El próximo 10 de junio la compañía ferroviaria CAF celebrará como cada año en su sede de Beasain su Junta General de Accionistas. Cabría esperar que el encuentro fuera el foro en el que la dirección diera cuenta a sus accionistas e inversores de los proyectos en que están envueltos a nivel internacional, entre ellos la línea de tranvía que, contraviniendo la legalidad internacional, la empresa guipuzcoana está construyendo a través de territorio bajo ocupación entre las colonias de Jerusalén Este y el casco urbano de la capital jerosimilitana, pero es más que previsible que, una vez más, eviten cualquier mención al elefante que tienen en el pasillo de casa. El contrato del proyecto para, en contra del derecho internacional, dotar de una infraestructura permanente a las colonias ilegalmente ocupadas en territorio palestino, fue adjudicado en 2019 por la administración israelí a la UTE formada por la propia CAF y la empresa israelí Shapir, incluida en la lista negra de NNUU de las compañías que se lucran con la ocupación de Palestina. La participación en este polémico proyecto del que se habían retirado todas empresas internacionales que inicialmente concurrieron a la licitación, habrá reportado a buen seguro a los directivos de la empresa de Beasain unos pingües beneficios a corto plazo, pero sin duda supondrá a largo plazo un daño para la imagen corporativa de la empresa que ya ha comenzado a ver comprometida su participación en otros proyectos a nivel internacional. Para hablar de este tema invitamos a los micrófonos de Uhintifada a Santiago Gonzalez Vallejo, economista y miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Gonzalez se ha convertido además en accionista de la compañía CAF, una medida que hubo de tomar para poder intervenir en la Junta de Accionistas, un derecho que no se le ha permitido ejercer durante los últimos años.

En su intervención nos pone al corriente de en qué punto se encuentra el proyecto de construcción de la linea de tranvía en Jerusalén y de la sintonía de la compañía con la administración del régimen sionista. Advierte también de las consecuencias de las prácticas poco éticas de CAF a nivel internacional. En ese sentido, denuncia que CAF ha desoído todas las recomendaciones del Punto Nacional de Contacto, un organismo adscrito al Ministerio de Industria español, y ha mentido en los informes de información no financiera que se le han solicitado, al declarar, por ejemplo, que el proyecto se desarrolla en Israel, cuando el trazado transcurre claramente por territorios reconocidos internacionalmente como ocupados. Explica, además, que el desarrollo de este proyecto conlleva la expulsión forzosa de la población palestina, lo que está prohibido por la convención de Ginebra, y ha sido denunciado incluso por organizaciones como Amnistía Internacional. Ha destacado el caso de Noruega, donde CAF puede ver comprometidos futuros contratos, después de que el Ayuntamiento de Oslo se haya comprometido a excluir de concursos públicos a las empresas involucradas en las colonias israelíes. Explica que en el último Congreso de Sindicatos Europeos se ha aprobado un documento donde se reclama la prohibición del comercio con las colonias, y que tendrá repercusiones futuras para CAF. Hace un llamado a que el tema de la participación de CAF en el tranvía de apartheid esté presente en la próxima junta del día 10 de junio y a que acuda el mayor número de gente a las protestas convocadas para ese mismo día en Beasain.

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