22 de junio de 2016. El Parlamento Vasco expresaba aquel día el «compromiso de que no se aplique en Euskadi la Ley de Seguridad Ciudadana», conocida como Ley Mordaza, por ser una norma que «vulnera derechos fundamentales» y «convierte en delito el trabajo periodístico y la libertad de expresión». Una cantidad que multiplica nada menos que por diez las registradas en años precedentes.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Vasca aprobaba de esta manera una enmienda transaccional a una iniciativa original de EH Bildu que respaldaban también el PNV y el PSE, mientras que el PP votaba en contra. “Estando la mayoría política de este Parlamento en contra de esta ley, se adopta el compromiso de que no se aplique”, decía el texto acordado por los tres partido en la pasada legislatura.

A pesar de que en un principio se pudiera pensar que el debate se centraría en la libertad de expresión y el trabajo de las personas periodistas, el debate fue más allá. El parlamentario del PNV, Juan Carlos Ramírez Escudero, afirmó durante el debate parlamentario: “Lo que hemos hecho al firmar esta enmienda ha sido elevar un poco el tiro y en lugar de fijarnos solamente en los periodistas, pensar en el resto de la población que, evidentemente, también sufre las consecuencias de la ley”.

Era el año 2016 y el PNV defendía que la Ley Mordaza incluye unas multas «casi impagables» y “cercena todo tipo de libertades, de expresión, de comunicación, y de información, no solo a los periodistas sino también a toda la población”.

No importó la decisión parlamentaria. Dicha ley se ha seguido aplicando sim cesar también en Araba y también en plena pandemia.

Solo en Araba, en el año 2020, la Ley Mordaza se ha aplicado un total de 1.326 veces, según datos del propio Gobierno Vasco. Si desglosamos los datos, de esas 1.326, la mayor parte se la lleva el delito considerado «Desobediencia y resistencia a la autoridad», una cantidad que multiplica nada menos que por diez las registradas en años precedentes.

• Desobediencia, resistencia a la autoridad: 768 sanciones.
• Drogas: 422 sanciones.
• Falta de respeto o consideración: 78 sanciones.
• Desórdenes graves: 10 sanciones.
• Armas: 31 sanciones.
• Exhibición de objetos peligrosos: una sanción.
• Animales dañinos o abandonados: 3 sanciones.
• Registros documentales: 4 sanciones.

Los datos según el SIPCA

Según los datos registrados por el SIPCA (Sistema Integrado de Pagos y Cobros de la Administración) a los que tuvo acceso Hala Bedi, desde el 1 de julio de 2015 hasta el 10 de octubre de 2018 solo en Araba se recaudaron un total de 119.632,56 euros.

Desglosados año a año, este sería el resultado hasta el mismo 2018 ya que los datos de los últimos dos años no han sido facilitados:

• Desde el 1 de julio de 2015 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, se ingresaron un total de 7.777,52 euros.
• Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, se ingresaron un total de 24.204,62 euros.
• Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, se ingresaron un total de 50.608,67 euros.
• Desde el 1 de enero de 2018 hasta el 10 de octubre de ese mismo año, se ingresaron un total de 37.041,75 euros.

Se trata de unos ingresos por informes de infracciones procedentes de la Ertzaintza y Policías Locales en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, aunque en todos los expedientes que tramita el Departamento de Seguridad aproximadamente un 30% proceden de informes de las Policías Locales.