Ayer realizábamos una crónica sobre la primera jornada de esta semana clave en el juicio por el caso De Miguel. En esta ocasión, en una nueva colaboración con el periodista de investigación Ahoztar Zelaieta, analizamos la segunda sesión, centrada en los interrogatorios de la defensa a la principal testigo del caso, Ainhoa Alberdi, la empresaria que denunció y destapó la trama corrupta en diciembre de 2009.

La testigo clave, bajo presión

Los 26 imputados por el caso ‘De Miguel’ durante una de las sesiones del juicio

El listón de exigencia para la testigo está siendo muy alto, por no decir desproporcionado. Ayer, día 6 de marzo, se enfrentó al examen maratoniano de parte de una legión de abogados de los 26 imputados. La testigo también siente de cerca la presión mediática sobre el caso, como ella misma afirmó durante la sesión. Es consciente de la posibilidad de terminar siendo ella quien sea juzgada por la opinión pública, y que no se analice lo que dice, lo que está aportando.

Ayer mismo, el juez Jaime Tapia, hizo una mención a la figura de «testigo coraje». Pero lo importante del caso no es describir si fue el altruismo o un mecanismo de autodefensa lo que llevó a la testigo a denunciar “hechos delictivos”. Se trata de analizar si lo que afirma puede sustentarse en documentación objetivable, es decir, en información contrastable. De hecho, Ainhoa Alberdi ha acudido al juicio bien preparada y acompañada de ingente documentación, numerosas pruebas y muchas grabaciones.

Los interrogatorios formulados por los abogados de los imputados han centrado su atención en el currículum vitae de la empresaria y abogada -ahora testigo clave del caso-, en su situación tributaria, la facturación de sus empresas, su estado de salud… Tampoco faltaron las dianas sobre el fiscal, Josu Izagirre, y sobre el juez que instruyó el caso, Roberto Ramos.

Algunos abogados se aferran al testimonio de un ertzaina para invalidar las grabaciones. Resulta que la unidad policial que investigó el caso desmiente que hubiera errores en la cadena de custodia de las pruebas o manipulaciones sobre las mismas. Respecto a este asunto, cabe señalar que hay 20 ertzainas destinados a la Unidad de Delitos Económicos e Informáticos de la Ertzaintza. Solo en Araba, denuncian cinco delitos informáticos al día. Cabría añadir también que solo hay cinco jueces especializados en Delitos Económicos en la CAV y que no hay fiscales especializados en corrupción, ni fiscal delegado de Anti-Corrupción.

Durante los interrogatorios se pudo comprobar la actitud beligerante de algunos de los abogados. La mención a reuniones en despachos oficiales para hablar del pago de una comisión irritó a Gonzalo Susaeta, abogado del principal imputado, Alfredo De Miguel, hasta el punto que fue amonestado verbalmente por el juez por exceso de dramatización, al bromear sobre algunas declaraciones de la testigo, Ainhoa Alberdi. En la deriva final del interrogatorio trataban de contextualizar los hechos con la «complejidad de las operaciones», debates técnicos y versiones aritméticas. Y como colofón, uno de los abogados quiso deslizar una presunta relación de amistad entre el fiscal y la testigo.

«El balance final es para pensárselo»

Alberdi afirma que el balance general, después de interponer la denuncia hasta ahora, es «para pensárselo». Y aunque no le mueva el interés general, sí apunta que lo hizo «para no verse implicada». Durante la sesión, dejó claro que la petición de una “comisión” no es fruto de su percepción, sino que le conminaron «expresamente» a pagar una comisión ilícita. Y añade que para respaldar su afirmación aportó «documentos con emails oficiales y grabaciones en despachos». Se remite a la literalidad de lo aportado, rechazando la tesis de los abogados de que se trate de una interpretación sacada de contexto y manipulada.

Julián Sánchez Alegría, entonces máximo responsable de los parques tecnológicos vascos

Analizando el desarrollo del juicio, parece que la avaricia de los cargos del PNV rompió el saco negro con el que hacían la colecta. También se desprende de lo escuchado durante estos días que el PNV jugó al palo y la zanahoria con la empresaria, ahora testigo en la causa. Según sus propias palabras, la trama corrupta en torno al partido, habría secuestrado sus honorarios y bloqueado el abono de deudas pendientes para inducirla a pagar la comisión.

En un principio, la empresaria creyó encontrar al “poli bueno”, cuando contó lo sucedido a Julián Sánchez Alegría, entonces máximo responsable de los parques tecnológicos vascos, quien lejos de poner fin a la coacción, simplemente reprendió a los implicados por su «falta de discreción». Entonces comenzaron las largas, que acabaron con un silencio tenso antes de la tempestad. Ésta se desató cuando Alfredo De Miguel decidió llamar al padre de la empresaria para inducirle a presionarla, «para que pague» y «hacerle callar». No consiguieron disciplinarla y entonces comenzó a ser vetada en concursos públicos y “eliminada” de una adjudicación. Fue la gota que colmó el vaso y Alberdi decidió acudir a la vía judicial.

‘El conseguidor’ del PNV, como el caballo de Atila

La testigo del caso había avanzado el lunes, ante las preguntas del fiscal, que “temía” que la solicitud de pago de comisiones “no era un hecho aislado”. El martes, ante la batería de preguntas de las defensas, pudo añadir que “Construcciones Loizate pagaba comisiones”. De hecho, en una de las grabaciones que tratan de desacreditar las defensas, el constructor Jon Iñaki Echaburu alude a una comisión en Miñano como algo “dentro de lo normal”.

