente a la trabajadora, que según la evaluación de riesgos de su puesto, debía disponer de mascarilla quirúrgica, guantes, calzado antideslizante y bata impermeable. Por otro lado, se basa en el incumplimiento en materia de formación e información a la trabajadora, que no recibió formación teórica ni práctica suficiente sobre la prevención de riegos ante la COVID-19, ni siquiera adaptada a la información de la que se disponía en ese momento.

Según recoge el propio relato del Oficio dictado por la Seguridad Social, la trabajadora contactó con Salud Laboral de su hospital los días 2 y 4 de marzo de 2020, ya en plena primera ola, pero fue derivada a su médico de cabecera en ambas ocasiones, alegando que sus síntomas de fiebre, tos y dificultad respiratoria no tenían relación alguna con su trabajo en Urgencias. El 7 de marzo acudió finalmente al hospital resultando ingresada en la UCI durante tres semanas. Aun así, a día de hoy, todavía arrastra secuelas y continúa sin poder trabajar.