En febrero la organización Amnistía Internacional hacía público un informe que califica al estado de Israel como un régimen de apartheid. La publicación era el resultado de un arduo trabajo de investigación que se ponía en marcha en 2017 y en el que se ha recabado documentación que que pone en evidencia lo que otras muchas asociaciones palestinas e internacionales vienen denunciando desde hace años, que Israel comete sistemáticamente actos inhumanos contra la población palestina bajo ocupación en un contexto institucionalizado de opresión, lo que supone un crimen de apartheid. El informe de Amnistía Internacional no es el primero que llama la atención sobre este crimen sistemático contra los derechos humanos de las palestinas, pero sí que, por la trayectoria y la solvencia de la organización que lo suscribe, ha tenido una repercusión sin precedentes a los ojos de la opinión pública internacional.

Para hablar del contenido de este informe contamos en los micrófonos de Uhintifada con la colaboración de Sofia García, coordinadora en Euskadi de Amnistía Internacional. García nos explica cuales son los criterios técnicos y legales para considerar el crimen de apartheid y cómo el régimen de Israel cumple todos ellos, por lo que queda constatado que Israel es un estado de apartheid. Nos explica también cómo ha sido el proceso de elaboración del informe y porqué se ha dilatado tanto en el tiempo el proceso de documentación, en el que se ha analizado desde la legislación hasta las infraestructuras o los planes urbanísticos que segregan a la parte palestina de la población. Nos habla de las repercusiones simbólicas pero también políticas y legales del hecho de considerar a un estado como régimen de apartheid, y de cómo cada vez gobiernos de más estados y organismos internacionales están haciéndolo con Israel, lo que está redundando en desinversiones y consecuencias económicas. Denuncia que el regimen israelí ha intentado que no se publicara el informe, y una vez una vez publicado ha intentado deslegitimar a la organización.

Respecto a la participación de la empresa guipuzcoana CAF en la construcción de las infraestructuras del apartheid, denuncia que la compañía de Beasain se esté beneficiando adicionalmente de esta violación de los Derechos Humanos como su compañía asociada en Israel, Shapir, incluida en la lista negra de la ONU por lucrarse con la ocupación de Palestina; y le conmina a que se retire del proyecto.

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