Echaburu pagó a una empresa de la trama dedicada a la cultura el 4% de los contratos recibidos en dos consistorios gobernados por el PNV en Araba. El pago se había justificado revestido del concepto de «asesoría». Algunas de esas cantidades coinciden con anotaciones en un cuaderno manuscrito, hallado por la Ertzaintza en el camarote de la vivienda de Koldo Ochandiano. Se trata de unos papeles en los que figuran textualmente las palabras “dinero negro”.

El constructor Jon Iñaki Echaburu, en la comisión de investigación del Parlamento.

El constructor Jon Iñaki Echaburu, denominado por algunos medios como “el conseguidor” del PNV, montó varias empresas para beneficiarse con adjudicaciones, a través de los cuales logró más de 100 contratos públicos y alrededor de 8,8 millones de euros. Más tarde, dejó algunas empresas en quiebra, quedando atrás despidos y acreedores:

• Grupo Loizate recibió 400 millones de pesetas en contratos adjudicados por Lakua entre 1995 y 1997. Entre 1998 y 2007 fueron cerca de siete millones de euros de Interior y cinco millones de ayuntamientos alaveses. Grupo Loizate ha dejado un agujero de más de un millón de euros a la entidad pública Bizkailur.
• Echaburu también dirigió Solinor SL: debe a la Hacienda de Bizkaia más de un millón de euros. Bizkaiko Bideak había adjudicado a Solinor una obra de más de 700.000 euros y había recibido de Lakua una ayuda de medio millón de pesetas. Operó con los ayuntamientos de Bilbao y Galdako. Está vinculada al grupo Ros Casares, pretendido por Alfredo De Miguel para operar en Costa del Sol y moroso de la Hacienda de Araba por valor de 32 millones de euros.
• En el consejo de Catramilla SL acompañaban a Echaburu las familias Guzmán y Lipperheide, ambas ligadas a los papeles de Panamá. También ejercía de consejero un empresario imputado por un asunto de corrupción en el municipio aragonés de La Muela.
• Diru Kapital SL: requerida por impuesto de sociedades y renta por la Hacienda de Bizkaia desde el 2010. Último intento en diciembre de 2016.
• Buetxa Servicios, MKT Imagencia, Socebasque y Burukiza: requeridas por las haciendas de Bizkaia y Araba por el impuesto sociedades y renta desde 2002.

La sombra del PNV volvió a estar presente en esta nueva sesión del juicio por el caso De Miguel. Y es que ayer volvió a salir a la palestra el nombre de Pablo Larrabide, des-imputado del proceso y responsable en Araba de Ipar Kutxa, donante de la Fundación Sabino Arana -vinculada al PNV- . También volvió a ser mencionado el bufete de abogados Uría-Menéndez, despacho que figura en un informe del Tribunal de Cuentas sobre contratos del caso Purines de Karrantza. Sin embargo, en esta ocasión, dichas implicaciones han sido citadas por algunos de los abogados de la defensa.

¿Quiénes son los abogados defensores?

Otro elemento a tener en cuenta durante el desarrollo del juicio es el equipo de abogados de los imputados. Entre algunos nombres, existe una estrecha relación con el PNV y algunos otros casos de corrupción:

• Gonzalo Susaeta, abogado de Alfredo De Miguel. Letrado de Cuatrecasas, en el que encontramos nombres como Javier Chalbaud -ex-socio de Xabier Arzalluz- o Joanes Labayen -casado con Bakartxo Tejería e hijo de Ramón Labayen, ex-alcalde de Donostia-. Cuatrecasas también asesoró en el caso Bidegi y trabaja entre otros para Kutxa, FCC, el puerto exterior de Pasaia…
• Javier Beramendi, abogado de Xabier Sánchez Robles. Asesoró en el caso Ybarra, la trama de la Hacienda de Bizkaia. Y ha participado como letrado en el caso Cabieces de Kutxabank o en el caso Hiriko. También asesoró a imputados por corrupción en Bakio o Alonsotegi.

¿Hasta dónde llega la corrupción en Araba?

Aún está por ver gran parte del desarrollo del juicio, y de las diferentes estrategias que llevarán a cabo las defensas, si bien durante las primeras sesiones del juicio ya han ido surgiendo las primeras fisuras, entre los 26 imputados. De momento, está previsto que el juicio por el caso De Miguel se prolongue hasta octubre, y durante ese tiempo, seguiremos informando puntualmente sobre ello.

Mientras tanto, Hala Bedi, la Asociación Contra la Corrupción ADI y el periodista de investigación Ahoztar Zelaieta, seguirán colaborando de manera permanente, para tratar de analizar en profundidad las entrañas de la corrupción en Araba. Una corrupción que hunde sus raíces más allá del caso De Miguel, y forma parte de un problema político de extrema gravedad, del cual no está exento el llamado ‘Oasis Vasco’.

En breve, durante las próximas semanas, Hala Bideo estrenará una serie sobre la corrupción en Araba, mediante una entrevista por bloques en la que ADI entrevista a Ahoztar Zelaieta; en esta serie se abordarán temas como las redes clientelares, la Hacienda alavesa o la corrupción en algunos partidos políticos.