Una concentración convocada por Kaleratzeak Stop Araba ha puesto cara al «drama» de la vivienda que en este caso sufre una familia de Gasteiz. Dicha familia, ante la imposibilidad de encontrar una vivienda de alquiler privada, acudió a los servicios sociales del Ayuntamiento en demanda de una alternativa habitacional, mientras Vitalquiler pedía judicialmente su desahucio ya que se negó a prorrogar el contrato a la familia. Laboral Kutxa, que durante cinco años les ha cobrado 1.500 euros por el aval, les ha demandado ante los juzgados reclamando sus 5.000 euros. 

Mawa, Mohamed y sus cuatro hijos firmaron por cinco años, en diciembre 2012, un contrato de alquiler social con Vitalquiler S.L. Les exigieron un aval de 5.000 euros que suscribió con Laboral Kutxa y firmaron un contrato con 569 euros de renta mensual, mas 75 euros de comunidad, 30 euros de IBI, y 25 euros del aval. Cinco años después, Vitalquiler se negó a prorrogar el contrato, argumentado que no podían renovar el aval. Mohamed estaba en paro, y los únicos ingresos los aportaba Mawa con un contrato parcial de limpiezas.

Ante la imposibilidad de encontrar una vivienda de alquiler privada, en septiembre 2017 acudieron a los servicios sociales del Ayuntamiento de Gasteiz en demanda de una alternativa habitacional, mientras Vitalquiler pedía judicialmente su desahucio. En abril de este año conseguían por fin que el Gobierno Vasco les asignara una vivienda social en alquiler.

Sus penalidades, sin embargo, no habían acabado. Vitalquiler les ha pasado una factura de 5.000 euros por retraso en la entrega de llaves y 850 euros más de costas judiciales y notariales. Laboral Kutxa que durante cinco años les ha cobrado 1.500 euros por el aval, les ha demandado ante los juzgados reclamando sus 5.000 euros.

La familia ha pedido «justicia gratuita»: están buscando abogados. Por otra parte, hay un escrito presentado en el Ayuntamiento y en el Gobierno Vasco, ya que Kaleratzeak Stop considera que son «corresponsables». Además, anuncian que hay una denuncia interpuesta contra Vitalquiler.

Cabe recordar que Vitalquiler es una empresa privada a la que el Gobierno Vasco dio facilidades para disponer de viviendas de protección oficial con el compromiso de que las alquilara durante 15 o 20 años. «No es aceptable socialmente que se hayan negado a prorrogar el contrato a esta familia vulnerable y que la hundan ahora en la miseria con una deuda injusta que no pueden pagar», ha afirmado Kaleratzeak Stop Araba.