Comité de Empresa de Tubacex denuncia «avalancha de multas»
Han denunciado que en un nuevo intento de amedrentar a las clase trabajadora, esta vez mediante el castigo económico injustificado y desproporcionado, están criminalizando los conflictos laborales y la lucha obrera.
El Comité de empresa de Tubacex ha denunciado públicamente «la avalancha de multas» que se están notificando a trabajadores y al propio Comite de empresa de Tubacex, por la huelga indefinida del año pasado.
Se les aplica la Ley Mordaza, una legislación que, han recordado, «ya debería haber sido tumbada en el Congreso». Han criticado que a través del derecho administrativo pretenden obtener penas que no pueden obtenerse por vía judicial penal: «a unos les exigen penas de cárcel y a otros multas económicas desproporcionadas».
«En un nuevo intento de amedrentar a las clase trabajadora, esta vez mediante el castigo económico injustificado y desproporcionado», han sentenciado. Han calificado de «especialmente dolorosas» las multas provenientes del propio ayuntamiento de Llodio a trabajadores de Tubacex.
También han querido mostrar su apoyo a los trabajadores y las trabajadoras imputados en otros conflictos laborales. Actualmente existen en los juzgados varios procedimientos penales y administrativos abiertos contra trabajadores y trabajadoras de empresas como Tubacex, Petronor, PCB y Metal Bizkaia y Artiach, por su su participación en movilizaciones llevadas a cabo en el contexto de los conflictos laborales.
Contra la criminalización de la lucha obrera
EL Comité de Empresa de Tubacex ha subrayado que hacer huelga o participar en una manifestación «no puede ser delito». Han calificado estas acciones como «intentos de criminalización de la lucha obrera» y como una decisión política. Han recordado que ante conflictos laborales, el Gobierno Vasco ha «abandonado» a los y las trabajadoras, posicionándose al lado de las empresas y «poniendo a disposición de estas a la Ertzaintza para que la utilice como si de seguridad privada se tratase».
«Los casos de conflictos laborales se están tratando como actos contrarios al orden público. Las autoridades políticas del Gobierno Vasco han contribuido así a la criminalización de dichos conflictos; demostrando con esto que, para ellos, el derecho a manifestación o huelga son acciones a controlar, no unos derechos a proteger», han denunciado.
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