El Sindicato de Vivienda de Gasteiz ha dado a conocer que «son muchas las personas que han acudido al Sindicato de Vivienda en riesgo de ser desahuciadas; entre éstas 23 están en grave riesgo de ser expulsadas de sus viviendas en el mes de diciembre». Se trata de 5 familias que viven en alojamientos dotacionales de Alokabide en Portal de Arriaga y 16 inquilinos de un hostal privado situado en la calle Barrancal del Casco Viejo.

5 familias en casas de Alokabide

Han explicado que las 5 familias que viven en el bloque  de Portal de Arriaga habitan pisos «enanos» que son considerados «alojamientos dotacionales, es decir, no viviendas, sino equipamientos públicos no arrendables a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y destinados a familias con escasos recursos». Alokabide, responsable de la gestión de viviendas sociales del Gobierno Vasco, impide a los inquilinos renovar el uso estas viviendas una vez pasados cinco años, argumentando «no querer privatizar un recurso público al servicio de las necesidades de la sociedad».

Según el Sindicato de Vivienda, con esa justificación, «ahora pretende echar a 5 familias sin mediación y sin ninguna alternativa habitacional, mostrando claramente cómo el Estado burgués entiende de forma separada e irreconciliable las necesidades de la sociedad y las del proletariado».

16 personas que alquilan habitaciones en un hostal privado

Por otro lado, hay 16 personas que alquilan habitaciones en un hostal privado de la calle Barrancal del Casco Viejo, a las que se les exige abandonar su actual vivienda porque el Gobierno Vasco considera que «las instalaciones no cumplen con la normativa para ser un negocio de hospedaje legal».

Hasta el momento, el propietario del hospedaje arrienda las habitaciones con contratos que se renuevan mes a mes, en vez de en alquileres regulares, beneficiándose de la inestabilidad de los inquilinos, explica el Sindicato.

Ahora, el dueño, a petición del Gobierno Vasco, debe vaciar el establecimiento y «16 inquilinos que deben irse a la calle», sin disponer de garantías legales. Además, en caso de no conseguir una alternativa a tiempo y no abandonar las habitaciones el 1 de diciembre, el propietario podrá beneficiarse de las clausulas penales del contrato, y las personas alojadas acumularían «una deuda considerable».

El Sindicato de Vivienda exige soluciones

Ante esta situación, el Sindicato de Vivienda de Gasteiz ha exigido que se suspendan «inmediatamente» los desahucios de los alojamientos dotacionales de Alokabide, y que se abra un espacio de negociación entre dicha institución y el Sindicato de Vivienda, como representante de los intereses de las personas afectadas.

También han solicitado que el Ayuntamiento de Gasteiz garantice que las personas alojadas en el hostal privado puedan «permanecer en sus hogares sin miedo a las consecuencias penales o los cortes de suministros» con los que han sido amenazados. Han interpelado al dueño del hospedaje que «ha mantenido a docenas de familias bajo contratos de hospedaje extremadamente precarios, porque precisamente ese era su objetivo; que los inquilinos tuvieran el menor número de garantías posibles para enriquecerse aún más».

La moratoria de los desahucios

A pesar de la moratoria aprobada por el Gobierno español que retrasa temporalmente los desahucios, los casos de personas que están a punto de perder su hogar no dejan de llegar al Sindicato de Vivienda de Gasteiz, según han denunciado: «día a día vemos como se siguen ejecutando desahucios: porque son casos no contemplados por el decreto, porque no están recogidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos o porque los trámites burocráticos lo dificultan».

Han explicado que esta realidad demuestra que la función del llamado Escudo Social no es más que «ocultar la ofensiva burguesa contra las condiciones de vida de la clase trabajadora», ya que permite que los desahucios no se ejecuten en masa sino «poco a poco», evitando las «convulsiones sociales».

«Frente a la ofensiva burguesa, organización comunista»

Así las cosas, el Sindicato de Vivienda ha querido subrayar que los desahucios se hubieran ejecutado en silencio si no hubiera sido porque los inquilinos decidieron organizarse con el Sindicato.

Urge, explican, «movilizarse desde una posición de independencia de clase» como única forma de garantizar los intereses del proletariado, en el contexto de «empobrecimiento» y «ofensiva burguesa». Según la lectura del Sindicato, el Escudo Social y la serie de reformas apoyadas por «los partidos socialdemócratas» profundizan aún más en esta ofensiva burguesa: «han subido el sueldo a los policías que nos echarán de nuestras casas, han fomentado una ley contra la vivienda vacía, han mostrado su apoyo casi incondicional a la nueva Ley de Vivienda, etc.». Abogan por la movilización «al margen y contra estas políticas antiproletarias».