El pasado 10 de junio la compañía ferroviaria CAF celebró como cada año en su sede de Beasain su Junta General de Accionistas y una vez más la asamblea de inversores de la compañía tuvo frente a sí la protesta del movimiento solidario con Palestina, que denunciaba el proyecto de tranvía de apartheid que la empresa guipuzcoana está construyendo entre las colonias ilegales en Jerusalén Este y el núcleo urbano. El contrato del proyecto para dotar de una infraestructura permanente a las colonias ilegalmente ocupadas en territorio palestino, fue adjudicado en 2019 por la administración israelí a la UTE formada por la propia CAF y la empresa israelí Shapir, incluida en la lista negra de NNUU de las compañías que se lucran con la ocupación de Palestina. En el interior del encuentro, por su parte, hubo varias voces críticas que interpelaron a la dirección de la compañía sobre su decisión estratégica de involucrarse en un crimen de guerra dentro de territorios internacionalmente reconocidos como ocupados, entre ellos miembros de la organización Amnistía Internacional y nuestro invitado de esta semana Santiago Gonzalez Vallejo. Gonzalez Vallejo es economista y miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, además de accionista de CAF, ya que hace cuatro años tomó la determinación de hacerse con el número suficiente de acciones de la compañía como para poder intervenir en la Junta anual de la empresa.

En su intervención ha puesto en valor la apuesta estratégica que ha realizado Amnistía Internacional por secundar la campaña internacional para que CAF se retire del tranvía de apartheid y nos ha explicado cuales fueron las preguntas que él mismo tuvo la oportunidad de plantear ante la dirección de la compañía: sobre la diligencia debida, es decir, si habían verificado que el proyecto se desarrolla dentro de los estándares del derecho internacional; sobre la veracidad de la información de las comunicaciones externas de CAF y sobre el resultado del informe elaborado por un consultor independiente sobre el impacto social del proyecto. En cuanto a la diligencia debida, denuncia que es un hecho constatado que las empresas socias de CAF en este proyecto se lucran con la colonización y la ocupación, y es por ello que están incluidas en la base de datos de NNUU. Sobre la veracidad de la información, explica que la compañía niega deliberadamente la evidencia al argumentar que el proyecto discurre únicamente por territorio de Jerusalén, porque las colonias de Jerusalén Este están internacionalmente consideradas como territorio ocupado. Respecto al informe encargado por CAF a requerimiento del Punto Nacional de Contacto, pone en duda la calidad de dicho informe porque omite ciertos elementos relevantes, como que las personas palestinas no pueden circular libremente y por tanto no pueden utilizar en igualdad de condiciones el tranvía. Por otro lado, explica un elemento importante, que en el momento de la adjudicación del contrato Shapir, el socio de CAF en Israel, ya estaba implicada en negocios en las colonias, algo que se podía comprobar con una simple búsqueda en Google.

Advierte que hay en marcha una campaña para que se actualice la base de datos de NNUU de compañías que se lucran con la ocupación, y que esa nueva actualización incluya a CAF, y que eso ya es un hecho lo suficientemente importante como para que, por ejemplo, fondos de inversión noruegos estén retirando su capital de CAF. Explica que públicamente han ofrecido su ayuda a CAF en un hipotético arbitraje internacional en el caso de que tuviera que pagar una indemnización por retirarse unilateralmente del contrato. Considera que la dirección de CAF no es todavía consciente del impacto que puede llegar a tener que organizaciones de todo el mundo estén promoviendo campañas de boicot contra su proyecto en Jerusalén, y que esto va a ir a más. Sentencia, finalmente, que nosotros tenemos la justicia de nuestro lado, aunque funcione de manera lenta. Ellos actúan sólo por el lucro.

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