Argilan-ESK, Plataforma por los Derechos Sociales de Gasteiz, Ongi Etorri Errefuxiatuak y Elkartzen, con el apoyo de los alcaldes de Araia y Zalduondo, denuncia las presiones realizadas por Alokabide a posibles adjudicatarios de Agurain y Araia para aceptar sus propuestas, a pesar de las gestiones administrativas realizadas por esas personas para rechazar esas viviendas. Como consecuencia, Etxebide, excluye de sus listas a las personas que rechazan una vivienda, esto implica incumplir la normativa de Lanbide e incumplir los requisitos para poder percibir la RGI y la PCV.

Remarcan que en el plazo de tiempo desde la inscripción en Etxebide hasta la adjudicación de una vivienda  transcurren varios años, tiempo en el que muchos solicitantes consiguen una vivienda en buenas condiciones encontrándose asentados socialmente, con relaciones de vecindad y adaptados a los recursos de la zona. Insisten en que un cambio de alojamiento tras una adjudicación solo supondría prejuicios, desestabilizando y provocando en muchos casos un claro retroceso en el proceso de inclusión social. Es por ello que muchas personas optan por renunciar a la vivienda protegida con el riesgo de salir del listado de Etxebide.

Ante esta realidad, colectivos de Lautada, exigen que «se acepten los escritos de alegación que personas de la Llanada Alavesa han hecho llegar a Alokabide». Así mismo se comprometen a luchar porque el gobierno vasco cambie el actual reglamento de Etxebide/Alokabide haciéndolo más flexible.