Araba Bizirik, UAGA y concejos se han unido para hacer frente a una «ofensiva» que tiene por objeto industrializar «todo» el herrialde. «Todo el territorio se ha convertido en un recurso a disposición de inversores y empresas energéticas», aseveraron, incidiendo en que «las macrocentrales fotovoltaicas y eólicas proyectadas, la progresiva implantación de invernaderos industriales o el trazado del TAV están suponiendo un verdadero expolio». Para denunciarlo, han convocado una protesta el 23 de marzo, a las 13.00 horas, frente a la sede de Diputación, en Gasteiz.

«A los tradicionales problemas de abandono del espacio rural se le suma la intimidación de ser colonizado por infraestructuras industriales», señaló ayer Rebeka González de Alaiza, de Araba Bizirik, que compareció junto a Gorka Barredo, de UAGA, y a Arturo López de Sabando, del concejo de Margarita, un pequeño pueblo situado junto a Gasteiz que ha quedado cercado por el polígono de Jundiz, la autovía A-1 y el trazado ferroviario.

González de Alaiza defendió los espacios rurales y naturales, «amenazados» por la «avaricia y ansia de crecimiento» de grandes compañías. «Lo que se plantea desde el Gobierno vasco y desde la Diputación es dirigir estos espacios para ser utilizados como recursos de exploración industrial de empresas energéticas», afirmó. Sostuvo que el diputado general, Ramiro González «miente» cuando «promete apoyar una política de sostenimiento y apoyo en el entorno rural» y que «disimula su falta de compromiso con él y la dependencia de su política de los intereses de grandes empresas como Solaria».

Denunció que la diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, Amaia Barredo, «ningunea la autoridad y soberanía de las entidades locales al pretender poner a disposición de estas grandes empresas el patrimonio público local». Y cargó contra la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibili- dad y Medio Ambiente de Lakua, Arantxa Tapia, que, a su parecer, «muestra su más absoluto desprecio por el entorno rural y natural cuando afirma que hará todo para que se instalen tantas centrales eólicas y fotovoltaicas como crea oportuno». «Y todo con el relato de que es necesario hacerlo por el bien de todas, para combatir el cambio climático y propiciar la soberanía energética. Sin embargo, tiene como objetivo convertir nuestro territorio en una colonia energética a expensas de esquilmar Araba y de poner en riesgo la soberanía alimentaria», dijo.

MÁS DE 700 HECTÁREAS

Gorka Barredo, por su parte, denunció que entre todos los proyectos anunciados se pretende ocupar una superficie agrícola de más de 700 hectáreas con parques solares, superficie a la que habría que añadir la ya «comprometida por el trazado del TAV, además de los proyectos de parques eólicos en Montaña y Rioja Alavesa, como Azazeta, Laminoria y Labraza. Y hay constancia también de proyectos en Pagoeta y Agurain, y en otras zonas donde las empresas energéticas están explorando, como Mendoza-Foronda, Ocio o Berganzo».

«Es un constante goteo que supone añadir presión a las zonas agrarias. Las empresas de energías renovables no deben especular con la tierra agraria y acaparar el suelo sin siquiera presentar un proyecto concreto», añadió, y remarcó que el «incremento del precio de la tierra hace más difícil la viabilidad de las explotaciones existentes e imposible la instalación de nuevos agricultores».

«Nos enfrentamos a una destrucción masiva de empleos agrarios, y esta expansión de parques fotovoltaicos en tierras fértiles podría en futuro comprometer la capacidad de producir alimentos en nuestro territorio, afectando negativamente a las seguridad y soberanía alimentaria que, por otro lado, proclaman nuestras administraciones», subrayó, para reiterar que «estamos a favor de las energías renovables, pero no a cualquier precio ni de cualquier modo».

Al respecto, manifestó que «la defensa de la tierra agraria no implica oponerse a la energía solar, sino que abogamos por una implementación más sostenible. Se deben explorar alternativas como la instalación de sistemas solares en terrenos no agrícolas, techos de edificios o áreas industriales antes de recurrir a la conversión de tierras agrarias».